EL TLC se emplea como un arma a favor de empresas extranjeras

La estrategia no es nueva ni secreta y mucho menos exclusiva de Washington, pero está creando cierto malestar entre los gobiernos de América Latina, por cuanto atender esas solicitudes supone para ellos una clara intromisión del poder ejecutivo en decisiones judiciales o tribunales de arbitraje que dirimen los litigios, justamente acciones que Estados Unidos critica en otros casos.

El año pasado, el gobierno estadounidense hizo saber al presidente Alejandro Toledo, de Perú, que el importante acuerdo comercial con el país andino avanzaría más rápidamente si eran anuladas las órdenes de arresto contra varios ejecutivos de General Electric acusados de fraude por un ex distribuidor de la firma en Lima.

Así también ocurrió en Colombia en una disputa relacionada con un fallo del Consejo de Estado que resultaba adverso para la firma Sithe Energies de Estados Unidos.

Ahora le toca el turno a Ecuador.

Estados Unidos ha congelado la ratificación del TLC a Quito como resultado de que el gobierno anuló un contrato con la firma estadounidense Occidental Petroleum Company por el supuesto incumplimiento de una de las cláusulas del convenio con la empresa oficial Petroecuador.

Ecuador alega que Occidental, que operaba un importante bloque petrolero de este país bajo un acuerdo de concesión, vendió un porcentaje de acciones de la firma a otra empresa sin notificarle la operación al gobierno de Ecuador, lo cual está contemplado en la legislación petrolera como una causal de caducidad del contrato.

La decisión ha coincidido con el disgusto de algunos empresarios ecuatorianos que acusan al presidente Alfredo Palacio de falta de voluntad para reactivar la negociación, y de alinearse con los gobiernos dictatoriales de Cuba y Venezuela''. El Ministro de Energía y Minas de Ecuador, Iván Rodríguez Ramos, estuvo en Miami, y habló con El Nuevo Herald sobre el litigio que ha sido llevado ante un tribunal de arbitraje en California. ¿Por qué ustedes tomaron la decisión de caducar el contrato con Occidental El artículo 74 de la Ley de Hidrocarburos, que es el documento que debe ser respetado por las compañías que van al país a explorar y operar los campos petroleros, dice que el ministerio del ramo podrá declarar la caducidad de los contratos y hay una serie de numerales, y uno de ellos, el 11, dice que sí se puede hacer si la empresa traspasare de hecho o celebrare contrato con foro privado para la cesión de uno o más de sus derechos sin la autorización del ministerio. En el año 2004, el 24 agosto, el señor procurador del estado, que es el actual, mandó una comunicación al ministro de la época diciendo que la compañía Occidental había incumplido el numeral 11, y el ministro de esa época mandó la comunicación al presidente de Petroecuador. Mencionaba esa situación para que se analizara por el ministerio. Eso quedó ahí hasta el 2 de agosto del 2005. ¿Hasta ese punto no se buscaron otras fórmulas para llegar a un acuerdo? Lo que sucede es que la gravedad de la falta no le compete al ministro del ramo verificarla, en este caso yo como ministro de Energía, debo ceñirme a lo que dice la ley, no puedo hacer juicios de valor fuera de lo que dice la ley. La ley no me dice que si es que la compañía Occidental o cualquier otra compañía incumple el numeral 11, el ministro podrá analizar si la falta es grave o no es grave. Cuando uno es diputado, ellos analizan la gravedad de la falta y de acuerdo a eso hacen las leyes. Si es justo o injusto, yo no lo podría calificar. El único documento que tengo es la Ley de Hidrocarburos. Y el artículo 75 dice que la declaración de un contrato implica la inmediata devolución al Estado de las áreas contratadas y la entrega de los equipos sin costo alguno. Yo no puedo decir:Vea, dele usted $1,000, $2,000 o un millón de dólares. No. El artículo es mandatorio para mí. De ahí que no hay ningún tipo de confiscación. Este tema es un problema exclusivo entre la compañía Petroecuador, que es estatal, y la compañía Occidental, que es privada, y pare de contar.

Es decir aquí no es un problema entre Estados Unidos y Ecuador.

¿Se puede interpretar esta decisión como un paso hacia la nacionalización del petróleo?

No. Nosotros estamos lejos de la posición de Bolivia que habla de la nacionalización del petróleo y sus recursos naturales. Respetamos la posición de Bolivia, pero tratamos de estimular la inversión privada tanto en el sector petrolero como en el eléctrico y el minero.

Pero una de las interpretaciones es que ustedes han confiscado el bloque 15 a Occidental.

No es correcto, el artículo 75 es muy claro, y dice que debe haber una inmediata devolución sin costo alguno.

Antes de ese conflicto había un reclamo de impuestos por parte de Occidental y ahora se dice que la decisión del gobierno de anular el contrato posiblemente tiene que ver con esa reclamación.

Hubo un tema con el IVA, que fue manejado por el Procurador en un escenario que no tiene nada que ver conmigo.

¿Pero cree que una cosa no tiene que ver con la otra?

No, porque yo no tengo nada que ver con el IVA y yo fui el que tomé la decisión. Son dos escenarios diferentes. Aquí lo que hay es la pura y neta aplicación de un artículo.

Pero usted sabe que en nuestros países hay un margen de negociación, de conversación, de diálogo.

No.

Por favor. Sí lo hay. En la práctica la historia lo demuestra, que cuando los países de América Latina tienen conflictos de este tipo con empresas de otros países hay una etapa de diálogos y más tratándose de un tema con Estados Unidos. ¿Ustedes no pasaron por ahí?

Nos demoramos más de un año, evacuamos todas las evidencias que consideramos importantes. Fueron 34, que se evacuaron el 30 de diciembre. Pero tuvimos el debido cuidado y el debido proceso de evacuar todas las evidencias, en su mayoría, pero la ley no me permite, puede ser que en algún momento, en algún país se haya llegado a una conversación, pero la ley no me permite a mí sentarme a conversar con nadie. La ley no le dice: ’’Si usted recibe una buena oferta de la compañía x, sentarse a conversar’’. No.

Pero mire, hay un ejemplo muy claro de postergación y conversación y ajuste. El gobierno ecuatoriano ha anunciado desde hace 10 años que va a llevar ante su justicia a los banqueros prófugos en Estados Unidos y no ha pasado nada.

No le puedo hablar sobre ese tema porque no es mi escenario. Yo he sido empleado público por cuarta ocasión. No he tenido glosa alguna. He tratado de ceñirme enteramente a le ley y hay un término que dicen los abogados que la ley, por más dura que sea, es la ley. Ese es mi marco de referencia, si no lo cumplo, el problema lo tengo yo. Fíjese que solamente ha pasado con Occidental. Hay compañías grandes como Repsol que tienen problemas que se han solucionado.

Repsol tiene otra demanda en el tribunal de arbitraje.

Tienen varios problemas con impuestos también pero no profundizo en ellos porque no es mi escenario. Tengo las mejores relaciones con Repsol y estamos cercanos a firmar un contrato en base a los nuevos términos de la Ley de Hirdrocarburos.

¿Qué opina de que el gobierno de Estados Unidos haya utilizado el Tratado de Libre Comercio con Ecuador para presionar al gobierno de su país en este caso?

Vea, no lo entendemos. Estamos sorprendidos. Personalmente estoy sorprendido de una posición así, de que un problema muy puntual entre dos empresas se haya enfocado entre dos países que siempre han mantenido buenas relaciones.

Los empresarios estadounidense podrían decir que no hay seguridad jurídica.

Por el contrario, queremos la inversión privada pero como en Ecuador, Estados Unidos y otros países, siempre y cuando se cumplan las leyes de este país.

¿Qué tanto afectó a la industria petrolera ecuatoriana el hecho de que Occidental hubiera vendido el 40 por ciento y no le haya dicho nada al gobierno ecuatoriano?

No está en mí analizar si hubo un beneficio o perjuicio. A mí lo que me correspondía era aplicar la ley.

¿Pero hubo perjuicio?

Yo no hago juicio de valor en ese campo porque no me corresponde hacerlo.

¿No se hizo un análisis de los perjuicios que esto podría ocasionarle al Ecuador?

Lo que pasa es que eso no entra en el análisis, lo que entra en el análisis es el incumplimiento de la ley.

Un informe especializado dijo que después del primer mes que Ecuador operara el pozo 15, la producción se ha reducido.

Nosotros hemos mantenido la misma producción que tenía Occidental, que es de unos 100,000 barriles, e incluso hemos nombrado como gerente de operaciones a un ingeniero que trabajó con Occidental, y estamos trabajando en su mayoría con personas que trabajaron con Occidental. Parecería que Occidental el año pasado, previendo no sé qué cosas, no realizó las inversiones que debía hacer y nosotros estamos tratando de recuperar esa inversión.

source : El Nuevo Herald

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