TLC Andino: renuncian los negociadores de propiedad intelectual
La negociación del TLC entró en una grave crisis pues la renuncia de tres
negociadores del equipo de propiedad intelectual destapó que el gobierno
está dispuesto a aceptar todos los condicionamientos norteamericanos en
esta materia, que estaba dispuesto a hacerlo a escondidas y en la última
ronda y que todas las promesas sobre mantener unas líneas rojas, defender
la salud pública y facilitar el acceso de la población a medicamentos
genéricos no fueron más que un engaño a la población.
En más de una oportunidad señalamos que Estados Unidos no aceptaría firmar
nada que le significara un retroceso con respecto a lo negociado en el
Cafta o en el TLC con Chile y que, por el contrario, trataría de obtener
nuevas concesiones de los andinos. El ministro Botero y Hernando José
Gómez se rasgaron las vestiduras y en forma tajante negaron esto y
aseguraron que la habilidad de los negociadores colombianos, la firmeza
del presidente y la necesidad de preservar el bien común les impedían
ceder en esta materia.
Desde el primer día fueron claras las pretensiones norteamericanas y
también fue explícita su afirmación de que sin un capítulo sobre propiedad
intelectual redactado en sus términos no habría tratado.
En un ejercicio inútil los andinos intentaron concertar sus posiciones. La
propuesta inicial de Colombia en la mesa de negociaciones era bastante
insatisfactoria pues aceptaba el alargamiento del plazo de duración de las
patentes en compensación por demoras injustificadas en el trámite de las
mismas, una disminución de la duración de exclusividad que otorgaba el
Decreto 2085 para el uso de los datos de prueba presentados para la
aprobación de una patente (pasaría de 5 a 3 años) y la garantía de
publicación por parte del INVIMA de las solicitudes de registro. Esta
propuesta implicaba importantes concesiones y a cambio de ellas el equipo
colombiano proponía que EEUU aceptara incluir el tema de la biodiversidad,
el respeto a los conocimientos tradicionales y lucha contra la
biopiratería.
Todo esto fue echado para atrás y Estados Unidos reiteró su deseo de
ampliar el espectro de patentabilidad incluyendo seres vivos,
procedimientos terapéuticos y quirúrgicos, alargar el periodo de las
patentes y demás asuntos que fueron planteados desde el primer día.
Durante la ronda, el negociador colombiano Hernando José Gómez señaló que
desde la visita del presidente Toledo a Colombia estaba claro que llegó el
momento de las decisiones políticas y al final de la ronda Botero
reconoció que no se pudo avanzar en propiedad intelectual por la
intransigencia de Estados Unidos. Gómez planteó que el cierre de la mesa
de propiedad intelectual sería por decisiones políticas y con ello eliminó
el papel de los negociadores.
Los que renunciaron alertan sobre el ambiente y curso que están tomando
las negociaciones y dicen que se va a firmar algo similar al Cafta o al
TLC entre Estados Unidos y Chile y que esto será perjudicial para el país.
Los gringos reabrieron todos los temas, partiendo desde cero y no
respondieron ninguna de las propuestas hechas por los andinos. En su carta
los negociadores salientes proponen que quienes tomen las decisiones
corran con su costo y no lo camuflen como decisiones técnicas. En lo más
duro de las reuniones, cuando los negociadores colombianos amenazaban con
levantarse de la mesa, Hernando José Gómez declaró que Mullister, el jefe
estadounidense de la mesa, había causado una "buena impresión" y que ha
demostrado interés en "avanzar en la negociación".
El primer día de la ronda, Germán Velásquez asesor del ministerio de
protección social, prendió las alarmas al señalar que "no se puede correr
el riesgo de que la negociación final consista en desmejorar el acceso a
la salud de los colombianos a cambio de lograr el acceso de unos pocos
productos al mercado norteamericano".
Alberto Bravo, presidente de Asinfar, declaró que las definiciones en
materia de solución de controversias permiten que medidas como el control
de precios sean demandadas por las multinacionales, alegando que no
obtendrían las ganancias esperadas.
El Ministro de Protección declaró que respaldaba a sus negociadores,
aunque consideró que no fue prudente hacer pública la renuncia y dijo que
las posiciones que llevaron fueron concertadas.
La crisis no ha culminado pero el presidente Uribe, quien tomará las
decisiones finales, ya ha anunciado que hará cualquier cosa con tal de
satisfacer los apetitos de quienes financian su política de seguridad
democrática (Estados Unidos) y seguramente serán decisiones lesivas para
el interés nacional.
Pero el daño está hecho. La actitud norteamericana fue avalada por el
negociador colombiano, él mismo anuló la capacidad negociadora de su
equipo y aceptó hacer borrón y cuenta nueva. Eliminó toda posibilidad de
controversia y aceptó que las decisiones políticas que se van a tomar el
último día se limitarán a decir sí a los estadounidenses.
Los negociadores colombianos de salud no podían actuar de otra manera si
querían preservar el interés público. Los demás negociadores deben tomar
atenta nota de esta conducta y examinar seriamente su renuncia. Destruida
la farsa de la negociación, queda al desnudo la decisión gubernamental
que, en contra de detallados estudios que consideran inconveniente la
firma de los textos americanos, va a lesionar gravemente la salud pública
y la industria nacional.
Lo que corresponde ahora es sacar el debate de los pasillos y llevarlo al
movimiento social. Los trabajadores y trabajadoras de la salud, las
facultades de ciencias de la salud, los sindicatos del sector, los
pacientes (que somos todos los colombianos), debemos emprender la más
amplia campaña para denunciar esta entrega.
