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México podría afrontar numerosos arbitrajes de inversión por su política energética

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Por CIAR Global | 26-5-20

México podría afrontar numerosos arbitrajes de inversión por su política energética

Más de 40 proyectos relacionados con energías renovables son potencialmente susceptibles de entrar en conflicto con el gobierno mexicano, muchos de ellos podrán recurrir al arbitraje de inversiones para reclamar las correspondientes indemnizaciones a las pérdidas provocadas por la actual política energética de AMLO.

El conocimiento del acuerdo que suspendió la actividad de plantas de energías renovables ha desatado todas las alarmas entre las compañías con inversiones en este sector en el país. La aprobación de diversas demandas de amparo, a favor de las energéticas afectadas, por parte de un Juzgado de Distrito mexicano ha provocado que el Centro Nacional de Control de Energía (Cenace) responda expresando su intención de impugnarlas, y mostrando el convencimiento del Gobierno mexicano de mantener su política favoreciendo el impulso de las energías fósiles que beneficia a su Comisión Federal de Electricidad (CFE) y a Petróleos Mexicanos (Pemex).

En las últimas semanas, México y la política energética de su presidente Andrés Manuel López Obrador han sido foco de diferentes noticias, interpretaciones y presiones internas y externas. Según diferentes fuentes, un total de 44 proyectos de energías renovables se verán potencialmente afectados.

La determinación del Cenace a través del “Acuerdo para garantizar la eficiencia, Calidad, Confiabilidad, Continuidad y seguridad del Sistema Eléctrico Nacional”, de suspender los proyectos relacionados con energía renovable por causa de la pandemia del Covid-19 levantó las suspicacias del sector privado que miró con recelo esta posición ante las inversiones proyectadas.

El anterior texto antecedió al que el 15 de mayo publicó la Secretaría de Energía (Sener) -“Acuerdo por el que se emite la Política de Confiabilidad, Seguridad, Continuidad y Calidad en el Sistema Eléctrico Nacional“, publicado en el Diario Oficial de la Gobernación de la Secretaría de Gobernación de México y que entró en vigor el 16 de mayo-, y cuyo contenido, según el abogado Bernardo Cremades Jr., B. Cremades & Asociados, podría ser contrario a las protecciones previstas en los tratados internacionales firmados por México: “La protección interna de sus empresas puede llevar a AMLO a enfrentar cuantiosas demandas. Los amparos presentados ante la jurisdicción mexicana son una primera vía de contención frente a las medidas adoptadas contra las renovables, que implican la suspensión cautelar de las mismas. Si dichos amparos no tuviesen éxito, es previsible que los inversores acudan a los mecanismos de arbitraje de los tratados de protección de inversiones”.

Más de una veintena de compañías pudieron reanudar sus operaciones gracias a la concesión de los amparos presentados ante un Juzgado de Distrito. Sin embargo, la semana pasada, Cenace expresó, en un comunicado, su intención de impugnar estos amparos concedidos en el juzgado federal explicando que: “está haciendo válidos los instrumentos legales a su alcance para impugnar la admisión, suspensión provisional y competencia del Juzgado de Distrito del conocimiento, toda vez que los actos que se le imputan se refieren al Sistema Eléctrico Nacional (SEN), que está reservado al Estado Mexicano al ser considerado Estratégico y Prioritario”, y explicó que a pesar de estos amparos la emergencia provocada por la crisis del Covid19 hace que el acuerdo esté vigente “durante la contingencia provocado por el virus SARS-CoV2 (COVID-19)”.

Presión interna contra el acuerdo de la Sener

A la presión externa, también la Unión Europea, Canadá, EE.UU. y otros países europeos han expresado su preocupación ante las actuales circunstancias, se unen diferentes frentes internos en contra de la intención del gobierno mexicano.

Por un lado, los gobernadores de algunos estados mexicanos como Aguascalientes, Nuevo León, Coahuila, Tamaulipas, Durango, Colima, Michoacán y Jalisco han expresado su intención de actuar jurídicamente si el Gobierno federal no da un paso atrás en relación al acuerdo que prima la producción eléctrica a través de combustibles fósiles a la de energías renovables (ver “Aguascalientes se suma a la defensa de energías renovables en México“, Infobae, 24.05.2020).

Por otro lado, también encontramos la crítica del sector empresarial, quien a través del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) explica que el acuerdo de Cenace: “erige barreras a la competencia y desplaza a la iniciativa privada, beneficiando indebidamente a centrales de generación más costosas y contaminantes. Sin motivación técnica sólida ni fundamento jurídico plenamente justificado, el Cenace ha desatendido su mandato legal de salvaguardar la eficiencia del Sistema Eléctrico Nacional y la competencia en el mercado eléctrico, lo cual impacta negativamente a miles de consumidores en el sector comercial e industrial”. El CCE hace especial referencia a la posibilidad de que la iniciativa privada tome medidas legales y añade que: “La generación de electricidad con energías renovables, que representa inversiones por más de 20 mil millones de dólares en nuestro país, es una actividad económica esencial para el desarrollo de México. Hacemos un respetuoso llamado a las autoridades a promover la unión y la solidaridad nacional en este momento de emergencia, y a eliminar prácticas anticompetitivas que lastimen el marco jurídico nacional”.


 source: CIAR Global