Matilde Pérez U.

Consideraron que el señalamiento del BM sirve a
la exigencia campesina de que se reorienten las
relaciones comerciales con Estados Unidos y
Canadá, y para que se reconozca que la petición
de revisar el TLCAN no es sólo una más ni un
capricho. En los 12 años de vigencia del tratado
se demostró el desastre que ha traído consigo, afirmaron ambos organismos.

Cada uno ha solicitado a la Cámara de Diputados
que emita un decreto en el que instruya al
Ejecutivo federal para que lleve a cabo la
renegociación del capítulo agropecuario del
TLCAN, basado en un estudio serio y profundo de
los resultados que ha dejado en el agro. Las
cifras revelan que la apertura acentuó las
asimetrías entre los campesinos mexicanos frente
a sus homólogos de Estados Unidos y Canadá, pues
los altos subsidios que reciben en aquellos
países no pueden ser alcanzados por México.

Advirtieron que el resultado fue caída
generalizada de los precios rurales, baja
rentabilidad, descapitalización, pérdida de
fuentes de empleo, migración y aumento de la
pobreza. Por eso, abundaron las organizaciones
del CAP, "deben revisarse cuidadosamente las
condiciones establecidas en el TLCAN para el
sector agropecuario, pues en su contenido existen
elementos que pueden ayudar a solucionar algunos
de los problemas actuales; dicha revisión debe
hacerse simultáneamente con un cambio en la
política agropecuaria, considerando el valor de
ese sector productivo para la economía nacional".

Corresponde al Legislativo ­precisaron­ analizar
y proponer alternativas, haciendo uso de las
facultades que le confiere el artículo 131 de la
Constitución, ya que no sólo se trata de abordar
el aspecto comercial, sino también los requisitos
fito y zoosanitarios, además de atender de forma
especial lo relacionado con el maíz blanco y el
frijol, los cuales deberían ser prioridad para el
gobierno mexicano, acotó el CAP.

La demanda del Conoc no sólo es de revisión, sino
que los cambios sean consultados a los
campesinos, ya que se trata de la defensa de la
soberanía alimentaria y el derecho de los pueblos
a producir sus alimentos. Reconocer a las
organizaciones campesinas y a los productores
como entidades de interés público y agentes de
desarrollo, basado en el respeto a la autonomía y
en la promoción a los procesos de autogestión y
participación, sería un paso en una nueva
relación del gobierno con quienes han demostrado
un permanente compromiso con el país, señaló el consejo.