Centroamérica: Acuerdo con UE es un “instrumento de dominación”

Centroamérica: Acuerdo con UE es un “instrumento de dominación”

9-2-2009

El acuerdo de negociación con la Unión Europea sería un “instrumento de dominación”, y las micro y pequeñas empresas serían las más perjudicadas, por el control de mercados y los recursos productivos.

Daniel Trujillo
Redacción Diario Co Latino

El economista Raúl Moreno lo dice sin tapujos, y firmemente expresa su postura respecto al Acuerdo de Asociación de la Unión Europea-Centroamérica (AdA): “Estamos frente a un instrumento de dominación, frente a un instrumento hegemónico”.

La VI ronda de negociaciones del AdA se realizó durante los últimos días de enero en Bélgica, y Moreno estuvo presente en ese evento.

Moreno representó a la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (FESPAD) y a la Alianza Social Continental.

Las negociaciones con la Unión europea se realizan desde octubre de 2007 y para marzo, la VII ronda será en Tegucigalpa, Honduras.

Diario Co Latino conversó con el economista en torno a este temática y expresó: “El propósito de este instrumento de dominación es ejercer el control sobre nuestros recursos naturales, sobre el agua, sobre nuestra biodiversidad, sobre nuestros recursos mineros, sobre los recursos energéticos”, aseguró el también economista.

Para Moreno, la “dominación” comienza cuando el Acuerdo de Asociación de la UE-Centroamérica (AdA) es igual a lo estipulado en el Tratado de Libre Comercio (TLC) con los Estados Unidos; o sea, que el bloque europeo no admite menores privilegios de los que actualmente gozan los empresarios del país del norteamericano.

Moreno afirma que el AdA es también un instrumento político que responde al interés de la UE de ampliar su influencia hegemónica en Centroamérica, por el control de mercados y los recursos productivos.

De acuerdo a este experto en la materia, las exigencias económicas de la UE radican en profundizar en la apertura comercial de los países de la región, la privatización de los servicios públicos (a través de las concesiones renovables) y las empresas del Estado; la desregulación y protección para los inversionistas, control de los recursos naturales y la ampliación del marco de propiedad intelectual.

En esto último, Moreno explicó que el AdA, en el capítulo de la propiedad intelectual, permite a las corporaciones transnacionales la posibilidad de patentar las especies vegetales de Centroamérica a través de la ratificación del Convenio para la Protección de Obtentores Vegetales.
Y no sólo eso.

El Ada, según el economista, contempla que los beneficios de las empresas farmaceúticas serían prioridad, ya que penalizaría la producción y comercialización de productos que no estén acordes al nuevo marco de los derechos de propiedad intelectual, dentro de los cuales se encuentran los medicamentos genéricos.

Otra aspecto de “dominación” contemplado por el analista económico es que con el AdA se permite a las transnacionales monopolizar las actividades de la producción agroalimentaria, y que se lucren a través de patentes y derechos de propiedad de semillas genéticamente modificadas.

Moreno agregó: “la importación masiva de agroalimentos subsidiados se traduce en desplazamiento del mercado de la producción nacional de granos básicos, elevándose así los niveles de dependencia agroalimentaria y cerrando la posibilidad de producir nacionalmente los alimentos básicos”.

El economista explicó que el AdA tiene en esencia la supresión de cualquier regulación al funcionamiento de las inversiones extranjeras, quiere decir que con este se “sella” jurídicamente la supresión de cualquier regulación en el funcionamiento de las empresas extranjeras, facultándoles enjuiciar a los Estados en tribunales supranacionales en caso de afectación en sus ganancias o expectativas de ganancias, por la puesta en práctica de políticas públicas.

“El AdA considera el agua como una mercancía, susceptible de comercio, haciendo de lado su carácter de bien público, y recurso esencial para el goce de una vida digna. Cualquier medida que obstaculice la utilización de este recurso como objeto de comercio, puede interpretarse como una expropiación indirecta, exponiendo a los Estados a penalizaciones establecidas por tribunales internacionales”, sostuvo Moreno.

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