Por Fran Serrato | 13-4-23

España afronta embargos de 2.000 millones por recortar las ayudas a las renovables

Tribunales británicos y australianos obligan al Estado a saldar las deudas reconocidas por un órgano de arbitraje so pena de confiscar sus bienes.

Una decisión de Mariano Rajoy puede suponer un agujero de 2.000 millones de euros para España. Esa es la cantidad que podría pagar el Gobierno según estimaciones de las empresas afectadas por los recortes a las ayudas de las energías renovables. Las sentencias de los tribunales británicos y australianos obligan al Estado a saldar las deudas reconocidas por un órgano de arbitraje internacional so pena de embargar sus bienes en esos países. El importe de los laudos desfavorables a España asciende a 1.215 millones, pero los perjudicados sostienen que las reclamaciones pendientes pueden sumar otros 800 millones.

El Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero puso en marcha en 2007 un plan de apoyo a la producción eléctrica procedente de fuentes renovables. Las ayudas alcanzaban el 40% del importe de las estructuras, lo que suponía una gran rentabilidad para los inversores. Cinco años más tarde, Rajoy modificó ese régimen perjudicando a las empresas que habían comenzado a recibir las ayudas. Las compañías denunciaron que la nueva normativa mermaba sus ingresos.

España acumuló 51 procedimientos ante el Ciadi, una institución dependiente del Banco Mundial que se encarga de dirimir los pleitos relativos a las inversiones internacionales. Ya ha resuelto una veintena, el 90% favorables a las empresas, que cifran en 1.215 millones la cantidad que debe pagarles el Estado. El monto podría aumentar porque todavía quedan una treintena de litigios pendientes de resolución.

Embargos millonarios

«Confiamos en que esa treintena de demandas salgan adelante. La jurisprudencia es clara y no deja lugar a dudas», subrayan fuentes de estas empresas a THE OBJECTIVE. Las reclamaciones podrían suponer otros 800 millones, lo que elevaría la factura hasta los 2.000 millones. El escenario podría haber sido peor, ya que los fondos afectados por la reforma de las ayudas a las energías renovables reclamaban indemnizaciones cercanas a los 7.500 millones de euros.

Entre los laudos que ha perdido España se encuentran los de Nextera (290 millones), Eiser (128), Antin (101), Watkins Holdings (77), Masdar (64,5), Novenergia (53,3), Sun-Flower Olmeda (47), 9REN (41,7), SolEs Badajoz (41), Greentech (39), Cube y Demeter (33,7 millones), Operafund (30) y Infrared (28 millones). Otros demandantes, como Solarpark, desistieron, mientras que el Estado español ha conseguido vencer en varios casos, como los procesos de Charanne e Isolux.

«Son los menos y todos por defecto de forma, no por fundamentos de derecho», reconocen las empresas afectadas. El Gobierno ha maniobrado para no tener que hacer frente a estas peticiones millonarias. Su estrategia pasa por pedir la anulación de los procedimientos del Ciadi a pesar de que está vinculado a asumirlos como miembro de la Carta de la Energía, que protege a las inversiones de las compañías frente a los cambios regulatorios de los países firmantes.

España ya ha solicitado abandonar el tratado firmado en los años noventa. De momento, el Gobierno se aferra a una decisión de Bruselas, que obligaría a que los casos pasen por el Tribunal de Justicia de la UE en lugar del organismo de arbitraje del Banco Mundial. La Comisión Europea considera ilegales los laudos que son resultado de acuerdos arbitrales bilaterales entre países miembros por ser contrarios al derecho comunitario.

El informe de la AIReF

El informe de los presupuestos de 2023 realizado por la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) incluye una mención a estos casos en su análisis de pasivos contingentes y riesgos fiscales. Los técnicos afirman que, de acuerdo con la información publicada en la Cuenta de la Administración General del Estado en 2021, cabe destacar que «sigue abierto el litigio de las energías renovables».

El documento revela que «aunque el Gobierno considera improbable tener que indemnizar a las empresas demandantes, el importe de los laudos desfavorables asciende a 1.175 millones (el informe fue publicado en octubre), por lo que es un riesgo que sigue vivo y que puede afectar a las cuentas de los próximos ejercicios».

«Cuando Ciadi reconoce una cantidad, los países pagan. Le ha sucedido a Francia, Suecia, Rumanía y Alemania. El único que no lo hace es España», lamentan fuentes de las empresas afectadas. Una decisión que les extraña, porque la cuantía a saldar apenas representa el 0,2% del presupuesto anual. La solución que han encontrado es llevar sus demandas a la justicia ordinaria.

Hay procesos abiertos en una decena de países, todos de primer orden económico, entre ellos EEUU. Las compañías han seleccionado a conciencia lugares donde existen suficientes activos que embargar. Es la decisión que ya tomó la semana pasada el Tribunal Superior de Londres, que decretó tres órdenes provisionales de pago que podrá ejecutar Blasket Renewable Investments si España no satisface el montante reconocido por Ciadi que se le adeuda.

Sentencias firmes

El embargo pesa sobre la propiedad del Instituto Cervantes en Londres, la embajada comercial de la Generalitat de Cataluña y la congelación de las cuentas bancarias que controla en el Reino Unido el organismo encargado de difundir la lengua, la cultura y las costumbres españolas por todo el mundo. Por el momento, la institución mantiene su funcionamiento.

Este miércoles la Corte Suprema de Australia ha abierto la puerta a embargar activos por valor de 101 millones si nuestro país deja sin resarcir la cantidad que debe abonar a Antin Infrastructure Services. La sentencia es firme. Ahora se abre un proceso para que la compañía solicite qué activos desea requisar. «Los embargos hay que pedirlos uno por uno», reconoce la empresa perjudicada. El proceso de rastreo de activos ha sido completado, por lo que presentarán sus conclusiones en los próximos días.

«Los tiempos de la justicia son diferentes, pero nos darán la razón», insiste este portavoz. En su opinión, que España no pague los laudos ofrece «una mala imagen» ante la comunidad internacional porque trasmite una inseguridad jurídica para los inversores extranjeros. Como ejemplo pone la última subasta de energías renovables, celebrada en noviembre del año pasado y en la que el Gobierno solo pudo adjudicar el 1,5% de los megavatios ofrecidos.