Bolivia: Librecambistas al ataque
Redacción Bolpress, 8-6-07
Los defensores del libre mercado y la apertura comercial levantan la cabeza ocasionalmente para hacer notar que siguen vivos. Conscientes de lo difícil que es desempeñar ese papel en este momento de crisis general del modelo librecambista, vapuleado en las urnas y en las calles del Sur, los gurús del libre comercio se rearticulan de vez en cuando para orquestar micro campañas propagandísticas con un objetivo único: asustar a la gente diciéndole que Bolivia está a punto de “perder mercados”. La última arremetida de estos grupos, por ahora marginales, tiene que ver con el acuerdo de asociación entre la Comunidad Andina de Naciones (CAN) y la Unión Europea (UE).
En una reunión entre representantes de la CAN y la UE realizada en La Paz el 29 y 30 de mayo para analizar las condiciones para el inicio de negociaciones de un Acuerdo de Asociación entre ambos bloques, el gobierno de Bolivia comunicó oficialmente que no está interesado en negociar un tratado comercial en las condiciones planteadas por la UE.
Según varios analistas e investigadores de Europa y América Latina, el gigante europeo propone a los andinos un acuerdo comercial muy parecido al TLC norteamericano que ya fue rechazado de plano por varios gobiernos y por la mayoría de los movimientos sociales latinoamericanos por considerarlo un acuerdo político destinado solamente a consolidar la hegemonía de las empresas norteamericanas en la región.
Si bien la UE plantea a la CAN un acuerdo de integración más integral que un TLC (incluye componentes de diálogo político y cooperación para diferenciarse del modelo comercial inflexible de Estados Unidos), el corazón del Acuerdo de Asociación que han puesto en la mesa las potencias del viejo continente es un ambicioso componente comercial que, textualmente, busca ir más allá de los acuerdos de la OMC. El interés europeo no es un secreto para nadie: abrir el camino a las empresas europeas para que disputen las fuentes de materias primas y los mercados andinos con las transnacionales norteamericanas y asiáticas.
En la última reunión de La Paz, el gobierno del Presidente Evo Morales explicó a los representantes de la UE que, por mandato de las organizaciones sociales y de productores nacionales, no puede iniciar charlas poniendo en riesgo principios básicos de la vida al interior del país. Por ello propuso excluir del temario asuntos extremadamente sensibles como los servicios públicos, la propiedad intelectual y las adquisiciones estatales.
La UE quiere liberalizar estos rubros, en otras palabras comerciar con ellos. "No habrá privatización de los servicios básicos, tampoco va el tema de la propiedad intelectual porque afecta a la biodiversidad y el conocimiento humano y lo mismo en las compras estatales”, las cuales deben reservarse para los productores bolivianos, respondió el Vicepresidente Alvaro García Linera.
Los movimientos sociales andinos han dado muchas razones para justificar su oposición a la negociación de estos asuntos “extracomerciales” conocidos como “temas Singapur”, las cuales son retomadas por el gobierno boliviano. En primer lugar, los servicios esenciales para la gente como la provisión de agua deben permanecer en manos del Estado porque la privatización ha fracasado en la práctica. Suez, una empresa europea, se vio obligada a salir de La Paz y El Alto por su pobre desempeño.
Por otro lado, el gobierno de Morales se niega a conceder protecciones especiales a los privados a través de las denominadas reglas de propiedad intelectual porque éstas, entre otros inconvenientes, impiden a los Estados fabricar medicamentos genéricos para atender las necesidades de salud de su población.
En tercer lugar, los productores nacionales y el gobierno rechazan la incursión de privados extranjeros en las licitaciones de las compras estatales, tal vez la última herramienta efectiva del Estado para estimular el aparato productivo interno. Se calcula el Estado boliviano compra productos cada año por un valor superior a los mil millones de dólares.
Además, la sociedad civil y las autoridades concuerdan en que no sería conveniente otorgar a los inversionistas europeos más privilegios de los que ya tienen (libertad de movimiento y hasta paneles arbitrales internacionales para la resolución de controversias), como están exigiendo los negociadores europeos.
Europa está de acuerdo con no tocar estos temas sensibles e inclusive el embajador de España en Bolivia Francisco Montalbán dijo que Bolivia tiene todo el derecho de velar por la no privatización de sus recursos. Evo Morales ha reclamado el derecho del Estado de administrar todos los recursos naturales como el agua, que "jamás debe ser privatizada". "Esos temas los entiende Europa y aguardamos que haya un acuerdo entre los países de la CAN porque nosotros no tenemos problemas sobre esto", señaló el diplomático español.
Europa quiere parecer flexible, pero no así los analistas, ex funcionarios y políticos de derecha en la CAN y Bolivia identificados con la ortodoxia libre comercial, los cuales han iniciado una campaña mediática para descalificar al gobierno boliviano mostrándolo como el responsable de una posible fractura andina y como culpable de la pérdida del suculento mercado europeo.
Los “amigos de Bush” en la CAN
Se conoce bien la política comercial de los gobiernos de Colombia y Perú, que firmaron un TLC con Estados Unidos violando las reglas de la CAN y perjudicando a sus socios Ecuador y Bolivia. Ahora las administraciones de Alvaro Uribe y Alan García quieren iniciar conversaciones con la UE lo antes posible, sin reparar demasiado en las enormes asimetrías entre ambos bloques. Con sorna comentan los analistas de izquierda que Uribe y García firmarían cualquier cosa aún sin negociar.
Perú y Colombia opinan que Bolivia habría puesto condiciones "muy complejas" para una negociación en bloque y esperan que el país “flexibilice” su posición en la cumbre de presidentes que se realizará en Tarija a mediados de junio. Si eso no ocurre, solicitarán a la UE el inicio de negociaciones solo con ambos países, aunque los negociadores europeos han repetido hasta el cansancio que su mandato es negociar bloque a bloque y de región a región, lo que significa que no existe la posibilidad de iniciar charlas bilaterales.
La ministra de Comercio Exterior y Turismo de Perú Mercedes Araóz pedirá a la UE en Tarija “que entienda cuál es la situación actual y sinceremos las cosas para que los países que quieren entrar a la negociación lo hagan”. Asumió la misma posición el ministro de Comercio, Industria y Turismo de Colombia Luis Guillermo Plata.
“Bolivia quería una negociación prácticamente individual y marcando a priori qué era lo que se negociaba o no. Eso es algo que no quieren los europeos porque se trata de un paquete integral de temas”, dijo Araóz. Perú y Colombia están dispuestos a negociar un TLC integral, incluyendo las compras estatales, los servicios públicos, la propiedad intelectual y la liberalización de inversiones. Además, son proclives a adecuar su legislación a las premisas del libre comercio.
Según “los muchachos de Bush” en la CAN (así se los conoce en la región andina), Morales bloquea el acuerdo por su “posición ideológica de izquierda”. Para la derecha, es una “postura ideológica” el intento de mejorar el acuerdo que Bolivia ya tiene con Europa a través el Sistema General de Preferencias (SGP), y pedir la exclusión de los asuntos sensibles.
Los muchachos del libre comercio en Bolivia
El bando de los librecambistas nacionales que presionan al gobierno para que inicie negociaciones con la UE a cualquier precio está integrado por los de siempre: el Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE) y su presidente Gary Rodríguez, el ex negociador del TLC con Estados Unidos Julio Alvarado, la Cámara de Industria y Comercio de Santa Cruz (Cainco) y políticos de Podemos, el principal partido de oposición jefaturizado por el ex presidente conservador Jorge Quiroga.
El diputado de Podemos Rodrigo Paz de la Brigada Parlamentaria de Tarija pidió al Presidente que informe al país sobre la supuesta ruptura de las conversaciones con la UE, que significaría para Bolivia “la pérdida de un mercado de más de 400 millones de personas, la pérdida de inversiones para generar empleos y una serie de problemas en el ámbito de la cooperación”.
"Nosotros tenemos la impresión que lo que hizo el Presidente es prácticamente herir de muerte a la CAN, ya que uno de los pocos aspectos que tenía, como factor de unidad la CAN era el ámbito de negociación en bloque con la Unión Europea (...) Lo que no entendemos es cómo nuestro Presidente y nuestro gobierno, antes de iniciar una negociación sobre una mesa, haya cerrado las puertas”, comentó Paz, hijo del ex presidente Jaime Paz (MIR), conocido como uno de co responsables de la aplicación de políticas neoliberales en Bolivia.
Hace algunos días el IBCE emitió un comunicado criticando la política “aislacionista” de Bolivia, que primero enterró los mercados norteamericanos y ahora se cierra a Europa. “La CAN corre el peligro de avanzar hacia su defunción si el gobierno del Presidente Evo Morales no desbloquea las negociaciones con la UE (...) Bolivia pone en riesgo la unidad de la CAN”, opina Alvarado, funcionario de la Cancillería que trabajo para los viejos regímenes.
Alvarado pidió al gobierno “tomar una decisión seria y responsable frente a las negociaciones no sólo con la Unión Europea, sino con todos los otros países” y sugirió que la postura política de Morales pondría en riesgo las exportaciones bolivianas a Europa. Alvarado y el IBCE responsabilizaron al Ejecutivo de no impulsar una política comercial orientada a consolidar nuevos mercados.
Pura ideología
Los analistas y políticos conservadores que promueven los acuerdos comerciales explican que la crítica interna al libre comercio se apoya en razones puramente ideológicas. El Movimiento Boliviano por la Soberanía y la Integración Solidaria-Contra el TLC y el ALCA, la principal organización social de base que combate los acuerdos de comercio propuestos por las potencias, responden que, al contrario, son los defensores del modelo quienes actúan en función a dogmas políticos superados por la historia.
Integran este Movimiento más de 200 sindicatos, gremios y organizaciones indígenas como la CSUTCB, el Conamaq, decenas de federaciones campesinas de mujeres, sindicatos obreros y varias ONGs. Este colectivo se siente agraviado por Alvarado, que este jueves denunció que el Movimiento está manipulado por organismos no gubernamentales que se oponen al acuerdo con la UE “para mantener la pobreza en el país”. En criterio de Alvarado, si la situación económica mejoraría (por supuesto, gracias a un TLC) las ONGs ya no tendrían razones para permanecer en Bolivia.
Los representantes del Movimiento explican que su oposición a los acuerdos comerciales se apoya en hechos y no en ideologías. Los campesinos son los más sensibilizados porque han visto sucumbir a sus pares mexicanos obligados a competir con las transnacionales de Estados Unidos y Canadá en el marco del TLCAN. Estos gremios recuerdan que estudios del propio Banco Mundial confirman que los países pobres ganarán casi nada con el libre comercio.
El Movimiento enfatiza que Alvarado es quien se mueve y habla en función de dogmas carentes de sustento real. Recuerdan que el ex funcionario se gastó más de 100 mil dólares predicando que el TLC no ocasionaría un impacto negativo en la industria nacional cuando jefaturizaba el equipo boliviano encargado de negociar acuerdos comerciales con el extranjero, aunque los hechos le desmintieron. Bolivia será afectada por el TLC de Colombia, país que dejará de comprar soya boliviana para adquirir grano subvencionado de Estados Unidos, que obviamente es más barato.
En la lógica neoliberal, la apertura comercial es una palanca del desarrollo, aunque los datos indiquen lo contrario. Entre 1980 y 1999 la región redujo sus aranceles de 30% a 10%, pero el lugar del subcontinente dentro de los flujos de comercio de mercancías apenas cambió. En 1983, la región concentraba 5,8% del comercio mundial de exportaciones de mercancías, y en 2002 la cifra se situó en 5,6%. En los hechos, las políticas aperturistas aumentaron los índices de pobreza, de desempleo y la violencia social, y “reprimarizaron” las exportaciones latinoamericanas.
Alvarado y otros analistas siempre se jugaron por los TLCs en función de posibilidades y sin tomar en cuenta las condicionalidades o el precio que el país debe pagar por acceder a los “enormes” mercados extranjeros. Para acceder a los mercados había que entregar a cambio los servicios, los recursos naturales y hasta la autonomía del Estado, pues los TLCs se constituyen en herramientas políticas cuyo objetivo es afianzar la hegemonía de las potencias en la región, como lo reconoció Estados Unidos.
Siempre dieron por hecho que la sola apertura del “ilimitado” mercado norteamericano y europeo o la eliminación de aranceles necesariamente se traduciría en un boom exportador, sin tomar en cuenta que los países ricos imponen barreras extra comerciales a los productos agrícolas del tercer mundo y sin advertir que decenas de países pobres “compiten” ya por los mercados del primer mundo.
Alvarado no advirtió que el primer objetivo del TLCs con Estados Unidos era garantizar mercados para los exportadores de camisas, muebles y joyas, aún a costa de perjudicar al agro, a los consumidores de servicios y medicamentos, a las comunidades campesinas e indígenas cuyo patrimonio biogenético y cultural quedará a merced de las transnacionales, y al Estado mismo que perderá autonomía para emprender políticas de desarrollo propias.
Los líderes del Movimiento Boliviano por la Integración entienden que la campaña a favor de iniciar negociaciones por la UE tiene una explicación relativamente sencilla: Alvarado y otros analistas del IBCE tienen que justificar la plata que reciben de USAID y de ONGs europeas neoconservadoras creadas para irradiar la religión del mercado en todo el mundo.
