Cedetrabajo | 27 de Mayo, 2025
Aranceles de Trump hunden a Colombia bajo el TLC
Por Enrique Daza
El anuncio de un nuevo arancel del 10 % a las exportaciones colombianas hacia Estados Unidos reabre un debate postergado. Doce años después de la firma del Tratado de Libre Comercio, los resultados evidencian una relación desigual, un aparato productivo vulnerable y una estructura comercial que limita la soberanía económica de Colombia.
Los aranceles como defensa de la economía nacional
Durante décadas, los aranceles fueron un instrumento clave para promover la industrialización y proteger la producción interna. Países como Inglaterra y Estados Unidos los aplicaron para consolidar su autonomía económica. En Colombia, su uso también permitió desarrollar una infraestructura productiva básica, aunque sin una estrategia de industrialización consistente.
La apertura económica iniciada en los años noventa y la posterior firma del TLC con Estados Unidos supusieron un giro radical. Los aranceles comenzaron a desmontarse de manera acelerada, dejando expuesta la producción nacional a la competencia externa, con consecuencias evidentes: desindustrialización, dependencia comercial y pérdida de soberanía alimentaria. La promesa de eficiencia y competitividad derivó, en muchos sectores, en el cierre de plantas manufactureras y el abandono del campo.
Lo pactado en el TLC: reducciones y plazos diferenciados
A diferencia del discurso que presentaba el TLC como una oportunidad para ampliar el acceso al mercado estadounidense, los términos firmados en 2012 establecieron una reducción desigual de aranceles. Colombia había venido disminuyendo sus gravámenes y, con la entrada en vigor del acuerdo, se estableció que pasaría de un arancel promedio del 11,9 % a cero de forma inmediata, mientras que Estados Unidos, cuyo nivel arancelario promedio era del 4,4 %, no aplicó reducciones equivalentes. Como parte del acuerdo, Colombia eliminó de manera inmediata los gravámenes para el 81,8 % de sus productos industriales, mientras que Estados Unidos mantuvo subsidios y fijó restricciones específicas.
En sectores sensibles como el agro, se fijaron plazos escalonados de eliminación arancelaria: 12 años para el maíz, 14 la leche y los lácteos procesados, 18 para pollo y 19 para arroz. Se previeron contingentes arancelarios, cuotas de exportación y salvaguardias automáticas. Sin embargo, la aplicación de estas herramientas ha sido marginal o de corto alcance, y los plazos ya han vencido en la mayoría de los casos.
Por ejemplo, en productos como el azúcar, el etanol y las carnes, Colombia apenas ha utilizado las cuotas que tenía asignadas por el tratado. Las salvaguardias automáticas que se podían aplicar cuando las importaciones superaban cierto límite han sido usadas de forma intermitente y con bajo impacto práctico. Además, las reglas para su implementación resultan complejas y están sujetas a verificaciones que ralentizan las respuestas.
La producción nacional, en retroceso
Colombia perdió terreno en productos estratégicos. En 2023, importó más de mil millones de dólares en maíz, lo que equivale a cerca del 80 % de la demanda interna. En el sector lácteo, ingresaron más de 36.000 toneladas de leche en polvo. El arancel del 4,86 % aplicado por el gobierno colombiano, tras confirmarse que estos productos estaban subsidiados en su país de origen, resulta insuficiente frente al nivel de apoyo estatal que reciben. Esta medida no alivia la carga que enfrentan los productores locales. La competencia continúa siendo desigual.
También se ha registrado un aumento sostenido en la importación de pollo congelado, cortes de carne procesados y subproductos lácteos. Estos productos, altamente subsidiados en sus países de origen, ingresan al mercado colombiano con precios que desincentivan la producción local, llevando a muchos productores a abandonar sus cultivos o cerrar sus unidades pecuarias. La cadena de valor rural se fragmenta, afectando desde la producción hasta el empleo en zonas agrarias.
Mientras tanto, Estados Unidos afianza su presencia en el mercado colombiano. Según el Servicio de Agricultura Exterior (USDA), las exportaciones agroindustriales hacia Colombia alcanzaron 4.500 millones de dólares en 2024, un 21 % más que el año anterior. Hoy, el 43 % de las importaciones agrícolas de Colombia provienen de ese país.
Nuevos aranceles: el desequilibrio se agudiza
El anuncio de un nuevo arancel del 10 % a las exportaciones colombianas hacia Estados Unidos profundiza el deterioro de una relación comercial ya desigual. Aunque no se ha oficializado completamente su aplicación, su impacto potencial ya genera incertidumbre. Las manufacturas colombianas, que en 2024 alcanzaron apenas 2.000 millones de dólares en exportaciones hacia ese mercado (sin contar petróleo), quedarán aún más limitadas.
Estos cambios no solo consolidan una balanza comercial deficitaria, sino que cuestionan el principio de reciprocidad. Mientras Estados Unidos ajusta sus políticas comerciales con base en criterios internos, Colombia ha mantenido inalteradas las condiciones pactadas, incluso cuando los beneficios prometidos no se materializaron.
A medida que Estados Unidos endurece su proteccionismo, también expande su influencia en sectores estratégicos. La presión sobre las cadenas de valor latinoamericanas se traduce en exigencias que van más allá del comercio: estándares fitosanitarios, propiedad intelectual, contratación estatal y apertura a inversiones de capital sin restricciones. Colombia, sin capacidad de respuesta, asume las condiciones sin renegociación ni contraprestaciones reales.
TLC: estructura desigual, efectos duraderos
El TLC no se limita a temas arancelarios. Sus 22 capítulos regulan también servicios, propiedad intelectual, compras estatales y otros ámbitos donde las reglas favorecen a los países con mayor capacidad de negociación. Las salvaguardias previstas se agotaron, los plazos de gracia expiraron y los mecanismos de defensa comercial no se han utilizado con determinación.
En lugar de fortalecer el aparato productivo nacional, el TLC ha favorecido la consolidación de importaciones subsidiadas, el debilitamiento de la industria y la ampliación de la brecha tecnológica. Lejos de reducir la desigualdad, ha profundizado las asimetrías. La mayor parte de los beneficios comerciales han quedado en manos de grandes conglomerados exportadores, mientras que los sectores nacionales intensivos en trabajo han retrocedido.
La situación es especialmente grave en regiones como el Caribe o el sur del país, donde la caúda de la producción agroindustrial ha tenido impactos directos sobre el empleo rural y la seguridad alimentaria. La promesa de integración productiva regional tampoco se ha materializado: las exportaciones a Centroamérica y Sudamérica han crecido poco y, en muchos casos, han sido desplazadas por productos estadounidenses que ahora circulan libremente por la región.
Aranceles, soberanía y futuro
El debate sobre los aranceles no es técnico: es político. Se trata de definir si Colombia continuará atada a un modelo de apertura sin protección o si recuperará herramientas para impulsar su desarrollo productivo. La reintroducción de aranceles selectivos podría ser una vía para reconstruir capacidades, defender el trabajo nacional y recuperar soberanía económica.
Estados Unidos entiende el papel de los aranceles en su estrategia nacional. Colombia, en cambio, ha renunciado a usarlos, incluso cuando la evidencia muestra que sin ellos no hay desarrollo posible. El TLC, lejos de ser un camino hacia la modernización, ha sido un instrumento de desprotección estructural. Si no se revisa, el país seguirá cediendo terreno en el comercio internacional y condenando a su población a una economía dependiente y vulnerable.
La discusión sobre el modelo de desarrollo colombiano no puede aplazarse. El rediseño de la estrategia comercial debe poner en el centro la defensa del aparato productivo, la generación de empleo y la soberanía económica. Sin ello, cualquier narrativa sobre progreso será solo eso: una narrativa vacía.