El aspirante presidencial por el centro izquierdista Partido Acción Ciudadana (PAC) de Costa Rica, Ottón Solís, aseguró que si gana las elecciones del 2006 renegociará el Tratado de Libre Comercio (TLC) Centroamérica-Estados Unidos. Si Estados Unidos creyese en el libre comercio, empezaría por eliminar los subsidios agrícolas que otorga a sus productores y con los cuales coloca en desventaja a los centroamericanos que no cuentan con esa ayuda de sus gobiernos, dijo el candidato.

La cúpula empresarial de Costa Rica comenzó a presionar al presidente Abel Pacheco para que presente el acuerdo al parlamento, algo que el mandatario ha condicionado a la aprobación de un proyecto de ley de reforma fiscal. El empresariado insiste en presentar el TLC al Congreso y paralelamente echar a andar una agenda complementaria para resolver la situación de los grupos que resulten perdedores por la avalancha de productos estadounidenses que se vaticina.

La apertura al sector privado de las comunicaciones y seguros estatales resulta uno de los principales puntos de discordia y polarización en este país. El TLC es rechazado por sectores de la sociedad civil, tanto costarricense como centroamericana, que lo consideran perjudicial para la mayoría de los 35 millones de habitantes de la región, en particular para los pequeños productores.

No es beneficioso

Un TLC con Centroamérica y Estados Unidos no sería beneficioso para el República Dominicana, afirmó Miguel Ceara, funcionario de Naciones Unidas en este país. Ceara, coordinador de la Oficina de Desarrollo Humano del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), consideró imprescindible hacer reformas previas que permitan al sector productivo nacional ser más competitivo.

El presidente de la Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios (ANJE), Richard Lueje, declaró que el acceso al mercado siempre es deseado, pero "hay temas que deben ser discutidos porque no somos suficientemente competitivos". "Ni a nivel de consumidor, ni empresarial, y no podemos ir a un Tratado de Libre Comercio con las distorsiones que tenemos", recalcó.
Lueje y Ceara coincidieron en estos señalamientos al participar en la "Mesa Redonda Sobre Transparencia y Gobernabilidad" organizada por la Fundación Institucionalidad y Justicia (FINJUS) en la Universidad Iberoamericana.

En el país, afirmaron, hay que hacer reformas fundamentales en la economía, como la solución al problema eléctrico, revisar las tasas de interés e intermediación financiera, mejorar la infraestructura nacional, el estado de derecho y el aparato productivo.

Además, agregaron, hay que mejorar la justicia, el nivel educativo y la calidad de la fuerza de trabajo, a fin de desarrollar un modelo que se sustente más en el uso de tecnología que en la abundancia de mano de obra. Todas estas reformas deberían ser hechas de aquí a dos años. De no hacer esos cambios, indicó Ceara, simplemente el país habrá abierto su economía "a cambio de nada".

Si el TLC entra en vigencia con las condiciones actuales, recalcó, la consecuencia inmediata para el país sería la pérdida de competitividad permanente, "porque antes tenía acceso al mercado norteamericano a cambio de preservar lo que ya tenía".

Por su parte, el gobierno dominicano podría adelantar el sometimiento al congreso nacional de un proyecto de ley para aplicar una nueva reforma fiscal si el TLC con Estados Unidos y Centroamérica se aprueba. Así lo afirmó, Vicente Bengoa, secretario de Finanzas, para quien el Tratado producirá una disminución de los ingresos del gobierno por el desmonte gradual del arancel aduanero y la comisión cambiaria.

Para el año 2006, esa medida representaría dos mil 600 millones de pesos (91,2 millones de dólares) dejados de recibir por concepto de aranceles y 21 mil millones de pesos (736,8 millones de dólares) por eliminar la comisión cambiaria. "Esa cantidad de recursos que vamos a perder la compensaremos con impuestos de otra naturaleza", subrayó Bengoa, aunque no dijo cuáles serían los sectores nacionales que se pretende gravar.
"Acordamos con el Fondo Monetario Internacional tener listo el borrador (de la reforma fiscal) en septiembre, pero no hay fecha para someter al congreso el proyecto de ley, pues todo dependerá de la aprobación del TLC en Estados Unidos", dijo.

Bush contra reloj

El Congreso norteamericano tiene un plazo de 90 días para aprobar el Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, Centroamérica y República Dominicana (CAFTA-DR), sometido a su consideración el 23 de junio por la Casa Blanca. El representante para el Comercio Exterior estadounidense Rob Portman sorprendió a muchos cuando anunció la decisión del gobierno de enviar el tratado al legislativo en momentos que se entendía no tenían los votos necesarios para su aprobación.

Aunque en votaciones en dos Comités del Senado y la Cámara de Representantes, el pacto fue aprobado, fuentes congresionales consideran que la Casa Blanca aún no reunió los sufragios necesarios para aprobar su principal iniciativa comercial. Las industrias textil y azucarera y los sindicatos de trabajadores, así como la gran mayoría de los legisladores del Partido Demócrata, se oponen a ratificar el acuerdo.

La semana pasada, Bush lanzó una desesperada ofensiva para la aprobación del Acuerdo e incluso se especuló de la compra de votos de algunos legisladores ofreciéndoles prebendas que beneficiarán a las industrias textiles y azucareras locales.

Analistas rechazaron la tesis del mandatario quien argumentó que el CAFTA-DR detendrá el flujo migratorio de centroamericanos en busca de trabajo hacia la Unión. Las mismas fuentes ponen como ejemplo que a varios años del tratado con México y Canadá, el número de inmigrantes mexicanos hacia Estados Unidos creció.

Según trascendió, el gobernante norteamericano aspiraba a que el arreglo fuera aprobado antes del receso congresal del 4 de julio. La Casa Blanca se enfrascó es una dura puja para buscar apoyo a esta iniciativa al considerar que la misma servirá para destrabar las negociaciones del Area de Libre Comercia para las Américas (ALCA) que debía firmarse el 5 de enero último.

Aumentan voces en EEUU contra el tratado

Líderes políticos, sindicales y religiosos estadounidenses unen hoy sus voces contra el acuerdo. La movilización contra el CAFTA-DR (siglas en inglés del tratado) tiene lugar en momentos en que el presidente George W. Bush amenaza con invocar la ley de Autoridad de Promoción Comercial o "fast track", para sacar adelante el proyecto comercial en el Congreso.

En opinión de sus detractores, el acuerdo comercial afectará a los trabajadores más pobres de la región y a los hispanos-norteamericanos en particular. Esta afirmación, dicen, está basada en la experiencia sacada del Tratado de Libre Comercio firmado por Estados Unidos, Canadá y México (TLC) 10 años atrás, promocionado como "una fuente generadora de progreso, desarrollo y empleos", sobre todo para la nación azteca. "Pero 10 años más tarde no se han cumplido ninguna de esas promesas", declaró Patricia Campos, directora legislativa de UNITE HERE, al diario hispano La Opinión.

La organización de Campos representa a casi medio millón de empleados de la industria textil y restaurantes, entre otros sectores, que se oponen al CAFTA-DR.

El líder de la minoría demócrata en el Senado, Harry Reid, por su parte, llamó la atención sobre el aumento de la inmigración indocumentada procedente de México en el último decenio. Durante los debates del TLC se dijo que el acuerdo redundaría en la disminución de la entrada de indocumentados mexicanos, pero no ha sido así, agregó el legislador.

En iguales términos se manifiesta el congresista demócrata de Arizona Raúl Grijalva, quien considera que existe una relación directa entre este tipo de acuerdos comerciales y la inmigración indocumentada.

El CAFTA-DR será una réplica del TLC, sentenció el miembro del grupo de legisladores latinos (caucus) opuesto al pacto comercial. En opinión de analistas, Bush tiene ganada la batalla por el CAFTA-DR en el Senado, donde los republicanos ostentan la mayoría. Sin embargo, en la Cámara de Representantes, de 435 miembros, no le será tan fácil lograr su propósito debido a que se necesita una mayoría simple de 218 votos para ratificar el acuerdo. Se calcula que aproximadamente 190 demócratas y 40 republicanos se oponen al acuerdo.