Tratados de libre comercio y sistema sanitario
Por JORGE PÉREZ ALCÁNTARA*, 19-3-15
Mientras los grandes medios de comunicación están ocupados casi exclusivamente con los casos de corrupción pasan desapercibidos los acuerdos comerciales y de inversión que se están negociando en el mundo, con total opacidad y sin control democrático: Tratado Transatlántico de Comercio e Inversión (TTIP), Tratado de Comercio Canadá Europa (CETA) y el Tratado sobre Comercio de Servicios (TiSA) y otros.
Estos tratados, son un útil instrumento para favorecer las privatizaciones de nuestro sistema sanitario en beneficio de grandes compañías transnacionales, aunque seguramente no es necesario que se aprueben para que nuestro sistema sanitario acabe siendo desmantelado, amenazado como está por los intereses de corporaciones del sector, aseguradoras, fondos de inversión y otros agentes económicos, con el apoyo más o menos entusiasta de sectores políticos, dentro y fuera del actual gobierno.
Con estos tratados se profundizará en el proceso de eliminación del derecho universal y equitativo a la salud; la inclusión de los servicios de salud en ellos solo puede ser interpretado como la voluntad de las grandes empresas del sector de apropiarse de cuotas crecientes de los presupuestos sanitarios públicos. Hace unos días se hizo público un documento presentado en las negociaciones del TiSA que afectaba al consumo de servicios sanitarios en el extranjero y que proponía que los seguros, incluidos los públicos, se hiciesen cargo de los gastos de intervenciones realizadas fuera del propio país. Aunque la Comisión se ha desentendido, lo cierto es que esta propuesta se ha presentado y es seguro que otras le acompañarán. Se trata de explorar cómo se puede transformar una parte del enorme gasto sanitario público en beneficios de estas empresas, aunque lo llamen mecanismos de facilitación del comercio.
Otro escenario en el que nos podemos ver es que se permita la existencia de sistemas de seguros privados en competencia con la Seguridad Social o en sustitución de ésta. El RD16/2012 no solo acabó con la prestación universal, ligando la atención sanitaria a la condición de asegurado, lo que creó bolsas de exclusión, también permitió estar fuera de la Seguridad Social a las personas con rentas superiores a 100.000 euros. Esto se puede repetir desgajando otros colectivos del sistema público. De esta forma se crean grupos de clientes para las empresas sanitarias privadas dispuestas a extender su negocio.
Las reglas de acceso a los mercados de los tratados comerciales facilitarán la entrada masiva de grandes compañías transnacionales a las que se reconocerá el derecho al llamado trato nacional. Todo quedará listo para que gigantes económicos presionen y maniobren para hacerse con la gestión de hospitales públicos o a la creación de sistemas paralelos dirigidos a una parte de la población, la que pueda pagar.
Se pretende una transformación radical y sin vuelta atrás. Con su entrada en vigor se pondrán en marcha mecanismos de irreversibilidad de los avances hacia la liberalización: el ISDS y las cláusulas Standstill y Ratchet.
El ISDS es el mecanismo de resolución de discrepancias entre inversores y Estados. Permitirá a las empresas recurrir a tribunales de arbitraje internacionales en el caso de que se sintieran perjudicadas por una decisión estatal que afectase a sus expectativas de beneficio. Son tribunales independientes del sistema judicial que pueden imponer a los Estados fuertes multas por supuestas violaciones de los intereses comerciales, dejando al margen nociones tan poco compatibles con el mercado como el interés público, la equidad o la lucha contra la exclusión. Este sistema aunque está generando muchas resistencias en la negociación del tratado con EE UU, (TTIP), está incluido en el tratado con Canadá que ya ha sido aprobado. Pretenden con él, provocar un efecto intimidatorio que evite cualquier regulación contraria a los intereses de los grandes lobbies. Cuando se instale una empresa a gestionar hospitales o servicios de Salud, llega para quedarse y para tener beneficios; el Estado no se atreverá a plantear nada contrario a sus intereses, por temor a las indemnizaciones millonarias.
Las clausulas Standstill y Ratchet son mecanismos incluidos en el TiSA que impedirán la reversión al dominio público de servicios que ya se encuentren privatizados a la entrada en vigor del tratado (standstill) o sean privatizados en cualquier momento posterior (ratchet). Es decir si un gobierno decidiera transformar el sistema sanitario pasando a un sistema de seguros privados o simplemente entregase la gestión de sus hospitales y centros de salud a empresas privadas (como ya se ha empezado a hacer en España), en ausencia de una reserva que excluyera explícitamente el sector sanitario, no se podría volver al modelo público. Ni siquiera ante la evidencia del fracaso del proceso de privatización.
En la 8ª ronda de negociaciones del TTIP del pasado febrero, se profundizó en el Consejo de Cooperación regulatoria, situado jerárquicamente en igualdad frente a otros reguladores, podrá imponer su veto a toda legislación contraria al interés corporativo. Así, toda actividad normativa que se planee, en materia sanitaria o de salud, tendrá que cuidarse de no interferir en los intereses económicos de las multinacionales, so pena de ser paralizada antes incluso de llegar a ser regulada. Más aún, en la última negociación, la propuesta de la Comisión Europea, en su artículo 11.2 introduce la posibilidad de revisar toda regulación planeada o «existente», lo que es muy grave y podría suponer el desmantelamiento rápido de nuestro Sistema Público de Salud.
La salud no es una mercancía ni una ocasión para hacer buenos negocios. Es un derecho de todos.
(*) Firman también este artículo Antonia Molina Habas y Vicente Pertegás Ruiz, miembros de ACDESA Alacant.