Costa Rica: Reglamentos a ley de Biodiversidad atentan contra pueblos indígenas
20-12-2008
San José, (pais.cr) - Los ministerios de Comercio Exterior (Comex), y el del Ambiente (Minaet), pretenden legalizar el uso de recursos de la biodiversidad de Costa Rica "sin que medie permiso alguno".
El lunes 15 de diciembre, en el alcance No. 53 a la Gaceta 242, el Presidente Arias y el viceministro del MINAET, Jorge Rodríguez, en ese momento Ministro a.i. publicaron dos decretos ejecutivos que contienen reglamentos para los artículos 78 y 80 de la Ley de Biodiversidad.
De acuerdo con archivos informativos de Nuestro País, el Gobierno de la República afirmó que esa ley no sería tocada con el Tratado de Libre Comercio (TLC), con los Estados Unidos.
El decreto ejecutivo No. 34959 MINAET-COMEX contiene la norma que generó el vicio de constitucionalidad detectado en la consulta que el Partido Acción Ciudadana (PAC), presentó ante la Sala IV; del proyecto conocido como Ley Escoba sobre Propiedad Intelectual.
"Con la publicación de este decreto el Ejecutivo le pasó por encima a una verdadera, legítima y correcta consulta a las comunidades indígenas y burló el criterio emanado por la Sala Constitucional", afirmó este viernes la legisladora del PAC, Patricia Romero.
En ese criterio de la Sala IV se afirma que son únicamente las comunidades indígenas las que pueden expresar si aceptan o no cambios en la norma que protege su conocimiento tradicional.
Romero señaló que "esta es una prueba de cómo el mismo Gobierno irrespeta la institucionalidad al no cumplir con una consulta seria a las comunidades indígenas".
De igual forma, el decreto No. 34958 MINAET-COMEX, que regula el artículo 80 de la Ley de Biodiversidad, incluye disposiciones en su artículo 5 que implican la legalización del uso de recursos de la biodiversidad nacional sin que medie permiso alguno, porque éstos se pueden solicitar a posteriori.
"Esta práctica terminaría por promover la biopiratería, ya que se podrán iniciar actividades en que se utilice nuestra biodiversidad, pero sin pedir permisos de acceso", aseguró Romero.
Por su parte, la diputada Leda Zamora, también del PAC, manifestó que "este decreto es complaciente y obedece a la presión de los Estados Unidos. ¿Dónde se ha visto que en una actividad productiva se pueda trabajar sin pedir los permisos de ley?".
"Lamentablemente, este Gobierno incurre en una nueva falta al tratar de modificar vía decreto, normas de mayor rango", aseveró.
Indígenas
Entre tanto, como lo adelantó este medio el martes anterior, el Consejo Nacional de Asuntos Indígenas (CONAI), rechazó los decretos en mención y la consulta del Poder Ejecutivo hecha solo a dirigentes de Asociaciones de Desarrollo para decidir el apoyo o rechazo del Anteproyecto del Reglamento al artículo 78 inciso 6) de la Ley de Biodiversidad, y pidieron que se cumpla con lo establecido en el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
Tanto el CONAI, que aglutina a todas las organizaciones de los territorios indígenas, como diversas Asociaciones de Desarrollo Integral (ADI), sostienen que la verdadera consulta debe abarcar a todos los habitantes de los pueblos autóctonos.
El 26 de noviembre anterior, en una nota el Gobierno les otorgó diez días a los pueblos indígenas para que se pronuncien en torno al decreto en mención, que permite patentar el conocimiento y plantas, entre otros, de los pueblos originarios de nuestro país.
Una respuesta en tal sentido fue enviada a Marco Vinicio Ruiz, Ministro de Comercio Exterior; a Roberto Dobles Mora, Ministro del Ambiente, Energía y Telecomunicaciones y a Viviana Martín Salazar, Ministra de Justicia y Gracia.
El Vicepresidente del CONAI, Víctor Julio Mena Mena, vecino del Territorio Indígena Huetar de Quitirrisí de Mora, informó a las autoridades que la Junta Directiva de la organización hizo varias aclaraciones sobre la obligación y forma que tienen los Estados de consultar a los Pueblos Indígenas cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles directamente.
Mena precisó que el Convenio deja en claro que la consulta a los pueblos indígenas sobre la expedición de cualquier Ley, Reglamento o medida administrativa que les afecte ha de hacer antes de iniciar cualquier trámite.
En cuanto a los procedimientos apropiados aclara que un evento de carácter meramente informativo, como se pretende hacer por parte del Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones y el Ministerio de Justicia, "no, y reitero, no puede tomarse como un procedimiento apropiado de consulta previa, libre e informada ya que no constituye en ningún momento, el cumplimiento formal de la consulta a las comunidades indígenas en su totalidad".
Mena resaltó que la consulta debe hacerse a través de sus instituciones representativas, que sería a través de las Asociaciones de Desarrollo Integral Indígenas (ADI), de cada uno de los veinticuatro territorios indígenas existentes en Costa Rica.
Explicó que de esta forma, las ADI serían las facilitadoras para convocar a toda la comunidad indígena dentro del territorio, sean asociados o no a la misma.
"Dicho procedimiento consistiría en que la Asociación de Desarrollo como Gobierno Local proceda a convocar a toda la comunidad Indígena, para lo cual se le deberá de dotar de fondos y tiempo suficiente para ese proceso, entre otras cosas", apuntó Mena. (Fuente: elpais.cr | 19/12/08)