7-7-08
Perú: promotores del paro aseguran que gobierno busca represión con FFAA
Vicepresidente de la CGTP dice que es un "decreto de la muerte" contra manifestantes, pero ministro de Defensa dice que medida es preventiva.
Milagros Salazar.
El gobierno sigue saliendo a la palestra con normas polémicas que encienden las iras de sus opositores. Esta vez publicó en El Peruano una resolución que autoriza la intervención de las Fuerzas Armadas, en apoyo a la Policía Nacional del Perú, para brindar seguridad en las jornadas de protestas del 8 al 10 de julio, lo cual ha sido tomado por las organizaciones sociales como una exagerada medida de represión.
"Es un decreto de la muerte porque el interés del gobierno es amedrentar y reprimir con las Fuerzas Armadas, dando carta abierta para que se pueda disparar contra manifestantes. Los militares deberían cuidar la soberanía del país antes que intervenir en conflictos sociales", dijo el vicepresidente de la Confederación General de Trabajadores del Perú, CGTP, Olmedo Auris.
En la misma línea, el representante de la Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas, Miguel Palacín, consideró que la norma demuestra que el gobierno "pone al frente a las FFAA para asesinar el movimiento social e instaurar un régimen fascista basado en la provocación permanente".
Palacín recordó que, paralelamente al paro convocado por la CGTP para este miércoles, las comunidades indígenas y el sector agrario convocaron una movilización nacional el 8 y 9 de julio que acatarán más de 6 mil comunidades campesinas y nativas en rechazo a diversos decretos promulgados por el Ejecutivo en nombre de las facultades que le otorgó el Parlamento por el Tratado de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos.
El dirigente alude a las normas que promueven la inversión privada en tierras comunales, el mecanismo de servidumbre sin previa consulta a los comuneros y la titulación de tierras. Para él, "son normas inconstitucionales".
"Si las Fuerzas Armadas nos intimidan, nos declararemos en rebeldía y convocaremos a un levantamiento, a una huelga indefinida", agregó el dirigente.
En respuesta, el ministro de Defensa, Antero Flores Aráoz, dijo que el apoyo de los militares es una "medida preventiva para resguardar el orden que manda la ley".
No obstante, José Robles, especialista en temas militares, consideró que "antes que cualquier norma debe respetarse el artículo 137 de la Constitución, que faculta a las Fuerzas Armadas a intervenir solo en estado de emergencia".
Para el experto, el decreto deja entrever que el gobierno no confía en la Policía para manejar protestas que fueron anunciadas con tiempo, y ahora busca infundir miedo.
Flores Aráoz, sin embargo, dice que solo es una ayuda adicional ante amenazas de violencia "porque al Estado no lo van a agarrar con los pantalones abajo". Aseguró que no cree en la convocatoria del secretario general de la CGTP, Mario Huamán, para que las movilizaciones se realicen pacíficamente.
El titular de Defensa dijo irónicamente que los militares " estarán armados "porque no son los Niños Cantores de Viena y sería un peligro para la población civil no contar con las armas para protegerla".
CLAVES
Transportistas. El ministro del Interior, Luis Alva Castro, aseguró a la Federación de Choferes del Perú que la Policía Nacional actuará con firmeza para evitar que los vehículos sean afectados por sectores radicales.
Fiscalía. También dijo que gestiona la presencia de representantes del Ministerio Público en las intervenciones policiales. Según el sector Interior, la Federación -que agrupa a 432 empresas- no acatará el paro del 9 de julio.
Medidas para frenar el paro
La resolución 242-2008-DE autoriza la intervención de las FFAA para apoyar a la PNP durante las protestas, con el propósito de "garantizar el funcionamiento de los servicios públicos esenciales y resguardar puntos críticos vitales". Asimismo, se publicó el decreto de urgencia 031-2008 para asegurar la continuidad de las labores del 9 de julio.
Esta última norma autoriza a entidades públicas a otorgar de manera excepcional un bono de 15 soles a los que laboren normalmente. En el caso del sector privado, se dispone que el empleador decida si otorgará un importe por concepto de transporte. Además, se permitirá que los vehículos de la categoría M1 (unidades que pesan por encima de 3,500 kilos como combis, custer, ómnibus y hasta camiones) puedan realizar el transporte de personas y los trabajadores que incurran en tardanza no sean sujetos de sanciones ni descuentos.