Siete temas complican el cierre del TLC con E.U.
Más larga y difícil de lo que se pensaba inicialmente ha resultado la negociación del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos.
Inicialmente se tenía previsto que 7 ú 8 rondas serían suficientes para definir los temas de interés comercial.
Sin embargo, una combinación de empantanamiento en los asuntos ‘hipersensibles’ con la falta de solución de temas puntuales en mesas que no parecían inicialmente complicadas, han terminado por aplazar el cierre del proceso.
El ministro de Comercio, Jorge Humberto Botero, no se compromete con fechas específicas para definir la negociación.
Sin embargo, es consciente que mayores demoras en el cierre podrían complicar su aprobación en el Congreso, en un año 2006 marcado por los procesos electorales tanto en Colombia como en Estados Unidos.
Botero confía, sin embargo, en que la premisa que ha guiado la negociación, de avanzar ‘sin prisa pero sin pausa’ dé sus frutos en el menor tiempo posible.
Por eso no se confía de los avances en el plano técnico, es decir a nivel de los negociadores, y considera que el refuerzo en el plano político permitirá al Gobierno alcanzar su objetivo de cerrar un buen paquete.
Las conversaciones técnicas y políticas se reanudarán la tercera semana de enero, pues durante la segunda Estados Unidos planea lograr el cierre de negociaciones con Panamá.
De un cierre en enero dependerá que el país pueda tener un acuerdo comercial en el 2006, para entrar en vigencia a comienzos del 2007. Si pasa de esta fecha la firma del tratado podría quedar para el siguiente año.
Estos son los principales escollos de la negociación
1. Agricultura. Luego de 19 meses y 13 rondas de negociación, es un tema que está como al comienzo: sin definiciones.
Este capítulo contendrá la desgravación arancelaria para los productos agrícolas, los aranceles base de la negociación y las denominadas medidas de protección en frontera, que incluyen entre otros contingentes, salvaguardias y mecanismos de subasta para absorber cosechas. Pero hasta el momento en ninguno de estos temas ha habido acuerdo, sólo unos muy tímidos acercamientos que no permiten tomar decisiones.
Esta mesa no ha sesionado en todas las rondas precisamente por las grandes sensibilidades que existen en Colombia y en Estados Unidos. Sólo hasta la sexta ronda de negociaciones que se cumplió en Tucson a finales de 2004 se comenzó a definir la negociación agropecuaria y se hicieron las primeras propuestas.
Sin embargo, éstas han ido y venido sin ningún tipo de avances, según algunos negociadores porque las partes insisten en posiciones ‘maximalistas’. Estados Unidos ha ofrecido poco y exigido mucho a lo largo del proceso, pero al parecer algunas de las propuestas colombianas se caracterizan por esta misma práctica.
Aunque algunos gremios agrícolas insisten en la necesidad de mantener las franjas de precios y adoptar salvaguardias agropecuarias permanentes, estas aspiraciones han sido consideradas incumplibles por algunos miembros del Gobierno.
La razón básica es que Estados Unidos considera que las franjas de precio contravienen la legislación que en materia de libre comercio ha consagrado la Organización Mundial del Comercio, mientras que en el caso de las salvaguardias permanentes, éstas nunca han estado en los acuerdos firmados por Estados Unidos (por lo menos en forma ofensiva, porque sí tiene una salvaguardia permanente en carne de cerdo que lo defiende con Australia).
Sólo en la última ronda, que se cumplió a finales de noviembre en Washington, comenzaron a verse algunos acercamientos, que según los representantes del agro todavía no son suficientes.
Estos se han concretado en lácteos -donde la oferta en volumen es muy parecida a las peticiones- y en cárnicos -la insistencia de los ganaderos está en el tema fitosanitario-. Mientras tanto, Colombia ha ofrecido desgravación inmediata en trigo, algodón y cebada, a cambio de mejores ofertas en los productos que son de su interés.
Sin embargo, las aspiraciones de Colombia no se han concretado en el plano ofensivo ni defensivo. En el defensivo están productos como el arroz, maíz y trozos de pollo.
En maíz la propuesta colombiana plantea permitir la importación de un contingente inicial de 500.000 toneladas, con aumento anual del 2 por ciento. Estados Unidos ha solicitado en cambio un contingente de 2.000.000 de toneladas con aumento anual de 7 por ciento.
Colombia produce cerca de 1.000.000 de toneladas e importa las dos restantes, por eso entregarle este cupo a Estados Unidos resulta muy peligroso, en buena medida porque se dejaría por fuera el abastecimiento de otros países, particularmente los de Mercosur. Los productores de maíz han señalado que otorgar cupos altos a Estados Unidos podría acabar con este cultivo e incluso le han pedido al Gobierno que suspenda indefinidamente la negociación.
El arroz es otro caso particular porque Colombia produce 2,7 millones de toneladas y es autosuficiente, pero Estados Unidos tiene una producción superavitaria que busca colocar por fuera. La propuesta de Colombia es permitir el ingreso de 30.000 toneladas por año, considerada excesivamente baja por E.U.
En trozos de pollo la pelea es de marca mayor. Mientras Colombia ha logrado consolidar una industria avícola competitiva, Estados Unidos tiene una situación similar aunque en su caso la eficiencia se logra por la vía de ayudas internas.
A esto se suma que el patrón de consumo en E.U. se concentra en pechuga y alas, mientras que las piernas, perniles y rabadillas son el ‘excedente’ que los productores pueden colocar a precios de rescate. Esta distorsión del consumo ha merecido que los productores avícolas pidan protección especial para que los contingentes de Estados Unidos sólo alcancen las 1.000 toneladas al año -y sean básicamente para el consumo en las fuerzas militares.
En la parte ofensiva, hasta el momento las peticiones colombianas han tenido una respuesta pírrica por parte de los negociadores americanos.
Estas solicitudes se concentran en frutas, hortalizas, etanol y tabaco. Mientras en frutas y hortalizas E.U. no ha hecho ofertas de desgravación importantes (todavía ofrece plazos de 5 y 10 años para rebajar los aranceles) en etanol no ha dado respuesta y en tabaco y cigarrillos explicó que es un producto en el que tiene alta sensibilidad y sólo podría ofrecer 1.000 toneladas por año frente a las 25.000 solicitadas por Colombia.
2. Asuntos sanitarios y fitosanitarios. En 1991 el Gobierno de Estados Unidos otorgó la Ley de preferencias arancelarias andinas, Atpa por sus siglas en inglés, a los países que colaboraban en la lucha antidrogas.
Esta iniciativa buscaba compensar por la vía de un mayor flujo comercial, el apoyo de Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia al combate contra el narcotráfico.
Desde el comienzo esta ley contemplabla alrededor de 5.600 partidas arancelarias correspondientes a distintos sectores. Sin embargo, no todos los pudieron aprovechar a cabalidad, particularmente el sector agropecuario, que se encontró sin aranceles en muchos productos, pero con otro tipo de trabas.
Aunque muchas frutas y hortalizas no tenían aranceles para llegar a Estados Unidos, debían cumplir una serie muy extensa de requisitos sanitarios y fitosanitarios que hicieron imposible que en la práctica se pudieran aprovechar los beneficios arancelarios.
Esta experiencia de Atpa -y posteriormente de Atpdea, la ley que amplió los beneficios hasta diciembre de 2006- llevó a los empresarios del sector agropecuario a encender las alarmas cuando se habló por primera vez de una negociación de libre comercio con Estados Unidos.
En las reuniones preparatorias los empresarios plantearon entonces que el tema sanitario y fitosanitario debía ser una prioridad si el país quería obtener acceso real al mercado de Estados Unidos, pues no basta con aranceles en cero o muy bajos, si otras barreras normativas no dejan pasar los productos.
Enterados de este clamor los negociadores diseñaron conjuntamente con el sector privado una estrategia para plantear las principales peticiones en esta mesa: crear un grupo de trabajo encargado de analizar los problemas puntuales que se lleguen a presentar durante la vigencia del acuerdo; lograr que Estados Unidos acepte las evaluaciones de riesgo que elaboren los organismos especializados en la materia y contar con un sistema de información sobre este tipo de procedimientos.
Después de trece rondas, las negociaciones en esta mesa siguen estancadas. Aunque en una reunión anterior los negociadores estadounidenses habían aceptado estos tres puntos solicitados por Colombia -y que cuentan con el apoyo de Ecuador- en una reunión previa a la última ronda que se cumplió a finales de noviembre se ‘echaron para atrás’ y volvieron a plantear sus inquietudes, tratando de borrar de un plumazo lo avanzado. Para algunos empresarios, esto puede interpretarse como la intención de E.U. de mantener este tema ‘rehén’ de los resultados que se obtengan en la mesa agrícola.
3. Propiedad intelectual en medicamentos. Un largo debate se ha surtido en el sector farmacéutico colombiano desde la preparación de las negociaciones con E.U.
El tema central, en este caso, divide a quienes consideran que la prioridad de la negociació debe ser garantizar el acceso de la población a medicamentos de calidad y a precios módicos, frente a quienes consideran que debe haber una justa protección a las inversiones que han hecho los laboratorios farmacéuticos internacionales para desarrollar las nuevas medicinas. Lograr el ‘justo medio’ entre estas aspíraciones ha sido uno de los temas de mayor sensibilidad en la negociación.
El Gobierno colombiano ha dicho que en este tema el margen de negociación es muy estrecho porque existen unas ‘líneas rojas’ que se comprometió a cumplir y que no sobrepasará para salvaguardar el derecho a la salud. Sin embargo, las presiones que ha recibido a lo largo del proceso son muchas.
Los laboratorios farmacéuticos internacionales han hecho un fuerte lobby con sus casas matrices en E.U: para los negociadores de este país que exijan mayores niveles de protección en temas como patentes y datos de prueba (información reservada que presentan ante el Invima para obtener el registro sanitario que les permite comercializar un medicamento). Esto ha hecho que para los negociadores de E.U. el tema de medicamentos sea un ‘punto de honor’ sobre el que no están dispuestos a ceder.
En estos momentos la negociación está en un punto difícil pues, aunque se sabe que ya Colombia ha ofrecido mantener la actual legislación en datos de prueba, que protege por 5 años la información. Sin embargo, la exigencia de E.U. es ampliar este plazo a 10 años para los agroquímicos.
A esto se suma la incertidumbre por el reciente fallo del Tribunal Andino de Justicia, que declaró ilegal el decreto 2085 que en Colombia establece los plazos de protección para los datos de prueba. Aunque el Gobierno ha insistido en afirmar que esto no afectará para nada la negociación, a nivel andino se podría esperar una fuerte reacción de quienes buscan defender el cumplimiento de las normas subregionales.
En cuanto a las patentes, Estados Unidos ha insistido en que tiene interés en los segundos usos, plantas, animales y procedimientos quirúrgicos. En cuanto a segundos usos, la legislación andina es taxativa en prohibirlas. Las de animales y procedimientos quirúrgicos también podrían quedar por fuera de la negociación pero al parecer las de material vegetal sería una exigencia de Estados Unidos en la cual no acepta un no por respuesta.
En el caso de la negociación con Perú, este país accedió a hacer ‘sus mejores esfuerzos’ para lograr que el legislativo apruebe las respectivas normas que faciliten el patentamiento de material vegetal.
4. Textiles. Desde que se lanzaron las negociaciones con Estados Unidos en noviembre de 2003, que se concretarían con una primera ronda el 18 de mayo de 2004, el sector textil-confección se ha percibido como ‘ganador’ del proceso.
No era para menos: E.U. importa más del 90 por ciento de las prendas que se venden en su territorio y Colombia ha sido un proveedor constante, que se ha beneficiado de las preferencias arancelarias otorgadas a través del Atpa en la década de los 90 y más recientemente del Atpdea.
Sin embargo, luego de 13 rondas lo que se ha conseguido no hace ver a este sector ganador, en palabras de los propios confeccionistas. Aunque ya están definidos la mayoría de los temas relacionados con acceso a mercados y origen, en este último tema el acuerdo está enredado. Mientras Estados Unidos les dio ventajas a los países centraomericanos para que adquirieran ciertas materias primas de terceros países sin perder los beneficios arancelarios, a Colombia le está negando concesiones similares.
Los negociadores colombianos han pedido flexibilidades en productos como el denim, algunos tipos de nylon y los elastómeros -tipo lycra- pues son materias primas que se requieren para buena parte de los principales productos que se venden a Estados Unidos: pantalones, medias, vestidos de baño y ropa interior, entre otros.
Así mismo, se busca que en la producción de estas prendas se permita la acumulación con países que tengan firmados tratados comerciales con E.U. -particularmente México y Canadá. Algunas de estas flexbilidades están incluso contempladas en la ley de preferencias Atpdea.
5. Telecomunicaciones. Aunque el grueso de esta mesa ya se negoció, quedan pendientes dos temas: el de las obligaciones que asumirá la telefonía celular y las ventajas para los prestadores de la telefonía rural.
En el caso de los celulares, las empresas colombianas de telefonía fija han señalado que deben cumplir con las obligaciones de prestador dominante, pues actualmente tienen más del 50 por ciento del mercado nacional. Sin embargo ,hasta el momento ninguno de los tratados que ha firmado E.U. ha incluido este tema.
Hasta el momento sólo se ha logrado que los negociadores estadounidenses acepten una salvaguardia de competencia, pero no han aceptado cumplir obligaciones relacionadas con la reventa de minutos.
El otro asunto gordo que está sin definir tiene que ver con la definición de telefonía rural. La propuesta inicial de Colombia es que bajo esta consideración estuvieran los municipios con menos de 50.000 habitantes. Ante la inflexibilidad de Estados Unidos ya los negociadores colombianos han bajado su aspiración a municipios de 10.000 líneas, aunque se estima que el cierre podría estar en una definición con 7.000 líneas.
6. Inversión. Es uno de los temás más largos y complejos de la negociación. En estos momentos está empantanado por tres asuntos: la deuda pública, la expropiación y la excepción de orden público.
El primer asunto tiene que ver con la pretensión de E.U. para que el Gobierno responda por las deudas contraídas por entidades del orden regional, el segundo con el temor que existe por la norma contemplada en la Constitución y que permite la expropiación en algunos casos mientras que el tercer tema está relacionado con la diferencia en el enfoque que existe en cada país. Mientras Colombia acepta la figura de orden público, en E.U. ésta se rige por el principio de seguridad nacional.
7. Remanufacturados y usados. Este asunto hace parte del capítulo de Acceso a mercados, que ya está prácticamente listo, pues incluye además el programa de desgravación arancelaria para bienes industriales.
Sin embargo, el tema neurálgico que no ha sido resuelto hasta el momento tiene que ver con el tratamiento que tendrán los bienes usados -en los que tiene alto interés Estados Unidos.
Para algunos empresarios, aunque se hable de ‘remanufacturados’ éstos son básicamente productos usados.
Esto ha motivado todo tipo de controversias, pues se teme que por efectos del tratado ingresen al país ropa o zapatos usados, con el argumento de que estos acuerdos deben vincular ‘todo tipo de bienes’.
La pelea que hasta el momento han dado los emprearios ha permitido que en principio se tenga claro que ni la ropa ni el calzado usado puede llegar al país. La consideración básica es que estos productos no son fabricados en Estados Unidos y su solo uso no les confiere origen.
En materia industrial, la batalla comenzó con la presentación de una lista de 1.400 productos en los que Colombia tenía sensibilidades, que terminó en apenas 69 bienes que no tendrían competencia de remanufacturados, y una definición suficientemente completa como para evitar distorsiones en el mercado, a cambio de que los usados se mantengan bajo el régimen de licencia previa que existe en Colombia.
