En atención a esa urgencia, veamos algunos de los perjuicios y las desventajas que se desprenden de las consideraciones generales de los textos del TLC y que afectarán todas las actividades económicas y comerciales del sector servicios.

Las consideraciones generales del Tratado implican que Colombia acepta -o se somete-, en los veintitrés capítulos “negociados”, a darle un tratamiento igual a los monopolios y grandes compañías norteamericanas que a las empresas colombianas, como si el desarrollo económico y material de la nación fuera igual al de los Estados Unidos. En algunas áreas tradicionalmente protegidas como mercados naturales para nuestra producción industrial o agrícola o para los proveedores de servicios, como es el caso de las compras estatales, o el de algunas garantías concedidas para las inversiones del capital nacional, las protecciones se eliminan, poniendo en igualdad de condiciones o concediendo un trato similar a los consorcios norteamericanos, al que se da hoy a los productores nacionales. Al ponerlos en píe de igualdad, en realidad lo que se hace es dar inmensas ventajas a las poderosas empresas estadounidenses, que con todo su poder técnico, productivo y financiero, “competirán” con, o mejor dicho, en contra de nuestros débiles y enclenques productores o proveedores de servicios nacionales.

Las barreras que para evitar esta competencia se contemplan en la legislación colombiana, por medio de los aranceles y demás medidas de protección de nuestra producción, se extinguen. En los capítulos relacionados con las normas de origen, el trato nacional para la inversión extranjera, el acceso al mercado interno, las disposiciones sanitarias y fitosanitarias, telecomunicaciones, la aceptación del comercio transfronterizo de servicios, la implementación del comercio electrónico, las exigencias de reconocimiento de derechos de propiedad intelectual y la injerencia del comercio y los negocios en los asuntos propios del medio ambiente, hacen que, de una u otra manera, se vean afectados los intereses de los usuarios de las empresas de servicios públicos. Al final lo que tendremos, seguramente, serán unas empresas controladas por los monopolios norteamericanos, con una minoría de colombianos que oficiarán como directores y gerentes -si es que acaso eso les dejan-, y con una participación accionaria criolla que tan sólo obtendrá las migajas de los negocios, a cambio de permitir el ingreso al territorio nacional de cuanta multinacional de origen gringo encuentre jugoso operar en Colombia.

El gobierno de Uribe y los demás áulicos del tratado, vociferan que el TLC jalonará el progreso nacional, creará miles de empleos y promoverá el avance científico y tecnológico, al vincularnos con el gran mercado norteamericano. Nada de lo anterior es cierto ni posible.

Al transferir la propiedad de nuestras empresas al capital extranjero, sus utilidades servirán para engrosar los réditos y aumentar la riqueza de las multinacionales. Hoy, esas utilidades se quedan en la nación, generando, en el caso de las estatales, mayor bienestar para los colombianos en sectores tan sensibles como salud y educación. Son varios billones de pesos los que se escaparán del saco del ahorro nacional.

La creación de empleo es otra falacia. La experiencia vivida por el país con la apertura económica en la década del 90 demostró que se perdieron miles de empresas industriales y agrícolas generadoras de empleo, cuyos productos fueron reemplazados por bienes y servicios importados de la potencia del norte. Los pocos empleos que aparecerán, como ocurrió con la apertura, serán en maquilas, en pésimas condiciones laborales y usando formas atrasadas de producción. Las empresas que se instalen vendrán tras mano de obra bien barata, pues mientras allá una hora laboral cuesta mínimo 8 dólares, es decir, casi 20 mil pesos, aquí podrán pagar $1700 por la misma hora, y eso, si pagan el salario mínimo, porque ya hay voces de la ANDI pidiendo la rebaja del mínimo urbano, y del Banco Interamericano de Desarrollo -BID- solicitando un mínimo rural por debajo del hoy establecido.

En cuanto a la promoción del avance científico y tecnológico, nada más alejado de la realidad. Los monopolios vienen a estos países a buscar sobreexplotación de la mano de obra, materias primas baratas y el uso de tecnologías obsoletas porque no están dispuestos a hacer grandes inversiones en bienes de capital ni en máquinas y herramientas de última generación. Esto les permite obtener mayores utilidades por la vía de reducción de costos fijos. Y si algún mejoramiento científico o tecnológico realizan, será en aquellos sectores en cuyo desarrollo tengan un interés particular. A manera de ejemplo, teléfonos celulares llevarán hasta el último rincón de la nación, con el fin quitarle a cada colombiano una porción, así sea mínima, de sus ingresos.

¿Qué pasará además en los servicios públicos? En energía, el TLC proyecta utilizar el agua, el gas y el carbón en la exportación de electricidad. En el caso del agua, además de volverla negocio, prevén exportarla para suplir sus carencias internas, en especial, las de una porción de la costa oeste de los Estados Unidos. Aspiran también a convertir el tratamiento de las aguas residuales en una nueva fuente de acumulación de riqueza. En telecomunicaciones, las compañías norteamericanas podrán usar la infraestructura de redes colombianas, el espacio electromagnético, el cable submarino, la órbita geoestacionaria y, además, gozar del comercio transfronterizo, pagando irrisorios derechos de interconexión.

El TLC está acordado pero no firmado. Y aunque estamos seguros de que Uribe ha hecho y hará todos los esfuerzos por firmarlo, cientos de miles de colombianos, entre ellos, quienes pertenecemos a la Unión de Usuarios de Servicios Públicos, también hemos hecho y haremos múltiples esfuerzos por impedírselo, y haremos muchos más para que, en las calles y carreteras, durante su trámite en el Congreso y en la Corte Constitucional, encuentre una férrea oposición, y si logran firmarlo, ¡también!. Aprestémonos a redoblar nuestros esfuerzos de lucha en contra del tratado, educando, organizando y movilizando a millones de colombianos.