Coordinadora Europea Vía Campesina | 19 de noviembre, 2025
Lxs agricultorxs se movilizarán en Estrasburgo para solicitar el dictamen del TJUE sobre el Acuerdo UE-Mercosur: deben respetarse la democracia europea y el papel del Parlamento Europeo
Lxs agricultorxs europexs se movilizarán el 24 de noviembre en Estrasburgo a partir de las 11:00 horas en apoyo de una iniciativa por parte de eurodiputadxs para solicitar un dictamen del TJUE sobre el ALC UE-Mercosur. 145 eurodiputadxs han solicitado una votación en el Parlamento Europeo para que el Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) revise si el acuerdo comercial UE-Mercosur es compatible con los tratados de la UE, especialmente en su base jurídica, el mecanismo de reequilibrio y el principio de precaución.
Independientemente de su posición, lxs eurodiputadxs no deben permitir que la Comisión eluda la democracia, lo que podría legitimar futuros acuerdos unilaterales (como los de Estados Unidos y Marruecos, concluidos sin consultar al Parlamento). A lxs eurodiputadxs se les ha negado el derecho a votar sobre esta resolución en Estrasburgo sin fundamentos jurídicos sólidos, basándose en que el Consejo debe solicitar la aprobación del Parlamento sobre el tratado antes de que pueda llevarse a cabo una votación. Se trata de otro ataque grave a las prerrogativas del Parlamento. Tras haber sido excluido de las negociaciones durante veinticinco años, el Parlamento debe ahora recuperar su función de supervisión de estos procesos. Aprobar el mayor acuerdo de libre comercio de la UE, que tendrá importantes consecuencias para lxs agricultorxs, sin llevar a cabo una evaluación jurídica adecuada sentaría un peligroso precedente, debilitaría la posición del Parlamento y otorgaría a la Comisión la potestad de establecer sus propias normas.
Para ECVC, existen claros motivos para rechazar la legalidad de este ALC:
Base jurídica: en 1999 y 2018, el Consejo Europeo encargó a la Comisión negociar un acuerdo de asociación UE-Mercosur que abarcara la cooperación política, comercial, social, cultural y en materia de seguridad, ámbitos que no son todos competencia de la UE. Esos acuerdos requieren la ratificación de los parlamentos nacionales. En septiembre, la Comisión formalizó una división de dicho acuerdo: el Acuerdo Comercial Provisional (ATI), limitado al comercio, y el Acuerdo de Asociación UE-Mercosur (AEMP), que combina el ámbito comercial y el de las inversiones con pilares políticos y de cooperación. La Comisión propuso una base jurídica que solo exigía una mayoría cualificada en el Consejo, sin necesidad de ratificación parlamentaria nacional para ninguno de los dos acuerdos. Es evidente que el Consejo nunca ha contemplado la opción de dividir el acuerdo de asociación con el fin de acelerar la firma y celebración del ATI y el EMPA, como reconocen los expertos en Derecho de la UE y Derecho Medioambiental, quienes también afirman que la elección de la base jurídica incorrecta podría dar lugar a la anulación del acto[1].
Mecanismo de reequilibrio: este mecanismo permite a una de las partes del acuerdo solicitar una compensación si una medida aplicada por la otra parte anula o menoscaba sustancialmente un beneficio al que tiene derecho, incluso si dicha medida es conforme al acuerdo y las normas de la OMC. La legislación de la UE obliga a las instituciones a alcanzar un «alto nivel de protección» de lxs agricultorxs, trabajadorxs, pacientes, consumidorxs, así como del medio ambiente. No se podrá alcanzar dicho nivel de protección si se restringe la capacidad de la UE para imponer normas sociales, sanitarias o medioambientales.
Principio de precaución: será más difícil adoptar medidas sanitarias y fitosanitarias con arreglo al principio de precaución del Acuerdo UE-Mercosur que en virtud del principio consagrado en los Tratados de la UE. En consecuencia, la aplicación de los tratados europeos podría hacer que los productos de la UE estuvieran sujetos a medidas cautelares más estrictas que los productos importados del Mercosur, lo que agravaría la competencia desleal. De conformidad con el artículo 218 (11), del TFUE, estas cuestiones justifican que el Parlamento Europeo solicite el dictamen del TJUE. La resolución llega en un contexto marcado por la comunicación deliberadamente caótica por parte de la Comisión sobre el proceso democrático del acuerdo. Se han ocultado y modificado las fechas de votación en el Consejo para limitar la oposición democrática.
Hoy en día, lxs pequeñxs y medianxs agricultorxs se sienten amenazadxs por las decisiones tomadas por la Comisión, como la firma de nuevos acuerdos de libre comercio, la reducción del presupuesto agrícola en el MFP y las propuestas de la PAC post-2027; se nos abandona ante los desafíos actuales de las granjas. Estas decisiones deben debatirse democráticamente para evitar la pérdida total de confianza en la integridad de las instituciones europeas.
Notas para lxs editorxs
Únase a lxs agricultorxs de ECVC de 11:00 a 15:00 en Estrasburgo, frente al Parlamento Europeo, y lea más acerca de estas cuestiones en los siguientes enlaces:
- Análisis de ECVC del impacto en los agricultorxs del Acuerdo de Libre Comercio UE-Mercosur
- Documento de ECVC sobre las nuevas cláusulas bilaterales de salvaguardia del Acuerdo de Libre Comercio UE-Mercosur: una propuesta técnica ineficaz ante el impacto estructural y localizado del acuerdo
- Working paper 2025/4. EU-Mercosur Trade and Partnership Agreements: are they compatible with the EU founding treaties?
– ECVC document on the impact of the EU-Mercosur FTA on farmers
– ECVC document on New bilateral safeguard clauses on EU-Mercosur FTA: an ineffective technical proposal against the structural and localised impact of the treaty
– Working paper 2025/4. EU-Mercosur Trade and Partnership Agreements: are they compatible with the EU founding treaties?