En los últimos nueve meses, los frenteamplistas se encontraron con una serie de decisiones contradictorias a los postulados originales de la izquierda uruguaya que bajan directamente del gobierno sin mucho margen para la discusión. La toma de posición y la diferencias de criterio al respecto dividen el escenario entre el gobierno, encabezado por Tabaré Vázquez, y la fuerza política que lo llevó al poder.

El 20 de mayo del año pasado el gobierno firmó un decreto interpretativo de la Reforma Constitucional sobre el agua, aprobada a través de un plebiscito que se realizo el 31 de octubre de 2004. La norma generó el primer cortocircuito por sus contradicciones con la letra de la Reforma, que establece la estatización de los servicios de agua potable y saneamiento, reconociéndolos como derechos de todos los uruguayos.

Según el decreto, "las personas jurídicas no estatales que tengan la calidad de prestatarios del servicio público de saneamiento o del servicio público de abastecimiento de agua para el consumo humano, en virtud de contratos celebrados con anterioridad al 31 de octubre de 2004, continuarán suministrando dichas prestaciones hasta el vencimiento del plazo originalmente pactado, sin perjuicio de las acciones que puedan corresponder en caso de incumplimiento".

Gracias a esta interpretación la empresa Aguas de la Costa, subsidiaria de la multinacional Suez y prestataria de una parte del servicio en el departamento de Maldonado, podrá continuar con su concesión hasta el año 2018.

La segunda diferencia significativa tuvo su epicentro en el propio Gabinete, donde surgieron, según el ministro de Economía Danilo Astori, "intensas, profundas y por momentos tensas" discusiones por el Presupuesto Quinquenal, cuyo proyecto se presentó a fines del mes de agosto pasado. De un lado, algunos ministros, como José “Pepe” Mujica (Ganadería, Agricultura y Pesca), reclamaban el 4,5 por ciento del Producto Bruto Interno (PBI) para educación, un compromiso histórico del Frente al que no estaban dispuestos a renunciar. Pero a Astori no le daban los números, teniendo en cuenta los convenios de pago acordados con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

La última palabra, por supuesto, la tuvo el presidente Tabaré Vázquez, que al final decidió incluir el 4,5 por ciento. Astori siguió sin poder cerrar sus cálculos y amenazó con separarse del cargo, sin llegar a presentar una renuncia formal. Antes intervino Mujica, quien convenció al titular de Economía de seguir adelante: "Lo que le dije es, vos sos brillante y lo sabés, y al mismo tiempo sos soberbio, generás poco ambiente para trabajar en equipo, pero te necesitamos, necesitamos que permanezcas". Luego Mujica también agregó que la renuncia de Astori hubiese significado “una corrida en materia de confianza generalizada y su eventual sucesor, cualquiera fuera, en esas circunstancias, iba a tener que tomar decisiones mucho más dramáticas hacia la derecha".

Otro capítulo de los conflictos se desarrolló en el Congreso. A principios de octubre de 2005, la mayoría de los legisladores frenteamplistas aprobaron la participación de Uruguay en la nueva edición del Operativo UNITAS, el “ejercicio defensivo” de carácter naval que dirige Estados Unidos desde 1959 y al que se suman Brasil, Argentina y España. En esa oportunidad, el diputado socialista Guillermo Chifflet, junto a otros seis legisladores del Frente Amplio, votó en contra de la medida.

En su intervención en la Cámara baja dijo que a su juicio “todos los adiestramientos, cursos de enseñanzas, operaciones conjuntas y operaciones UNITAS, apuntan a determinados objetivos que no son los nuestros ni son asépticos. En materia de preparación nos enviaron hasta técnicos en torturas. ¿Esa es la incorporación tecnológica? Nunca es la lógica del enemigo la que nos beneficia. Nunca está la lógica del centro imperial por encima de las clases y en defensa de nuestro pueblo (...) ¡Allá ellos con su política! Nosotros tenemos la obligación de ser consecuentes en la defensa de lo que yo considero son los más altos intereses nacionales.”

Dos meses después, ante la disyuntiva de votar a favor o en contra del envío de tropas a Haití, Chifflet decidió levantarse de su asiento y dejar la Cámara de Diputados. "Acepto un mando imperativo pero renuncio a la bancada, me voy a retirar de sala", dijo. Actualmente, el ex diputado, que continúa en el Partido Socialista y en el Frente Amplio, emprendió la organización de un foro que juzgue y contribuya a las acciones del gobierno sobre la base de líneas antiimperialistas, anticapitalistas y socialistas.

Un hecho aún más traumático para las fuerzas progresistas fue el proceso de ratificación del Tratado de Protección Inversiones con Estados Unidos, cuyas negociaciones se producían en el mismo momento en que Uruguay rechazaba el Area de Libre Comercio de las Américas (ALCA) en la IV Cumbre de las Américas, junto a sus socios del Mercado Común del Sur (MERCOSUR) y Venezuela.

El Ejecutivo pidió a sus legisladores que ratificaran este tratado que firmó el ex presidente Jorge Batlle justo antes de traspasar el mandato a Tabaré Vázquez. Más allá de las diferentes resistencias que generó el tema en las filas del Frente Amplio, la mayoría de los senadores y diputados decidió responder favorablemente, acatando el “mandato imperativo” o la disciplina partidaria.

En diálogo con APM, Félix Vitale, integrante de la Mesa del Frente Amplio en Argentina por la Corriente de Izquierda (CI), reconoció que su sector no tenía muchas ilusiones con respecto al equipo gobernante, aunque apostaba a que las discusiones fundamentales se trataran a nivel orgánico: “Nunca estimamos que se iban a tomar medidas de tal magnitud para cumplir deberes con el imperialismo; medidas que, además, se tomaron con mucha velocidad, sin intervención y con una fuerte presión sobre los diputados y senadores del Frente”.

Vitale también reclamó coherencia: “No se puede ir a Mar del Plata a oponerse al ALCA y, al mismo tiempo, firmar un tratado bilateral de inversiones con el principal promotor del ALCA. Se trata de una actitud difícil de digerir, incluso para los aliados estratégicos latinoamericanos. No se puede venir a plantear, como lo hizo el ‘Ñato’ Fernández Huidobro, que estas medidas son las que corresponden a un gobierno progresista, o que los uruguayos en Haití están llevando adelante una línea antiimperialista. Fernández Huidobro ha sido un eficaz legitimador del gobierno. Nadie se animó a decir las cosas que él dijo. Ni siquiera el ‘Pepe’ Mujica”.

Ahora una nueva polémica está en marcha, una polémica que trascendió las fronteras uruguayas por sus posibles consecuencias en el Mercosur. El primero en tirar la piedra fue Danilo Astori, quien declaró días atrás al semanario “Búsqueda” que su intención era “comenzar a negociar cuanto antes” el Tratado de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos, aprovechando que el tema está en la agenda de Washington.

Inmediatamente, el canciller Reinaldo Gargano salió a desmentir que Uruguay planeara firmar un TLC de tales características, pero los cierto es que el tema logró instalarse con diferentes posiciones en el ámbito interno y externo.

El diario La República de Montevideo, en su edición del miércoles 11 de enero, aseguró que “Este año se vota Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos”, basándose en las fuentes de Antonia Yánez, una especialista uruguaya en temas internacionales. Yañes sostuvo que “responsables del gobierno del doctor Tabaré Vázquez” le confiaron que “un TLC con Estados Unidos seguramente se estará votando entre agosto y octubre de este año por el Parlamento”.

Por su parte, los gobiernos de Brasil y Argentina aseguraron que la tendencia que está mostrando Uruguay es sintomática. "Estas manifestaciones deben llamarnos a la reflexión. Si Uruguay no ve que el MERCOSUR le de los resultados que espera, o cree que estos son insuficientes, hay que discutir cómo hacemos para encontrar las soluciones. Es una responsabilidad de los dos países más grandes", dijo que canciller Celso Amorim en una conferencia de prensa, luego de reunirse con su par argentino Jorge Taiana en Brasilia.

Sin embargo, el funcionario también advirtió que “será imposible que un socio del MERCOSUR negocie individualmente acuerdos comerciales, a menos que pretenda dejar el bloque, decisión sobre la cual no fuimos informados”.

En opinión de Félix Vitale, la propuesta del TLC se enmarca en la estrategia de Estados Unidos para llevar adelante el ALCA por otros caminos, apoyada por lo que él llama un “uruguayismo cipayo”. Según el dirigente frenteamplista, se trata de “reivindicar al Uruguay como Estado ‘tapón’, una tendencia que los yanquis iniciaron con Jorge Batlle y que, en alguna medida, están concretando con el gobierno del Frente”. En este contexto, Vitale no duda que el TLC, tras una larga discusión, siga el mismo camino del tratado de inversiones “vulnerando la esencia del rechazo al ALCA de Mar del Plata y resquebrajando al bloque regional”.