TTIP: Un tratado a la medida de las grandes corporaciones
TTIP: Un tratado a la medida de las grandes corporaciones
Por Tom Kucharz, miembro de Ecologistas en Acción; Twitter: @tomkucharz | Periódico CNT
Este texto quiere ayudar a desvelar las negociaciones secretas entre la UE y EEUU para el Tratado Transatlántico de Comercio e Inversiones (TTIP), una nueva vuelta de tuerca del capitalismo globalizado que profundiza en el ataque a nuestros derechos donde los servicios públicos y los derechos laborales son algunos de los objetivos a liquidar.
Crece la oposición de organizaciones campesinas, sociales y ecologistas así como sindicatos de varios países europeos y de EEUU a un peligroso tratado que generaría más desempleo y supondría un ataque sin precedentes a los derechos sociales y la democracia, privatizando aún más los servicios públicos, como la salud y el agua. Además, las negociaciones tienen como objetivo bajar los salarios y eliminar los niveles de protección todavía existentes en amplias áreas, como en la salud pública, el medioambiente, los derechos laborales y la seguridad de los alimentos.
El Tratado Transatlántico de Comercio e Inversiones entre la Unión Europea y los Estados Unidos (TTIP, por sus siglas en inglés) es un ambicioso ajuste legislativo que se está negociando actualmente entre la Comisión Europea (en nombre de los Estados miembros de la Unión Europea) y el Gobierno de los Estados Unidos. Las normas que están preparando afectarían a muchos aspectos de nuestra vida cotidiana. Modificarían y condicionarían negativamente un gran porcentaje de leyes europeas, nacionales e –incluso- locales, avasallando los –ya de por sí muy maltratados- derechos humanos universales. Dicho tratado no tendría un carácter realmente comercial, dado que los aranceles entre la UE y los EEUU ya son generalmente muy bajos (menos del 5%), sino que tiene que ver sobre todo con la desregulación, la “protección” de la inversión y fortalecer la impunidad de las empresas con la que violan los derechos de las personas. Los poderes políticos y económicos hegemónicos pretenden eliminar “obstáculos burocráticos innecesarios” para facilitar el acceso a los mercados a las grandes corporaciones de ambas orillas del Atlántico y para ayudar al gran capital a incrementar sus beneficios económicos. Se trataría de adaptar los estándares laborales, ambientales y de salud para las personas a las necesidades corporativas.
La evidencia que se desprende de las posiciones de la industria, las patronales y el capital financiero en sus documentos internos o en sus declaraciones a los medios de comunicación revela que el énfasis puesto en las “barreras no arancelarias” y la “convergencia de las regulaciones” se está utilizando para promover la eliminación de derechos sociales, laborales y ambientales, aumentar las garantías de la inversión, aplicar unos derechos de propiedad intelectual que favorecen los monopolios, y –en general- un feroz ataque a las clases bajas de la sociedad. El análisis de los movimientos sociales sobre las negociaciones del tratado transatlántico sugiere que el TTIP constituye una amenaza para muchos de los derechos adquiridos mediante largas luchas sociales y democráticas, y que todavía no han sido arrasados por el golpe de estado financiero, las políticas de recortes del PP y PSOE y de la troika (Comisión Europea, Banco Central Europeo, Fondo Monetario Internacional).
Las negociaciones están teniendo lugar a puerta cerrada, a espaldas de las mayorías sociales de la población. Ni los parlamentos nacionales o el Parlamento Europeo, ni siquiera los gobiernos de los Estados miembros de la UE (como hemos sabido a raíz de las recientes quejas de los gobiernos de Alemania y el Reino Unido) están informados de los detalles de los textos de negociación de la Comisión Europea – pero los escasos datos que se han publicado – o filtrado – nos generan una gran preocupación.
Un poco de historia
Aunque las negociaciones comenzaron oficialmente en julio del 2013, el “sueño transatlántico” de las élites es mucho más antiguo. El Consejo Atlántico, un grupo de lobby constituido en 1961 por el ex secretario de Estado de EE.UU. Dean Acheson, publicó en 1967 el libro titulado Hacia un mercado americano-europeo: la planificación de la década de 1970. Entre los miembro del Consejo Atlántico están ex responsables de la política exterior de los EEUU, como Henry Kissinger, Madeleine Albright, Colin Powell y Condoleezza Rice junto con ejecutivos de corporaciones y ultra conservadores como José María Aznar.
Muchos años más tarde, en 1995 durante una conferencia en Sevilla, el Departamento de Comercio de EEUU y la Comisión Europea impulsaron la creación del Diálogo Empresarial Transatlántico (Transatlantic Business Dialogue -TABD) y que sirvió como “instrumento a los responsables del mundo de los negocios, a ambos lados del Océano Atlántico, para identificar las preocupaciones principales en las relaciones comerciales e industriales entre los EEUU y la UE (…) e indicar las medidas que podrían llevarse a cabo para reducir los costes a la hora de formalizar contratos e incentivar las inversiones, tanto a ambos lados del Atlántico como con los terceros países”.
En la Cumbre UE-Estados Unidos, el 30 de abril de 2007, el Presidente de la Comisión Europea, José Manuel Barroso, la canciller alemana Angela Merkel y el presidente de EE.UU. George W. Bush firmaron el "Marco para la integración económica transatlántica entre EEUU y la UE”. Crearon así el Consejo Económico Transatlántico, un órgano político para “supervisar y acelerar la cooperación de gobierno a gobierno” con el objetivo de “eliminar barreras al comercio y la inversión y armonizar legislaciones”.
En noviembre de 2011, durante la cumbre UE-EEUU, el Consejo Económico Transatlántico creó el Grupo de Trabajo de Alto Nivel sobre Empleos y Crecimiento, encabezado por el Representante Comercial de EE.UU., Ron Kirk, y el comisario europeo de Comercio, Karel De Gucht, quien –por cierto- está investigado por defraudar 900.000 euros a las autoridades fiscales belgas antes de convertirse en comisario en 2009, con la tarea de “identificar políticas y medidas para incrementar el comercio y la inversión” entre ambas regiones y anunció su intención de “consultar” el sector privado sobre el proceso de integración transatlántica. La Comisión Europea trató de ocultar la lista de personas que integraban el grupo y qué insumos recibía de asociaciones empresariales.
El Diálogo Empresarial Transatlántico ha sido una de las primeras asociaciones empresariales que apoyó la creación del Grupo de Trabajo de Alto Nivel. En enero de 2012, el TABD se reunió con funcionarios de máximo nivel de la UE y EEUU en el Foro Económico Mundial de Davos y lanzó su informe Visiones sobre el futuro de las relaciones económicas UE-EEUU que pretendió establecer el consenso para “presionar a favor de acciones urgentes de cara a una agenda visionaria y ambiciosa” y la creación de una “fuerza especial” compuesto por ejecutivos que provee “insumos directos y apoye al Grupo de Trabajo de Alto Nivel”.
A principios de 2013, el Diálogo Empresarial Transatlántico se fusionó con el Consejo Empresarial Europeo-Américano (fundado en 1989) para convertirse en el Consejo Empresarial Transatlántico, una estructura formada por ejecutivos de grandes corporaciones que tienen "reuniones semestrales con los secretarios del Gabinete del presidente de los Estados Unidos y miembros de la Comisión Europea (en Davos y en otros lugares) y que interviene como asesor comercial del Consejo Económico Transatlántico. Representa cerca de 70 grandes empresas, entre ellas: AIG, AT&T, BASF, BP, Deutsche Bank, EADS, ENI, Ford, General Electric, IBM, Intel, Merck, Pfizer, Siemens, Total, Verizon, y Xerox, entre otros. En la página web del Consejo Empresarial Transatlántico se publicitan los estudios de instituciones como el Consejo Altántico, Bertelsmann Foundation, Brookings Institution, Center for Transatlantic Relations, Chatham House, the German Marshall Fund y el Peterson Institute for International Relations. Demasiadas coincidencias con los 18 centros de investigación en EEUU a los que en 2014 se han concedido subvenciones por la Delegación de la Unión Europea en Washington para “promover la cooperación transatlántica”.
En junio del 2013, el Consejo de la UE (los 28 gobiernos) aprobaron el mandato –secreto- con el que la Comisión Europea está negociando el TTIP. También el Parlamento Europea aprobó por mayoría y con los votos del PSOE y el PP, una resolución a favor de las negociaciones que comenzaron oficialmente en julio del mismo año. La quinta ronda tendrá lugar en EEUU del 19 al 23 de mayo.
¿Quiénes impulsan las negociaciones?
El impulso para negociar la Asociación Transatlántica de Comercio e Inversión fue proporcionada por una gran cantidad de centros académicos, fundaciones controladas por las corporaciones transnacionales y asociaciones empresariales, incluyendo el Consejo Atlántico, el Instituto Brookings, el Fondo Alemán Marshall, BusinessEurope, Business Roundtable, la Cámara de Comercio de EE.UU., y la Mesa Redonda Europea de Industriales, entre otros. Estas instituciones forman un complejo corporativo transatlántico, uniendo a las élites de las mayores empresas, bancos, laboratorios de ideas, el sector académico, medios de comunicación y círculos políticos con el fin de establecer un consenso sobre la agenda política y económica dominante entre ambas regiones del mundo.
Bruselas, sede de la Unión Europea, y Washington con la Casa Blanca y el congreso de los EEUU, son de las mayores concentraciones de poder político en el mundo. Muchas instituciones clave se encuentran situadas en ambas ciudades, así como miles de oficinas que albergan a complejos entramados de poder que influyen en la toma de decisiones y legislaciones. No es ninguna novedad que los profesionales representantes de sectores industriales, financieros y empresariales tienen un acceso privilegiado a las instituciones públicas orientando su hacer diario, las regulaciones y el destino de los recursos públicos en su beneficio. Pero no sería exagerado decir que el capital transnacional nunca ha estado tan involucrado en una negociación comercial como en el caso del Tratado Transatlántico de Comercio e Inversiones. Lo que supone una verdadera expansión y consolidación del poder corporativo. También aumenta el poder de la Comisión Europea que persigue privilegios para inversores y mecanismos legales – como el arbitraje internacional - para hacer valer los derechos del capital privado por encima de los derechos humanos.
En respuesta a una petición de acceso a documentos públicos solicitado por la ONG Corporate Europe Observatory, la Comisión Europea ha tenido que publicar una lista de 130 reuniones con las partes interesadas sobre las negociaciones comerciales UE-EE.UU. Más del 93% de las reuniones de la Comisión durante los preparativos de las negociaciones fueron con las grandes empresas. Asociaciones industriales que van desde la Cámara de Comercio de EE.UU. a los fabricantes de automóviles, compañías navieras, empresas químicas y farmacéuticas se les dio la oportunidad de presentar sus listas de avaricias para este tratado comercial.
Al igual que con otros tratados de "libre comercio", las corporaciones son consultadas durante todo el proceso negociador para moldear la agenda y precisar políticas específicas, asegurando que se satisfacen sus intereses. Fundaciones políticas y centros de pensamiento emplean académicos y las élites de la política exterior para llevar a cabo estudios y elaborar informes que abogan por – curiosamente - las mismas políticas que los despachos gubernamentales de Bruselas y Washington. Una vez que los centros de investigación comienzan a establecer un consenso sobre agendas, académicos y otros funcionarios de las organizaciones escriben artículos o son entrevistados con frecuencia en los medios de comunicación (que es propiedad de las mismas corporaciones), para asegurarse de que todo está dicho lo poco en público de tales acuerdos es, en efecto, positivo y alentador.
Al igual que con otros tratados de "libre comercio", las corporaciones son consultadas durante todo el proceso negociador para moldear la agenda y precisar políticas específicas, asegurando que se satisfacen sus intereses.
Los peligros infinitos
El TTIP es una herramienta para cambiar profundamente las formas de legislar y concentraría aún más el poder político de tal manera que se crearía un sistema legal superior que permitiría al gran capital intervenir más que nunca en la redacción de reglas, directivas y leyes, y se haría valer los “super-derechos” de las grandes multinacionales, subordinando leyes nacionales y locales a los beneficios privados. Por ejemplo las disposiciones del mecanismo de resolución de diferencias entre inversor y Estado que recogen las negociaciones del TTIP crearían una especie de sistema paralelo legal especial para las empresas, esencialmente dándoles carta blanca y que quedaría fuera de las leyes nacionales. Asimismo, iría en contra de la protección del interés y los bienes comunes, así como pretende eliminar el principio de precaución –lo cual arrasaría con una serie de normas ambientales como la Directiva sobre el registro, la evaluación, autorización y restricción de sustancias químicas peligrosas (REACH) o aceleraría el proceso de aprobación en la UE de alimentos modificados genéticamente.
Con una estrategia de comunicación muy elaborada, las instituciones de la UE, la Casa Blanca y el gran capital venden el TTIP como un acuerdo que «creará millones de empleos y crecimiento». Sin embargo según el estudio de la Fundación Austriaca de Investigación para el Desarrollo (OFSE) para evaluar los supuestos beneficios económicos del TTIP, considera que las ganancias económicas serán limitadas mientras, alberga considerables riesgos sociales. Alrededor de un 80% de las ganancias previstas se derivarían de la eliminación o alineamiento de las medidas no arancelarias, es decir, de leyes, regulaciones y estándares. Se asume que entre el 25% y el 50% de todas las medidas no arancelarias pueden ser eliminadas o alineadas a un estándar común.
Los estudios de impacto económico que encargó la Comisión Europea no tienen en cuenta que la armonización a la baja de las regulaciones y leyes conllevan, a corto y largo plazo, una serie de costos sociales. Por un lado, la eliminación de las barreras no arancelarias resultará en una pérdida potencial de bienestar para la sociedad, incluso, y va en contra de los objetivos de las políticas públicas (ejemplo: la seguridad de consumidoras, la salud pública, la seguridad medioambiental). Por otro lado, los costes para la administración pública resultantes del mayor pago de subsidios por desempleo, pueden ser substanciales. Podría producirse una deslocalización de entre 430.000 y 1.100.000 empleos. Los sectores industriales más afectados serían aquellos que se verían en desventaja frente a la competición estadounidense como: ganaderos, productoras de fertilizantes, bio-etanol y azúcar, por ejemplo. También habría un declive en los sectores de equipos de transporte y el sector del metal, así como en los sectores primarios, especialmente: la madera y productos de papel, los servicios a las empresas y de comunicación.
Además, en la UE se corre el riesgo de que regiones enteras carguen con los costes sociales del TTIP, dividiendo todavía más a los países enriquecidos y más empobrecidos, incrementando la brecha entre los países del centro y la periferia europea. Ya en su momento, la adhesión a la UE y el Euro trajo consigo la desindustrialización de los países mediterráneos como Grecia, Portugal y el Estado español.
Pérdida de derechos laborales
Además, los derechos laborales podrían deteriorarse aún más –si cabe- a través de la “armonización” de las normas, ya que los EEUU no han ratificado algunos de los estándares y convenciones de la OIT, lo que incluye el derecho a la libertad sindical.
Tras las ofensivas neoliberales recientes sobre los sueldos en el contexto de la crisis del euro, los rescates bancarios y los planes de ajuste estructural de la troika, el TTIP serviría al propósito de dar otra vuelta más en la legislación laboral para sintonizarla con la de EEUU y muy en línea, por ejemplo, de la industria automovilística que perseguía en los años 80 “fábricas libres de sindicatos”.
Hace tiempo que en EEUU se halla una carrera hacia abajo en relación a los sueldos y los estándares de seguridad y salud laboral, ya que los Estados federales compiten los unos contra otros para ofrecer las “mejores” condiciones a los inversores. Cuando la Comisión Europea dice que «se debería revisar las leyes laborales europeas para minimizar el riesgo de reducir la inversión estadounidense en Europa y que se desvíe a otras partes del mundo», pretende que entre los países europeos aumente todavía más la competición entre sí. Después de todo, las leyes laborales europeas están listadas como “medidas no arancelarias” e identificadas como un obstáculo en el camino al libre flujo comercial y de inversión.
Otros problemas
Según las filtraciones de documentos "secretos", varias regulaciones previstas por el TTIP serían contrarias al Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC). Además, los posibles impactos del Tratado sobre las reglas de seguridad alimentaria afectarían directamente a las y los consumidores causando problemas de salud.
Un aspecto muy controvertido es la intención de abrir la contratación pública de servicios de salud a la competición extranjera. La norma sería abrir el acceso de las corporaciones a todo el mercado y garantizar que se ofrece a las corporaciones extranjeras el mismo trato que a las compañías nacionales. Esto podría constreñir la capacidad de los Estados para controlar el número y el tamaño de los proveedores privados extranjeros que entran en el mercado europeo y que dirigen los sistemas de salud europeos. Las empresas de servicios hospitalarios podrían impugnar legalmente las políticas públicas de salud. Y el intento de fortalecer los derechos de propiedad intelectual dificultará el suministro de medicamentos más baratos y efectivos a la gente más empobrecida. La crisis financiera y las políticas de recortes sociales en la UE han puesto en riesgo el derecho a una sanidad pública asequible y de calidad. Contamos ya con algunos ejemplos, como los enfermos de cáncer en Grecia que no pueden acceder a las medicinas necesarias para vivir tras los recortes llevados a cabo y exigidos por los prestadores, mientras en España, se están cuestionando los tratamientos para el SIDA de los inmigrantes.
Finalmente, en un contexto de economía de casino financiero y responsable de la actual crisis, que impacta gravemente en los derechos básicos de la población mediante los recortes actuales, preocupa el objetivo del TTIP de liberalizar aún más los servicios financieros que podría impedir a la administración regular el sector financiero, restringir fusiones y adquisiciones, establecer impuestos y tasas a bancos y transacciones financieras, así como establecer un control de los capitales.
Las resistencias se organizan
Varios sectores de la sociedad -organizaciones de consumidores, grupos ecologistas y feministas, sindicatos y diferentes asociaciones de ámbitos tan dispares como los derechos humanos, la cultura libre o el comercio justo llevan ya un año movilizándose para confrontar lo que consideran una vuelta de tuerca en el aumento del poder de las grandes empresas. Hay campañas en Alemania, donde por ejemplo 24.000 activistas colgaron el día de las elecciones europeas 6,5 millones de panfletos contra el TTIP en las puertas de los hogares y donde hay un debate muy vivo en la opinión pública y los medios. También está creciendo la oposición en el Reino Unido, Francia, Bélgica, Austria, Italia, Portugal, Irlanda y en EEUU, entre otros.
En el Estado español diversas organizaciones sociales y sindicales, plataformas, asambleas ciudadanas, partidos políticos y colectivos han puesto en marcha la campaña “No al Tratado Transatlántico de Comercio e Inversiones” (#NoalTTIP) para crear conciencia sobre los “peligros” para los servicios públicos, los derechos laborales, el derecho a la vivienda, la soberanía alimentaria, la cultura libre, entre muchos otras preocupaciones de las luchas sociales, demandando la suspensión inmediata de las negociaciones del TTIP.
Texto publicado en el Periódico CNT nº 412 - Junio 2014
