¿Qué empresas estatales deberán reacomodarse para que Uruguay entre al Acuerdo Transpacífico?
Ámbito | 4 de enero de 2023
¿Qué empresas estatales deberán reacomodarse para que Uruguay entre al Acuerdo Transpacífico?
En el caso de que Uruguay entre al Acuerdo Transpacífico (CPTPP, por sus siglas en inglés), el texto especifica que tendrá que adaptar la normativa a nivel nacional sobre las empresas estatales para poder coincidir con las estrictas cláusulas que propone el tratado, donde se pone especial atención a las trabas que estas empresas significan para el libre comercio.
El gobierno de Uruguay formalizó, a principios de diciembre, sus intenciones de ingresar al Acuerdo Amplio y Progresista de Asociación Transpacífico (CPTPP) o Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica, con la presentación del documento por parte del canciller Francisco Bustillo al ministro de Comercio y Crecimiento de las Exportaciones y responsable de Industrias Primarias de Nueva Zelanda, Damien O’Connor.
Tras la entrega del documento formal, Bustillo conversó con O’Connor sobre el procedimiento que deberá seguir el país para que la solicitud sea considerada, algo que implicará cambios legales internos para Uruguay, así como un largo tiempo de espera.
¿Qué empresas se ven comprometidas?
Dentro de esos cambios legales, se encuentran afectadas las empresas de propiedad del Estado. Según el preámbulo del acuerdo, estas empresas pueden jugar un rol fundamental en la economía de un país y es por eso que creen importante que no se le den “ventajas injustas” ya que afectan al libre comercio y a las inversiones.
El texto especifica que los recursos que se logran en esas actividades monopólicas no pueden ser utilizadas para la actividad económica de esas empresas. Es por eso que el acuerdo advierte que se deberán realizar cambios en la normativa a nivel nacional, lo que requerirá un debate correspondiente en el gobierno.
El acuerdo regula en especial a las empresas de telecomunicaciones, en el caso uruguayo sería Antel, relacionados al monopolio de la telefonía fija, la fijación de tarifas y la disposición sobre la flexibilidad en las elecciones de nuevas tecnologías.
Las empresas que se encuentran dentro de esta categoría son la Administración Nacional de Telecomunicaciones (Antel), el Banco de la República Oriental del Uruguay (BROU), la Administración Nacional de Usinas y Transmisiones Eléctricas del Estado (UTE), el Banco Hipotecario del Uruguay (BHU), la Administración Nacional de Combustibles, Alcoholes y Portland (Ancap) y el Banco de Seguros del Estado (BSE).
Sin embargo, un informe presentado en conjunto entre la Universidad de Republica, la Universidad Católica del Uruguay y la Universidad de Montevideo establece que Uruguay no se enfrentaría a grandes dificultades sino que tendrá que asumir cambios a nivel normativo, y que modificarán la realidad de la economía uruguaya, para adecuarse a las demandas estrictas del acuerdo.
