Esa renegociación, solicitada formalmente pero no deseada por el gobierno del presidente Vicente Fox ainstancias de los productores antes mencionados, buscaba impedir la apertura total de los mercados de esos granos, programada para 2008, y hubiera implicado la conservación y creación de fuentes de trabajo en ese sector. Se trata, pues, de un sinsentido de las autoridades estadunidenses, que por un
lado señalan la necesidad de fomentar la creación de empleos en México para
frenar el fenómeno migratorio, que cada año expulsa a unas 400 mil
personas muchas de ellas campesinos, pero por el otro cierra el paso a las
medidas para alcanzar ese objetivo.
La situación presente del campo mexicano es, de por sí, dramática, a
consecuencia de un TLCAN mal negociado desde el inicio: los representantes
mexicanos entre ellos Luis Téllez, subsecretario de Agricultura durante las
negociaciones y actualmente presidente de uno de los principales fondos de
inversión, el Carlyle Group, y partidario del candidato presidencial del
Partido Acción Nacional, Felipe Calderón permitieron que el agro mexicano
fuera considerado al mismo nivel que el estadunidense, a pesar de las
evidentes y profundas asimetrías entre ambos. Esta circunstancia derivó en
una competencia desigual y salvaje, en la que los productores agrícolas
nacionales salieron perdiendo, provocando cientos de miles de desempleados
en el sector agrícola, el abandono de extensas áreas cultivables y la
consiguiente migración de campesinos hacia Estados Unidos, incapaces de
sacar beneficios económicos de sus cosechas. De hecho, el campo es uno de
los principales expulsores de mano de obra.
Sin lugar a dudas, este panorama se volverá aún más negro si se concreta
para 2008 la apertura total de los mercados de maíz y frijol, ya que la
competencia entre productores mexicanos y estadunidenses será todavía más
despiadada a favor de estos últimos, quienes gozan de millonarios subsidios:
se calcula que en Estados Unidos el precio del maíz está subsidiado en 20
por ciento por el gobierno. Queda claro que con este lesivo esquema
comercial, la migración se agravará y profundizará.
Además, la futura debacle en la producción de maíz tendrá serias
repercusiones en el país debido a la importancia alimentaria y cultural de
ese grano: la dieta básica de la mayoría de los mexicanos reposa
principalmente en el maíz, y la identidad cultural de muchas comunidades en
especial las rurales e indígenas gira en torno de este grano. Y por si
fuera poco, la producción maicera constituye la columna vertebral de toda la
producción agrícola nacional.
En este contexto, la responsabilidad del estado de vulnerabilidad del campo
corresponde no sólo al gobierno del ex presidente Carlos Salinas de Gortari
(1988-1994), que no supo proteger los intereses nacionales durante las
negociaciones del TLCAN, sino también a los sucesivos gobiernos a partir de
la entrada en vigor del tratado, en enero de 1994. Las administraciones del
ex presidente Ernesto Zedillo Ponce de León y del actual mandatario, Vicente
Fox, fallaron a la hora de elaborar políticas de compensación y reconversión
para proteger el sector agropecuario, lo que determinará, en parte, la
incapacidad de los productores nacionales para adaptarse a las nuevas reglas
del juego, a pesar de las medidas de gradualidad plasmadas en el TLCAN, a
todas luces insuficientes.
De esta manera, mientras Washington se niegue a renegociar el tratado y el
gobierno mexicano no defienda con firmeza los intereses de sus productores
nacionales, el deterioro del campo y la masiva migración no podrán
resolverse cabalmente, afectando periódicamente las relaciones bilaterales.