Pdvsa acordó reconocer el laudo de CCI realizando pagos iniciales por un total de 500 millones de dólares en un período de 90 días a partir de la fecha de la firma.
Después de ocho años de ejercicio continuo del poder en materia comercial, sobresale el franco incumplimiento de la meta original de 30.000 millones de dólares en exportaciones no minero-energéticas.
En un documento de la CE se ratifica la incompatibilidad del arbitraje inversor-Estado con su legislación cuando se trata de inversiones intracomunitarias, así como la aplicación del Tratado de la Carta de la Energía y el rechazo a los TBI entre Estados miembros.
Ya son 30 los arbitrajes presentados contra España ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (Ciadi) en relación con las reformas energéticas vinculadas con energías renovables.
Bruselas apoya la decisión del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que invalida los laudos de los arbitrajes internacionales, sentencias que han condenado al Estado español a pagar cuatro indemnizaciones de las 41 denuncias que tiene hasta el momento.
Las exigencias de la compañía española suman USD1.626 millones. Gobernadores de Atlántico y Bolívar, así como congresistas expresaron su molestia por la demanda.
El Ciadi ha dictado un laudo arbitral que obliga a España a pagar 112 millones de euros a Antin por el recorte de las primas a las energías renovables en el que es su tercer fallo contra el país.
La campaña contra los Tratados de Comercio e Inversión, formada por más de 30 organizaciones de la sociedad civil, se presentó ayer con un objetivo fundamental: que se conozcan y se discutan públicamente los distintos acuerdos con los que la Unión Europea quiere profundizar su política comercial.
Los inversionistas no confían en las condiciones que ofrecen las autoridades para hacer negocios en el país debido a que se irrespeta el derecho a la propiedad privada, dijo la investigadora Fanny Migliore
Tras la pérdida por parte de España de varias demandas de arbitraje de inversiones sobre las reformas normativas de las energías renovables, España quiere que el Tribunal de Justicia Europeo (TJUE) determine si la cláusula de arbitraje invocando el Tratado de la Carta de la Energía es inválida en virtud de la sentencia en el caso Achmea.
Tras los cinco arbitrajes ya resueltos, la balanza se decanta ya en contra de España, que tiene abiertos 40 litigios de este tipo con 7.500 millones en reclamaciones.
El fondo soberano Masdar, de Abu Dabi, reclamaba 394 millones por el perjuicio a sus inversiones. El laudo condenatorio se suma a los de Novenergia y Eiser Infraestructures.
Un tribunal de Curazao autorizó a que la estaodounidense ConocoPhillips incaute activos procedentes de refinerías en la isla propiedad de la estatal venezolana Petróleos de Venezuela (Pdvsa) valorados en 636 millones de dólares.
Las empresas distribuidoras, entre otras concesionarias, habían iniciado demandas ante el Ciadi por la violación de contratos; en la renegociación con el Gobierno se comprometieron a desactivarlas.