RCEP

La Asociación Económica Integral Regional (AEIR o RCEP por sus siglas en inglés) es un acuerdo de comercio “mega-regional” que se firmó en noviembre de 2020. Se había negociado desde 2012 entre los diez gobiernos de la ASEAN (Asociación de Naciones del Sureste Asiático y sus seis socios n TLC: Australia, China, Japón, India, Japón, Nueva Zelanda y Corea del Sur. Pero en noviembre de 2019 India decidió no unirse al tratado. Los ocho años de negociaciones en torno al RCEP estuvieron cubiertos por la secrecía. Los movimientos sociales tenían que confiar en las filtraciones para realizar sus análisis del acuerdo propuesto.

El RCEP está impulsado mayormente por ASEAN, De hecho, el proyecto tiene su origen en la unión de los cinco acuerdos comerciales ASEAN+1 que la ASEAN firmó con Japón, Corea del Sur, China, India, Australia y Nueva Zelanda.

El objetivo declarado de las negociaciones era “impulsar el crecimiento económico y el desarrollo económico equitativo, avanzar en la cooperación económica y ampliar y profundizar la integración en la región mediante el RCEP”, según el sitio electrónico de la ASEAN. El RCEP abarca casi todos los aspectos de la economía, como bienes, servicios, inversión, cooperación económica y técnica, derechos de propiedad intelectual (DPI), normas de origen, competencia y resolución de conflictos.

A lo largo de las negociaciones, las preocupaciones que levanta el RCEP son expresadas en variados contextos y se refieren a un amplio rango de asuntos. Un texto filtrado en 2015 sobre derechos de propiedad intelectual propuesto por los negociadores de Japón confirmó la preocupación de que el acuerdo vaya más allá del Acuerdo sobre Aspectos de Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio (ADPIC o TRIPS por sus siglas en inglés) de la Organización Mundial del Comercio.

Varios movimientos y organizaciones, incluidos grupos ambientalistas, sindicatos, trabajadoras domésticas, campesinos, vendedores ambulantes, grupos de mujeres y personas que viven con VIH han planteado sus preocupaciones a lo largo de las negociaciones y del proceso de ratificación actual. Miles de personas marcharon en Hyderabad, India, en julio de 2017, contra las dañinas previsiones del acuerdo comercial y exigieron transparencia por parte de los gobiernos. También organizaron una Convención Popular sobre el RCEP.

En 2019, la presión pública obligó a India a retirarse de las negociaciones. También se abandonaron varias disposiciones perjudiciales, como el mecanismo de solución de controversias entre inversionistas y Estados (ISDS), que permite a las empresas demandar a los Estados ante tribunales de arbitraje por la pérdida de beneficios previstos, y la adhesión obligatoria a la UPOV 91. La UPOV es un sistema especializado de derechos privados sobre semillas, que hace ilegal —y convierte, en delito— que los agricultores guarden y reutilicen semillas “protegidas”.

El texto final muestra que no hay aumentos en los monopolios de patentes para los medicamentos por encima de la norma de veinte años de la OMC, defendida por las empresas farmacéuticas e impulsada por Japón y Corea del Sur al principio de las negociaciones, lo que podría haber retrasado la disponibilidad de formas genéricas de medicamentos, especialmente en los países de bajos ingresos, y habría sido muy perjudicial en el contexto de la pandemia del Covid-19. El capítulo de comercio electrónico dejó fuera algunas de las normas más nefastas, impulsadas por las grandes tecnológicas, que están presentes en otros acuerdos comerciales como el Acuerdo Transpacífico, y no puede hacerse cumplir.

Sin embargo, el RCEP empeorará la balanza comercial de casi todos sus países miembros, sobre todo la de los países “en desarrollo” y “menos desarrollados”, según una evaluación de la UNCTAD. Potencialmente, esto puede aumentar la presión para que se privaticen servicios públicos esenciales, ya que estos servicios se rigen, según el acuerdo, por “normas comerciales” internacionales que convienen a las corporaciones y limitan la capacidad de los Estados para regularlos en aras del interés público. Las mismas normas que eliminan las barreras a la inversión extranjera pueden aplicarse también al sector agrícola y aumentar la tendencia al acaparamiento de tierras.

En una declaración conjunta de siete federaciones sindicales de Asia-Pacífico se afirma que el RCEP provocará el deterioro de las condiciones laborales hasta desplomarlas debido a la aguda competencia. Así los trabajadores migrantes enfrentarán las peores consecuencias. “En lugar de impulsar un proyecto de libre comercio, los países deberían colaborar en la reactivación de sus economías y en la expansión de los bienes públicos”, añade el comunicado.

China, Singapur y Tailandia fueron los primeros países en ratificar el acuerdo a principios de 2021. Para entrar en vigor, el RCEP deben ratificarlo seis países de la ASEAN y tres países no pertenecientes a la ASEAN.

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última actualización : abril de 2021 / Fóto : bilaterals.org