Jadeante por el cansancio, y con la frente empapada en sudor, el indígena Benjamín Montoya hace saber que su esfuerzo de caminar cerca de 65 kilómetros desde Guamo hasta Ibagué (Tolima), en medio de las inclemencias del sol y la lluvia, será fundamental para mejorar las condiciones de vida de sus 13 hijos y de sus siete nietos.

Benjamín, armado de un cartel en el que exige el respeto a sus derechos, es una de las ocho mil personas que desde el martes en la mañana participan en una marcha popular para expresar, entre otros, un rotundo rechazo al Tratado de Libre Comercio (TLC) y demandar del Estado una vida digna y la autonomía de los pueblos.

En la marcha participan 110 comunidades indígenas del Tolima, Cauca, Risaralda, Caldas y de la Sierra Nevada de Santa Marta. Además, 13 sectores sociales que incluyen a campesinos y a juventudes.

El presidente del Consejo Regional Indígena del Tolima (Crit), César Culma, explicó que la marcha ya arrojó el primer resultado. "El Gobierno Nacional enviará una comisión que nos recibirá el viernes en Ibagué", afirmó el dirigente.

"Enfrentamos problemas de miseria, de hambre y también resultamos afectados por el reclutamiento de nuestros jóvenes en grupos armados", agregó Culma.

Ayer, a la 1:30 de la tarde, y luego de siete horas de camino, la movilización llegó a la inspección de Gualanday, en Coello, a 25 kilómetros de Ibagué.

Recorrieron 25 kilómetros en condiciones climatológicas mucho más favorables a las que tuvieron que enfrentar el martes, cuando el intenso calor de 35 grados centígrados diezmó la marcha.

Así, armados con morrales y mochilas, sombreros, y botellas con agua de panela, los marchantes esperan llegar hoy a la Feria de Exposiciones (Fexpo) en Picaleña y mañana al Parque Murillo Toro, frente a la gobernación del Tolima.

¿Qué exigen?

– Ampliación de la cobertura de educación. Por lo menos 2.500 niños indígenas no tienen educación.

– Reducir el índice del 66,4 por ciento de la pobreza y del 31 por ciento de indigencia en el departamento.

– Que no sea aprobado el proyecto de ley por medio del cual se privatiza la administración de los recursos naturales.

– Respeto a los derechos humanos y a la autonomía territorial de los indígenas (250 líderes indígenas han sido asesinados en 10 años y 480 familias han sido desplazadas).