Novedades de los movimientos
Declaración de la sociedad civil global sobre las amenazas comerciales de Trump
Aunque las reglas comerciales existentes fueron moldeadas por las corporaciones estadounidenses, recientemente esto no ha sido suficiente para garantizar el dominio de Estados Unidos, por lo que Trump está recurriendo a la fuerza bruta.
Pronunciamiento Público - Primero Honduras, luego Venezuela: Organizaciones internacionales denuncian la injerencia de EE. UU. para complacer a sus amigos corporativos
Durante la presidenta Xiomara Castro en Honduras, se hicieron esfuerzos para revertir la creación, muy impopular, de ciudades modelo conocidas como las ZEDE, la profundización de la privatización en el sector energético y los contratos de infraestructura público-privados muy desfavorables para el interés público. En respuesta, Honduras se enfrentó a una avalancha de demandas por Solución de Controversias Inversionista-Estado (ISDS), que ascienden a unos 10 000 millones de dólares.
Acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur: extractivismo y mayor dependencia
El acuerdo UE-Mercosur consolida un patrón de intercambio desigual en donde la UE exportará bienes industriales y tecnología atrasada, mientras el Mercosur profundizará su rol como proveedor de materias primas agropecuarias y mineras. Esto es verdaderamente catastrófico porque significará el desmantelamiento del tejido industrial y la destrucción de miles de puestos de trabajo.
El acuerdo Unión Europea-Marruecos es ilegal e injusto
El acuerdo entre la UE y Marruecos favorece a grupos de presión y actores poderosos, margina a los agricultores europeos y al pueblo saharaui y no cumple el derecho internacional.
¿Qué dice el Acuerdo entre Emiratos Árabes Unidos y el Ecuador para la protección de inversiones?
El Acuerdo habla de “protección recíproca”. El objetivo central es estimular el flujo de capital, no el bienestar social, ambiental o territorial. No se menciona a comunidades, pueblos indígenas, trabajadores ni naturaleza como sujetos de protección. El arbitraje inversionista-Estado es la arquitectura central del tratado, ignorando la función jurisdiccional del Estado. No incorpora referencias a tratados de derechos humanos. Tampoco condiciona la protección de inversiones al cumplimiento de estándares sociales o laborales.
