Por América Latina Mejor sin TLC | Mayo 2023
Colombia: Una delegación internacional denuncia las demandas de inversores extranjeros contra el Estado
La Plataforma América Latina Mejor sin TLC se unirá a una delegación integrada por investigadores/as y organizaciones de derechos humanos en una misión internacional de acción contra los abusos transnacionales. La delegación estará en Colombia desde el 22 de mayo al 1 de junio para denunciar las demandas de arbitraje internacional que enfrenta el Estado colombiano como consecuencia de las medidas tomadas por el gobierno en defensa del agua, el medio ambiente y las comunidades locales.
América Latina y el Caribe es una de las regiones del mundo más afectadas por el régimen de protección de inversiones y el arbitraje internacional: casi el 30% de las demandas arbitrales a escala global han sido recibidas por países de América Latina. Las empresas utilizan el mecanismo de solución de disputas inversor-Estado, que es conocido por sus siglas en inglés como ISDS, para demandar a los Estados. Se trata de un mecanismo que está incluido en gran parte de los tratados de comercio e inversión y que impacta directamente sobre la capacidad de los gobiernos en el control y regulación de los presupuestos públicos.
En ese marco, organizaciones de derechos humanos e investigadores vienen denunciando que este mecanismo favorece de manera desproporcionada a las empresas transnacionales en detrimento de los intereses nacionales y la soberanía. Los tribunales de arbitraje internacional donde se resuelven estas disputas suelen ser confidenciales y excluyen la participación de los ciudadanos y los tribunales nacionales, por lo cual se constituyen como un sistema de justicia paralelo. Además de funcionar en una sola vía: solo las empresas pueden demandar a los Estados. Por otro lado, los altos costos asociados con los litigios y las indemnizaciones otorgadas a las empresas tienen un impacto altamente negativo en las finanzas públicas, limitando así la capacidad de los Estados para implementar políticas de interés público, como la protección ambiental o la regulación de sectores estratégicos.
Colombia: boom de demandas de empresas mineras
A diferencia de los países de la región, Colombia inició la firma de Tratados Bilaterales de protección de la Inversión Extranjera (TBI) y Tratados de Libre Comercio (TLC) de manera tardía. A destiempo del proceso regional, la mayoría de sus tratados se firmaron a inicios de los 2000 y fueron puestos en marcha hasta el año 2009 inclusive. Cuando ya muchos países comenzaban a limitar sus tratados con protección de inversiones y discutían sobre la necesidad de su renegociación, Colombia avanzaba con la firma de diferentes tratados sin realizar ningún tipo de instancia consultiva ni estudios de impacto socioambiental. Este accionar permitió el avance de demandas de arbitraje de empresas mineras, entre otras, que exigen al Estado colombiano indemnizaciones multimillonarias ante los cambios regulatorios o decisiones judiciales posteriores.
Un reciente informe publicado por el Transnational Institute (TNI) sostiene que en 2018 Colombia fue el país más demandado del mundo ante tribunales de arbitraje internacional por parte de inversores extranjeros. Según el informe, hasta finales de marzo de 2023, se habían solucionado ocho de las 21 demandas presentadas contra Colombia, mientras que 13 casos aún estaban pendientes. De las demandas resueltas, en cinco ocasiones el fallo no favoreció al inversor. En la demanda iniciada por Glencore en 2016, el tribunal dictaminó a favor del inversor y ordenó a Colombia pagar una indemnización de más de 19 millones de dólares por tomar medidas para defender a las comunidades.
Dos de las demandas más emblemáticas en Colombia están relacionadas con medidas que ha tomado el gobierno de Colombia para la protección de las fuentes hídricas y la vida de las comunidades afectadas por proyectos mineros. La multinacional suiza Glencore, dueña de la mina de carbón Cerrejón en el estado de La Guajira, pretende obligar al Estado a pagar una millonaria indemnización por el fallo que protege el arroyo Bruno. A su vez, EcoOro, una empresa minera canadiense, demandó al Estado Colombiano por 736 millones de dólares por el freno al megaproyecto para la explotación de oro en los Páramos de Santurbán. Ese freno se logró tras la enorme movilización popular en defensa del agua. El tribunal de arbitraje falló en contra de Colombia y aún no se conoce el monto definitivo que tendrá que pagar a EcoOro.
El Estado colombiano se encuentra actualmente enfrentando demandas interpuestas por empresas transnacionales de cinco países: Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Suiza y España. En su mayoría, estas empresas pertenecen al sector extractivo y recurren con frecuencia a este mecanismo como una forma de presionar a los gobiernos cuando estos adoptan reformas en beneficio de sus ciudadanos y del mundo en general.
En la actualidad, hay más de 160 conflictos ambientales por megaproyectos y la decisión de los gobiernos para proteger a las comunidades y a los bienes comunes se ve fuertemente condicionada por este mecanismo de solución de controversias inversionista - Estado ya que permite demandas millonarias por parte de los inversores extranjeros.
Recorrer los territorios, visibilizar las denuncias
Entre los días 22 de mayo al 1 de junio una delegación internacional recorrerá distintos territorios afectados por las demandas de empresas mineras extranjeras, sostendrá reuniones con autoridades gubernamentales y representantes de la sociedad civil, así como con las comunidades y organizaciones locales afectadas por este tipo de causa para lograr un análisis amplio y plural.
Su visita tiene como objetivo sensibilizar a la opinión pública y a las autoridades colombianas sobre los impactos negativos que tienen los tratados de libre comercio y los acuerdos de inversión en la protección del medio ambiente y en los derechos de las comunidades.
Los casos que atraviesa Colombia ilustran claramente cómo los mecanismos de solución de controversias inversor-Estado no sólo pueden socavar la protección del medio ambiente y los derechos de las comunidades, sino que también permiten a las empresas trasnacionales obtener ganancias a expensas de las personas y el planeta. La llegada de una delegación internacional integrada por especialistas permitirá escuchar y sistematizar las demandas existentes y, sobre todo, establecerá una relación de apoyo en la lucha contra el abuso transnacional.
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La misión internacional de acción contra demandas de abuso transnacional invita a la sociedad colombiana e internacional a sumarse a esta lucha en defensa del medio ambiente y de los derechos de las comunidades. Para más información,pueden escribir a: mejorsintlc@gmail.com.
FIRMA la solicitud para que el Gobierno se retire de tratados que permiten que Colombia sea demandada ante tribunales diseñados por y para favorecer a las transnacionales
#FrenemosLasDemandasDeTransnacionales