El Acuerdo Trasatlántico sobre Comercio e Inversión. Una carta para la desregulación, un ataque al empleo, el final de la democracia

El Acuerdo Trasatlántico sobre Comercio e Inversión. Una carta para la desregulación, un ataque al empleo, el final de la democracia

Por John Hilary, 29-9-14

El Acuerdo Transatlántico sobre Comercio e Inversión es un extenso tratado sobre libre comercio e inversión que están negociando (en secreto) la Unión Europea y Estados Unidos. Su principal finalidad es eliminar las “barreras” reguladoras que limitan los beneficios potenciales de las corporaciones transnacionales a los dos lados del Atlántico. Estas “barreras” son en realidad algunas de nuestras normativas más preciadas en materia de derechos sociales y medio ambiente.

El Acuerdo Transatlántico sobre Comercio e Inversión (ATCI o TTIP, por sus siglas en inglés) es un extenso tratado sobre libre comercio e inversión que están negociando (en secreto) la Unión Europea y Estados Unidos. El presidente Barack Obama fue el primero en anunciar sus intenciones de emprender las negociaciones para alcanzar un TTIP durante su discurso sobre el estado de la unión en febrero de 2013, y en julio del mismo año tuvo lugar la primera ronda de negociaciones entre la Comisión Europea y los funcionarios estadounidenses. El objetivo es llevar a cabo las conversaciones lo más rápidamente posible y sin que los detalles lleguen a la opinión pública, con la esperanza de poder cerrar las negociaciones antes de que la ciudadanía en Europa y EE.UU. descubra la verdadera envergadura de la amenaza que supone el TTIP.

Como ya han admitido funcionarios de ambas partes, el objetivo principal del TTIP no es estimular el comercio eliminando aranceles entre la UE y los EE.UU., pues son tan bajos que apenas pueden reducirse ya. Su principal finalidad es, como ellos mismos han reconocido, eliminar las “barreras” reguladoras que limitan los beneficios potenciales de las corporaciones transnacionales a los dos lados del Atlántico. Ahora bien, estas “barreras” son en realidad algunas de nuestras normativas más preciadas en materia de derechos sociales y medio ambiente, como los derechos laborales, las normas de seguridad alimentaria (incluidas las restricciones a los OGM), las regulaciones sobre el uso de substancias químicas tóxicas, las leyes de protección de la privacidad en Internet e incluso las nuevas garantías en el ámbito bancario introducidas para prevenir otra crisis financiera como la de 2008. En otras palabras, no podría haber más en juego.

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