Más allá del altruismo: EE.UU. Bolivia y el ATPDEA
Por Ruggero Fornoni, 6-11-2008
Al verse obligado a abandonar el país el pasado 13 de septiembre señalado como ‘persona no grata’ por sus vinculaciones con la oposición, el entonces embajador estadounidense en Bolivia, Philip Goldberg, dijo que su expulsión traería “efectos serios”. Dichos ‘efectos’ no tardarían en conocerse. El 17 de septiembre, el gobierno estadounidense anunció la inclusión de Bolivia en la lista de naciones que “han fracasado de manera comprobable” en los objetivos internacionales en la lucha contra la producción y el tráfico de substancias ilícitas.
Si un país hace parte de esta lista es porque ha sido ‘descertificado’ por Estados Unidos. Bolivia pierde de este modo los beneficios económicos acordados por el ATPDEA (Andean Trade Preferential and Drug Erradication Act), el régimen de excepción comercial que permite a los países andinos exportar sus productos al mercado estadounidense sin gravámenes arancelarios. Este sistema preferencial está en vigor desde hace casi dos décadas, cuando Estados Unidos decidió otorgar este beneficio arancelario a los países andinos (Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú) a cambio de su compromiso en la lucha contra el narcotráfico. El principio subyacente era el de que a través del estímulo a las exportaciones se generarían fuentes de trabajo alternativo, lo que favorecería la sustitución de los cultivos de hoja de coca y reduciría el narcotráfico.
Las preferencias arancelarias tienen además un valor simbólico importante, pues representan el reconocimiento, por parte de Estados Unidos, de una responsabilidad compartida en el problema mundial de las drogas, y constituyen la primera medida en compensación por las políticas de reducción de la oferta, de hecho hasta entonces las únicas implementadas.
Sin embargo, las preferencias arancelarias tienen elementos criticables. Uno de los principales problemas de este tipo de acuerdos comerciales es que no son recíprocos. A pesar de que, en primera instancia, conceder unilateralmente acceso comercial sin gravámenes a un país en desarrollo puede parecer una medida positiva en la medida en que estimula la economía, hay otros elementos menos visibles que reportan una desventaja para el país ‘beneficiado’. La no reciprocidad de los acuerdos comerciales comporta una ambigüedad en la medida en que los países concedentes podrían utilizar este sistema para premiar o castigar a los países beneficiarios por sus posturas en asuntos determinados no necesariamente relacionadas con lo económico. Las concesiones de estos sistemas obedecen en muchos casos a razones que van más allá del puro altruismo.
Este es el caso del ATPDEA, otorgado por EEUU en su interés de que los países erradiquen los cocales. La reciente crisis diplomática entre EEUU y Bolivia permite observar claramente el anormal condicionamiento al que quedara sometido el país bajo dicho régimen. Para acceder a los beneficios, además de aceptar criterios impuestos por EEUU para resultar elegible para el ATPDEA, Bolivia tuvo que condicionar su política respecto a los cultivos de coca, lo que de hecho significó una reducción de su soberanía nacional.
Las ventajas económicas obtenidas a cambio de esta aceptación de criterios externos se convierten con los años en una fuerza de presión ante el temor de que el país concedente decida retirarlas. En Bolivia, el ATPDEA es vital para importantes sectores de la economía nacional. El sector textil, en particular, depende estrechamente de este acuerdo. De modo que, cuando Estados Unidos reacciona por la expulsión del embajador Goldberg, y la de la agencia antidrogas estadounidense DEA de la zona del Chapare, ‘descertificando’ a Bolivia, está en realidad utilizando el poder que tiene sobre ese país a través de la ATPDEA, castigando a la administración de Morales por su política para la coca, y de paso, amenazando y chantajeando también a un sector clave de la economía boliviana.
Pero, como subrayaba el editorial del New York Times del pasado 6 de Octubre, la propuesta de suspender los beneficios económicos a Bolivia representa también una “autoderrota” para la administración estadounidense, pues socava su estrategia antinarcóticos en el país y en definitiva juega a favor de la popularidad del presidente Morales.
En general, la idea de ofrecer programas de ayudas como el ATPDEA, que tienen un interés nacional -la lucha contra las substancias ilícitas por parte de los Estados Unidos- para influir las posiciones de gobiernos extranjeros -la política nacional sobre la coca de la administración de Morales- no parece muy acertada. Más allá del altruismo, estos programas deberían estar libres de cualquier vínculo político y de todo prejuicio ideológico. Si se retiene que el ATPDEA haya favorecido el desarrollo económico de la región y, consecuentemente, haya influido en la producción de substancias ilícitas, será del interés estadounidense seguir otorgando este beneficio. Si, por el contrario, se retiene que haya cumplido sólo de manera parcial con su objetivo original, tendrán que modificar los elementos que frenan su desarrollo.
Fuente: TNI News