Tratados de Libre Comercio, Economías Campesinas y Cultivos Ilícitos en Colombia

30-7-09

Tratados de Libre Comercio, Economías Campesinas y Cultivos Ilícitos en Colombia

Oxfam / Jueves 30 de julio de 2009

La Oficina en los Estados Unidos sobre Colombia (USOC) y Oxfam GB, coordinaron la visita del investigador Andrés García a Washington D.C. para la presentación de su investigación, patrocinada por Oxfam, sobre la comunidades productoras de coca en la Región del Patía en el Sureste de Colombia, en la que se explica porque los programas antinárcoticos en esta región han fracasado, y porque el TLC entre USA y Colombia podría llevar a un aumento en el número de cultivos de coca. Andrés se reunió con miembros del Congreso norteaméricano y funcionarios de los Departamentos de Estado y Trabajo, para discutir los eventuales impactos del TLC sonre las economías campesinas y los cultivos de cocaEl estudio “Incentivos y motivaciones de los campesinos de la región del Patía para adoptar o abandonar los cultivos de coca para uso ilícito: Un estudio de caso cualitativo”, contratado por Oxfam GB – Colombia (Junio 2009), ilustra las condiciones socioeconómicas de los campesinos que han estado o están involucrados con el cultivo de coca para uso ilícito y analiza i) los factores que han llevado a estos pequeños productores a dedicarse al cultivo de coca, ii) los efectos que han tenido sobre éstos tanto la política antidrogas como la liberalización comercial y iii) los aspectos que podrían incidir en que estos campesinos dejen efectivamente estos cultivos.

Basado en el trabajo de campo realizado en dos comunidades campesinas (ubicadas en los departamentos de Cauca y Nariño) – en el que se llevaron a cabo diez entrevistas estructuradas, tres historias de vida de líderes campesinos y siete grupos focales con campesinos –, el estudio se centra en los campesinos en vez de enfocarse en los cultivos de coca, llamando la atención sobre la necesidad de cambiar el abordaje al problema de la coca. El enfoque tradicional, obsesionado con las cifras de hectáreas de coca, ha dejado de lado la comprensión de las causas históricas que han llevado a los pequeños productores a producir coca; no obstante, éste sigue siendo el enfoque más influyente en la puesta en práctica de la política antidrogas. Todas las iniciativas de política que se desprenden de este tipo de análisis han cometido errores gravísimos de manera reiterada, ya que no reconocen que el problema de la coca debe enmarcarse dentro de complejos fenómenos económicos, sociales, tal como la evolución de las formas y relaciones de producción existentes en el agro, el grado de presencia del Estado en el territorio colombiano y la inserción económica y política de las regiones en la sociedad colombiana.

Si bien el estudio tiene un carácter cualitativo, y en ese sentido no cuenta con representatividad estadística ni con correlaciones cuantitativas, sino más bien con comprensiones más complejas de una realidad social en un contexto determinado, debido a las características similares de los hogares campesinos en Colombia – principalmente, en términos de sus condiciones estructurales, niveles de pobreza, tenencia de la tierra y modos de producción –, los resultados encontrados en la región estudiada sirven para ilustrar la situación de los campesinos involucrados con los cultivos de coca a lo largo del país (80,000 hogares).

Uno de los principales resultados del estudio de caso es que los campesinos de esta región adoptaron los cultivos de coca para uso ilícito a finales de los noventa como medio de subsistencia. Luego de que sus cultivos tradicionales (maíz, trigo, fríjol) entraran en crisis a finales de los ochenta y de que las políticas de liberalización comercial de comienzos de los noventa permitiesen que los productos agropecuarios importados se impusieran en el mercado colombiano, los campesinos quedaron sin sustento de vida alguno, razón por la cual se vieron abocados a producir coca para uso ilícito como única fuente de ingresos.

No obstante, la ganancia mensual de un pequeño productor de coca (que, en promedio, posee una hectárea) es muy baja (USD 188), siendo ésta incluso menor que el salario mensual mínimo vigente en Colombia (USD 249). A pesar de la poca ganancia y de los altos costos asociados a la producción de coca – particularmente, en términos de los altos niveles de violencia, la criminalización por parte del Estado y la pérdida de la cohesión social –, los campesinos continúan dedicados a ésta debido a la inviabilidad de otros cultivos. Falta de vías de acceso, de distritos de riego adecuados, de tierra suficiente y apropiada, de acceso al crédito y a canales de comercialización son algunos de los obstáculos que los pequeños productores tienen que superar para dedicarse a los productos legales.

Las políticas represivas, como la aspersión aérea y la erradicación manual forzada, mientras que no han cumplido sus propios objetivos en términos de reducción de áreas de coca cultivadas, aumento del precio final de la cocaína y disminución de su disponibilidad, en cambio, sí han tenido consecuencias nefastas para la vida de los campesinos. Entre otros aspectos, estas políticas han generado en las comunidades desplazamiento forzado, inseguridad alimentaria, pérdida de los cultivos y reclutamiento de los jóvenes en los grupos armados ilegales. Por otro lado, los proyectos de desarrollo alternativo no han ofrecido a los campesinos una alternativa real a la producción de coca, que sea sostenible en el tiempo. Como factores que pueden estar incidiendo en el fracaso de estos proyectos se señalan la falta de participación efectiva, la puesta en práctica de modelos de producción que vuelven a los campesinos dependientes de insumos químicos, falta de comercialización garantizada, requisitos de entrada a los proyectos que no tienen en cuenta la realidad de los campesinos, como la exigencia de que éstos erradiquen todos los cultivos de coca antes de hacer parte de los proyectos.

Sin embargo, vale la pena mencionar que las comunidades mismas están llevando a cabo iniciativas productivas distintas a los cultivos de coca para uso ilícito. Por ejemplo, una asociación de campesinos está desarrollando su propio proceso de sustitución de los cultivos de coca basados en una concepción integral de la producción agropecuaria y en el fortalecimiento organizativo de la comunidad. Para los campesinos, el abandono de los cultivos de coca puede tener lugar si cuentan con el apoyo para realizar sus iniciativas productivas, acceder de manera efectiva a los servicios sociales básicos y son considerados por el Estado como ciudadanos con plenos derechos.

El impacto potencial del Tratado de Libre Comercio sobre los campesinos es evidente. Este tratado los excluirá aún más del círculo de la riqueza y el bienestar, profundizará su dependencia en los cultivos de coca para uso ilícito como forma de subsistencia e incrementará su vulnerabilidad. Por la manera en que el acuerdo está planteado, es indudable que éste va a beneficiar a los latifundistas y a los grandes capitalistas del agro, empeorando así la ya grave tendencia de concentración de la tierra. Por lo tanto, es de suma importancia tener en cuenta los efectos que dicho tratado va a tener en los campesinos colombianos y en los problemas estructurales que han sido el origen y motor de los conflictos sociales y políticos que ha experimentado este país por más de seis décadas

source : Prensa Rural

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