Bolivia: la derecha reactiva su campaña a favor del TLC

El operativo comenzó en Santa Cruz a cargo de empresarios y productores de soya; el ex coordinador alterno del TLC Julio Alvarado siguió con el plan y ahora el jefe del derechista Podemos, Jorge Quiroga, el principal partido de oposición, despliega una arremetida desde el Congreso y la Prefectura de La Paz contra los responsables del equipo gubernamental encargado del comercio exterior.

Desde hace dos semanas los productores de soya critican insistentemente al gobierno por su “inactividad” frente al virtual cierre de los mercados andinos para las oleaginosas bolivianas a raíz de la firma del TLC entre Colombia, Perú y Estados Unidos.

Los productores del oriente no asumieron una posición clara frente al tratado (en principio rechazaron el TLC, pero luego se subieron al carro del libre comercio de manera irreflexiva) y tampoco exigieron explicaciones a las anteriores gestiones de gobierno que aseguraban que el TLC, “de ninguna manera”, perjudicaría a la agroindustria nacional.

Una vez clarificadas las consecuencias de la liberalización comercial con la potencia del norte, los soyeros ahora culpan a la administración de Morales de la pérdida de mercados, pero las autoridades responden que no es lógico exigir a un gobierno que haga en un mes lo que sus predecesores no hicieron en tres años.

El ex coordinador alterno del TLC Julio Alvarado se fue del cargo criticando la “irresponsabilidad” del actual gobierno por negarse a negociar un acuerdo de libre comercio con Estados Unidos. Sin embargo, Alvarado y su equipo se pasaron años “observando” la negociación de los países andinos con Estados Unidos sin haber podido proteger a la principal agroindustria nacional. Alvarado y algunos empresarios viajaron en diciembre pasado a Bogotá y Lima buscando resguardar el mercado andino para las oleaginosas, pero las gestiones no tuvieron ningún resultado. Ahora, el ex funcionario ineficiente -a decir del Vicepresidente Alvaro García- cuestiona el no haber mandado “observadores” a la última ronda bilateral de Colombia y Estados Unidos en Washington.

La derecha presiona

La negociación comercial y de mercados no se detiene y no espera a que los gobiernos se instalen y se acomoden, observa el ex presidente y líder de la principal fuerza política de oposición Jorge Quiroga, para quien fue un error permitir que Bolivia permanezca como observadora en las negociaciones del TLC con EEUU desde 2004. El jefe de Podemos advierte que si el gobierno no actúa en las próximas semanas y si no negocia un TLC con Estados Unidos, “tendremos que lamentar desempleo masivo en zonas tan importantes de Bolivia como La Paz, El Alto y Santa Cruz”.

Quiroga y sus seguidores han decidido continuar con la campaña para presionar al gobierno desde el flanco político. Los hermanos Paredes, militantes activos del partido de Tuto, parecen ser la punta de lanza.

El prefecto de La Paz José Luis Paredes sugiere al Presidente Morales que envíe una carta a su colega de Estados Unidos pidiéndole iniciar las negociaciones para el TLC; “todo pasa por la carita pidiendo negociar en las condiciones más dignas las exportaciones actuales de las industrias de El Alto, no hay que dejarse vencer por un ‘complejo ideológico político’ y actuar con el pragmatismo de Hugo Chávez”, sugiere el prefecto paceño, quien asegura que la no firma del TLC perjudicará en primer lugar a El Alto cuando termine la vigencia de la Ley ATPDEA a fines de este año.

En tanto, la hermana de Pepe Lucho, Claudia Paredes, diputada por Podemos, prepara junto a la brigada parlamentaria de La Paz una interpelación al equipo económico del gobierno en el Congreso por la supuesta demora en la negociación del TLC.

Hace poco, Gabriel Dabdoub, presidente de la patronal Cámara de Industria y Comercio de Santa Cruz (Cainco), declaró en El Alto que las manufacturas alteñas (el 70% de las exportaciones bolivianas a EEUU) corren el riesgo de desaparecer si no se renuevan las preferencias arancelarias del ATPDEA con un tratado de libre comercio.

¿A quién beneficia el libre comercio?

Generalmente los empresarios y políticos que bregan por un TLC con Estados Unidos no dimensionan los beneficios y los riesgos del acuerdo comercial. Según las estadísticas oficiales, sólo el 14% de las exportaciones bolivianas se destina al mercado norteamericano (más de 380 millones de dólares en 2005). De ese total, un poco más de la mitad se beneficia con las preferencias arancelarias del ATPDEA, en tanto que la otra parte entra al mercado del norte sin ninguna preferencia arancelaria.

Esto significa que la gran mayoría de las exportaciones a Estados Unidos continuarán a pesar de que Bolivia no firme un TLC y a pesar de que no se amplíen las preferencias de la Ley de Promoción Andina y Erradicación de Drogas (ATPDEA), que solamente representa 7% de las exportaciones a EEUU y apenas el 1,25% de todas las exportaciones del país.

La pregunta que se hace la amplia mayoría de gremios productivos que no se benefician directamente con el TLC es: ¿Vale la pena negociar un TLC para el 1,25% de las exportaciones bolivianas (muebles, madera, ropa, joyas y otras manufacturas) a cambio de que el Estado boliviano pierda su soberanía, sus derechos y la posibilidad de construir un país más justo y equitativo?

Al menos el 70% de la economía boliviana depende de pequeños productores y campesinos que no pueden competir con los productos subvencionados agrícolas y manufacturados de Estados Unidos. Esta gente teme correr la misma suerte de los más de 1,3 millones de campesinos mexicanos que perdieron su trabajo, y de los 28 mil micro/medio empresas que quebraron luego de que su país firmara un TLC con Estados Unidos.

“No queremos que los soyeros impongan sus puntos de vista porque los que importan son los pequeños productores. Los empresarios traen transgénicos a nuestro país con los consecuentes daños para la salud y la alimentación. Morales no puede firmar un TLC, él tiene que defender nuestros intereses porque es el Presidente de las comunidades indígenas”, opina Benedicta Willka, de la Confederación de Mujeres Campesinas Bartolina Sisa.

Según Carlos Colque, las denuncias de Alvarado son “bochornosas”. El ex funcionario es un “títere de las empresas privadas que conspirar contra la Asamblea Constituyente. Los sectores sociales tenemos que apoyar en este caso la posición del gobierno para construir un país y relaciones internacionales como que queremos”.

Los sectores críticos enumeran sus razones para oponerse a un TLC que, en fin de cuentas, beneficia a un puñado de exportadores y nada más. Ahora que Bolivia está a punto de reformar la Constitución, recuerdan que el TLC es una especie de chaleco de fuerza para la Asamblea Constituyente, pues el acuerdo pondría las consideraciones comerciales por encima de los temas nacionales y restringiría la posibilidad del país de establecer reglas que son vistas como obstáculos al libre flujo de comercio, como por ejemplo propuestas para nacionalizar recursos naturales. Bajo un TLC, las transnacionales pueden demandar a un país por cualquier norma que vaya en contra de sus derechos como inversionistas.

Casi todos los partidos políticos hablan ahora de la necesidad de cambiar el modelo económico con la clara evidencia de que después de 20 años de privatización y liberalización la desigualdad y pobreza no han disminuido. Pero un TLC mantendría las políticas del neoliberalismo porque promueve un mercado libre permanente y sin restricciones. Los países que intentan cambiar sus políticas pueden ser enjuiciados por tribunales de arbitraje internacional y obligados a pagar millonarias indemnizaciones.

Bajo las reglas de un TLC, los países se ven obligados a liberalizar sectores sensibles como por ejemplo la educación, salud y la biodiversidad. Es un hecho que el libre mercado de patentes aumentará los precios de los medicamentos en un promedio de entre 55% y 100%. En Bolivia la extensión de las patentes podría destruir la industria farmacéutica nacional con una perdida de 1.800 fuentes de trabajo.

Ernesto Vásquez, del gremio de trabajadores de salud, asegura que su sector rechaza un acuerdo de libre comercio que esté dirigido por empresarios y transnacionales. “Estos acuerdos afectarían la estabilidad nacional y especialmente la salud en sentido de que empresas transnacionales e importadores de medicamentos invadirían nuestro territorio con medicamentos con precios elevados que estarán al alcance de la población (...) la salud tendería a privatizarse”, asegura.

Por otro lado, un TLC no necesariamente abre un gran mercado a Bolivia, la gran promesa de los empresarios. La realidad es que un TLC con Estados Unidos solamente abre mercado a 1,25% de las exportaciones de Bolivia. Además, el mercado yanqui se reducirá en los próximos años a causa de su déficit y la competencia de China.

Los empresarios que exigen un TLC piensan que no existe una alternativa a este tipo de acuerdos comerciales diseñados en Washington. Pero hay muchas alternativas en términos de mercado para las exportaciones bolivianas y con principios comerciales más equitativos, justos y solidarios. China y Venezuela ya han ofrecido mercados para el principal producto de exportación boliviano, la soya. Se podría seguir el ejemplo de los países en Europa que se desarrollaron concentrándose en los mercados de los países vecinos, en igualdad de condiciones.

Una nueva política

Hasta ahora las relaciones comerciales fueron construidas para beneficiar a menos del 10% de los más ricos de la sociedad y dañando, o al menos sin beneficiar, a la gran mayoría de la población, es decir campesinos e indígenas, micro productores y trabajadores del sector informal. Tenemos que construir políticas dirigidas a beneficiar a la mayoría, especialmente a las comunidades indígenas y campesinas que forman la base de Bolivia, asegura el Vicepresidente Alvaro García Linera. No parece conveniente seguir cometiendo la “ingenuidad” de aplicar políticas de desarrollo diseñadas para países exportadores del primer mundo en una nación que todavía labra la tierra con el arado egipcio. “No más globalizaciones irreflexivas”, enfatiza Gacía.

El cambio implica proteger a los sectores débiles y permitir la industrialización. Bajo la religión de la liberalización, la protección se ha convertido en una mala palabra, aunque los sectores campesinos necesitan protección del Estado. Hay que recordar que todos los países ricos se desarrollaron protegiendo y apoyando a sus industrias estratégicas antes de abrirlas a un mercado libre.

En este marco, la soberanía alimentaria es un derecho básico y pilar de la economía y sociedad que no se puede negociar en un acuerdo de comercio. El Estado tiene que apoyar la soberanía alimentaría con fondos, incentivos y priorizando los intereses de los campesinos y la agricultura nacional, orgánica y sostenible.

El Estado tiene el derecho a desarrollar e imponer leyes económicas, sociales, jurídicas que promuevan el desarrollo, tal y como lo hicieron los países ricos para desarrollarse en el pasado. Reglamentos para las transnacionales no son barreras al comercio sino una manera crucial para asegurar que sus operaciones beneficien a todo el país.

Esos y otros principios formarán parte de la política de comercio exterior que presentará el gobierno dentro de 15 días. Dicha política rayará la cancha para encarar acuerdos comerciales defendiendo el mercado interno, explica la viceministra de Relaciones Económicas de la Cancillería María Luisa Ramos. Según la autoridad, desde hace más de 20 años Bolivia carece de una política de comercio exterior, lo que derivó en que los exportadores no aprovecharan los mercados externos, por un lado, y en que se atentara contra la industria nacional, por otro.

Con respecto a las presiones de la derecha, el gobierno de Morales parece tener una línea ya definida para defenderse. El ministro de Obras Públicas Salvador Ric reflexiona que si los TLCs de Colombia y Perú están a punto de hundir a la industria de la soya, “imaginen lo que puede pasar si Bolivia negocia un TLC directamente con Estados Unidos”.

source : Argenpress

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