"El futuro no se impone, se decide"
Bolpress | 25 de octubre 2004
El pueblo ecuatoriano se pronuncia sobre el TLC: "El futuro no se impone, se decide"
En un proceso inédito en Ecuador, desde diversos signos ideológicos, investigadores, académicos, ONGs, organizaciones de mujeres, trabajadores, campesinos, indígenas, iglesias, intelectuales, universidades, centros de cultura, gremios profesionales y productivos, sumaron análisis, cuestionamientos y esfuerzos hasta coincidir en la necesidad de que el ingreso o no del Ecuador al Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, por las graves consecuencias en todos los ámbitos de la vida del pueblo, debe decidirse en una Consulta Popular.
Las organizaciones exigen que el régimen de Lucio Gutiérrez rinda cuentas y haga públicas las propuestas de los Estados Unidos y del Ecuador y las cifras del endeudamiento contraído a propósito de las negociaciones, así como los resultados de las onerosas consultorías contratadas con este propósito.
En un régimen de derecho la voz suprema descansa en los ciudadanos, hombres y mujeres, donde los gobernantes son meros mandatarios que deben sujetar su desempeño a la Constitución y leyes nacionales e internacionales y, justamente, en este escenario constitucional hay mecanismos para que legal y legítimamente se pueda escuchar la voz soberana a través de la Consulta Popular, opina Patricio Pazmiño Freire, coordinador General del Centro de Derechos Económicos y Sociales (CDES) de Ecuador.
La aludida complejidad técnica del tema, expuesta como argumentación para cuestionar la Consulta Popular es, por el contrario, indicativo de la incompetencia técnica del gobierno nacional, sus dignatarios y funcionarios, quienes han deslumbrado con su monumental limitación argumentativa para explicar al país los verdaderos alcances del TLC. Si algo ha quedado en evidencia en estos meses es que justamente no son los argumentos técnicos los que orientan este proceso, sino intereses crematísticos, afán desmedido de lucro y ganancia de minúsculos grupos de poder local, entontecidos por privilegiarse y favorecer los intereses de los capitales transnacionales, añade Pazmiño.
La inconsistencia grave de este régimen políticamente minusválido, que se coloca por fuera de la Constitución al pretender imponernos un TLC que desconoce los intereses nacionales y populares y viola masivamente los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, tiene que ser dirimida en el terreno de la Consulta Popular.
