¡Fin del modelo solidario costarricense!

¡Fin del modelo solidario costarricense!

Por Ing. Gerardo Fumero Paniagua (DIARIO EXTRA), 09/04/2008

Costa Rica tiene un modelo de servicios públicos al costo y bajo principios de solidaridad, brindados por instituciones del Estado. El artículo 50 de la Constitución garantiza: “El Estado procurará el mayor bienestar a todos los habitantes del país, organizando y estimulando la producción y el más adecuado reparto de la riqueza”, y el 74: “a fin de procurar una política permanente de solidaridad nacional”. Estos principios aseguran el acceso de toda la población a servicios fundamentales, hoy considerados derechos de todo ciudadano: salud, educación, agua, energía eléctrica y telecomunicaciones.

Subsidios: el instrumento solidario

Los “subsidios cruzados” son el instrumento que hace posible tal solidaridad, pues los grandes consumidores pagan por encima de los costos -generando algún excedente-, para garantizar tarifas básicas subsidiadas. Eso permite tarifas de $3.7 para el servicio telefónico fijo (con 150 minutos incluidos), y de $6 para el celular, (con 60 minutos incluidos), un 400% más bajas que el promedio latinoamericano.

Gracias a la solidaridad, hoy tenemos la mayor proporción de teléfonos fijos por cada 100 habitantes, 32%, la más alta calidad, y el segundo lugar en acceso a Internet en Latinoamérica; el tercer lugar en consumo en celular y una de las tarifas básicas más bajas en el mundo.

Cambio de Modelo

Sin embargo, el TLC -llevado a Referéndum del 7/10/2007-, aprobó la apertura y como parte de la Agenda de Implementación, recién se dictaminó en primer debate en la Asamblea Legislativa, el Proyecto de Ley General de Telecomunicaciones (PLGT).

Tanto el TLC como el PLGT destruyen nuestro Modelo Solidario, pues permiten la entrada de empresas privadas, (que no pueden operar al costo y menos con subsidios), abren el mercado empresarial y el celular -los rentables-, lo cual obligaría a un “rebalanceo” de tarifas, vale decir, a subir las tarifas básicas (pensadas para los pobres) y a bajar las tarifas internacionales por ejemplo, que solo usan las empresas.

El PLGT prohíbe expresamente los subsidios cruzados en el Art. 54, con lo cual el ICE no podría nunca más subsidiar, pues se considera “prácticas monopolísticas” y por ende “falta muy grave”, Art. 67, y se haría acreedor a multas de hasta el 10% del valor de sus activos, Art. 68.

Para poder aplicarle las “reglas del mercado” a los servicios de telecomunicaciones, se recurre a cambiarles la categoría de “Servicio Público”, según lo concibe la Ley No. 6227, por la de “Servicio Disponible al Público” (vale decir: mercancía), Art. 6, Inc. 26, por lo que estarían disponibles solo para aquellas personas que puedan pagar las nuevas tarifas. Y mientras el PLGT solo exige un 1.5% de los ingresos de los operadores para hacer obras no rentables, Art. 39, el ICE hoy invierte millones de dólares en obras de carácter social y un 9% de sus ingresos brutos para subsidiar las tarifas básicas.

Encarecimiento de las tarifas

La gran ironía es que mientras las tarifas a los costarricenses se verían cuadruplicadas, por la eliminación de los subsidios y la incorporación de muchos otros gastos en que hoy no se incurre, como el pago del Espectro Radioeléctrico, publicidad, interconexión, impuesto de renta, etc., el ICE estaría obligado a alquilar su infraestructura “al costo” a las empresas privadas y transnacionales, Art. 61. Esto confirma no solo el fin del Modelo Solidario, sino que lo pone de cabeza -subsidios para las transnacionales, aumentos para los costarricenses-.

Se debilita el ICE

Por otra parte, las concesiones del Espectro -frecuencias necesarias para prestar los servicios-, se otorgarían por un máximo de 25 años, a todos los operadores por igual, Art. 27, eliminando las concesiones que de por vida tiene el ICE, según la Ley No. 3226. En cambio, mantiene los privilegios de los servicios de Radiodifusión y Televisión, al preservar la Ley de Radio, No. 1758, Art. 29, que data de 1954, favoreciendo las concentraciones que hoy mantienen esos medios y las tarifas ridículas que pagan, fijadas en aquel entonces.

Excesos sobre el TLC

El PLGT va más allá del TLC, por ejemplo, al eliminar de las telecomunicaciones la categoría de servicio público y al exigir el servicio de “portabilidad numérica”, Art. 48. Ese servicio implicaría para el ICE una inversión de más de $12 millones, solo para que las demás empresas puedan quitarle clientes, sin que estos tengan que cambiar su número telefónico.

Estudios llevados a cabo por el mismo ICE confirman que este podría perder hasta el 66% del mercado en los 5 años posteriores a la apertura y más recientemente, otro estudio también del ICE, reveló que el grado de riesgo para la Institución, ante la apertura del mercado, es de un 50,42%, un índice sumamente elevado, pues el mismo Consejo Directivo considera como máximo aceptable, un 20%.

Esta será la nueva realidad para el pueblo costarricense de aprobarse el PLGT, y no las fantasías con que nos engañaron durante el proceso del Referéndum.

source : ARGENPRESS

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