La penúltima Ronda en Cartagena
Los industriales están temerosos de su suerte y carentes de voceros que
defiendan lo que han significado las empresas en el desarrollo nacional.
La Asociación Nacional de Industriales, ANDI, carece de toda
representatividad, pues desde el primer día ha actuado como vocera de las
multinacionales más que de la industria nacional.
En el movimiento social se ha incrementado la crítica al TLC; en las
semanas recientes numerosos sectores populares han consultado a sus
afiliados y habitantes de varias regiones sobre el tema y el TLC encuentra
un rechazo unánime. Sobresalen, además de los indígenas y habitantes del
departamento del Cauca, los productores de arroz y los cultivadores de
clima frío. Incluso en varias universidades como la de Antioquia, la
Nacional y otras se han realizado consultas que expresan un inmenso
rechazo de quienes han tenido la oportunidad de conocer un poco el
tratado. El movimiento indígena colombiano ha hecho significativos
pronunciamientos y movilizaciones, como la minga de días recientes en el
departamento del Tolima.
Durante el presente mes decenas de organizaciones sociales, por iniciativa
de la Red Colombiana de Acción frente al Libre Comercio y el ALCA,
RECALCA, han interpuesto varias decenas de acciones populares que tienen
el objetivo prevenir los inmensos daños que contra derechos fundamentales
se ocasionarán con el mismo. Organizaciones de usuarios de servicios
públicos, asociaciones campesinas, gremios de educadores, fundaciones,
organizaciones de profesionales de todo el país, están impugnando el TLC y
llevándolo a los tribunales.
Cincuenta y tres parlamentarios de la región andina han expedido un duro
comunicado en el cual alertan sobre el golpe que el TLC dará a la
soberanía y el desarrollo económico.
Igualmente, en Cartagena se han organizado debates y conferencias
paralelas que buscan informar objetivamente a la población y los
habitantes de la zona realizarán una manifestación el próximo 22 de
septiembre en las horas de la mañana, la cual ha sido obstaculizada por el
gobierno al militarizar la ciudad con 5.000 efectivos y negar el permiso
para el recorrido propuesto por las organizaciones sociales. Esta acción
es una preparación del paro cívico nacional que ha sido convocado para el
12 de octubre.
El gobierno no se digna tener en cuenta estas inquietudes, protestas y
exigencias del movimiento popular. Se obstina en firmar el tratado a como
de lugar y rápidamente. Sin embargo, a medida que sea más claro el
estropicio, aumentará la resistencia.
