La tormenta perfecta
Por Andrés Espinosa Fenwarth
Es posible que el paro agrario en Argentina pase a la posteridad como la tormenta perfecta en materia de negociación de conflictos, crisis agraria que tiene a la nación argentina y a los mercados internacionales al borde de un ataque de nervios.
Todo comenzó el 11 de marzo con la decisión del Ministerio de Economía, de aumentar en 60 por ciento las retenciones móviles -impuestos- a las exportaciones de soya e incrementar en 66,3 por ciento los impuestos a las exportaciones de girasol, aplicadas progresivamente en función de los precios internacionales. Esta decisión sitúa estos derechos de exportación a la soya en 44,1 por ciento y los de girasol en 39,1 por ciento.
En caso de que las cotizaciones internacionales superen los 600 dólares por tonelada, estos gravámenes se elevarían al 95 por ciento; el 5 por ciento restante genera, además, impuesto de renta.
Así, en la coyuntura actual de elevados precios, prácticamente la totalidad de los ingresos incrementales de los exportadores pasaría a las arcas estatales.
Las cuatro entidades que representan el agro en Argentina (Sociedad Rural Argentina, Federación Agraria Argentina, Confederaciones Rurales Argentinas y Coninagro) decretaron el paro por tercera vez el pasado 28 de mayo. Las medidas anunciadas incluyen la suspensión en la comercialización de granos para la exportación, y de carne de bovino para la faena local. Al anunciar estas disposiciones como ’un derecho constitucional a no vender lo que es propio’, las sociedades rurales afirmaron que el mercado local no se afecta, pues el cese en granos aplica a la exportación, y en carne de ganado vacuno, los frigoríficos están totalmente abastecidos por las limitaciones impuestas por el Gobierno a sus exportaciones. Las pérdidas de los exportadores ascienden, sin embargo, a 1.000 millones de dólares.
El Gobierno argentino reconoció la semana pasada que estas medidas tributarias tenían ’efectos no deseados’, que golpean a los mercados de futuros y a los pequeños productores. La Casa Rosada -sede del alto Gobierno- anunció alternativas para evitar estos efectos, mediante la adopción de menores límites para las retenciones y devoluciones para los pequeños productores, y exigió a cambio la suspensión del paro.
Las entidades rurales no recibieron bien estas medidas, pues sostienen que el Gobierno no acepta moverse en lo que consideran el núcleo del paro agrario: el ataque contra la soya. Además, los rurales sostienen que el límite de los 600 dólares por tonelada sigue vigente, con lo cual los productores seguirían pagando los impuestos adoptados el 11 de marzo.
El trasfondo de este embrollo es el choque entre una agricultura moderna y tecnificada, orientada a la exportación que aplica los últimos desarrollos en biotecnología, y un capitalismo de Estado de corte nacionalista y popular, que pretende mover a los productores para que le den prioridad al mercado local sobre el internacional.
Quizás sea la hora, como proclamó Juan Domingo Perón en 1950 en su discurso ’La vuelta al campo’, para preocuparse también por el comercio exterior.
Fuente: Portafolio
