La privatización del agua en beneficio de españoles se advirtió desde la firma del TLC: Juan Carlos Flores

La privatización del agua en beneficio de españoles se advirtió desde la firma del TLC: Juan Carlos Flores

21-4-14

El preso ambientalista Juan Carlos Flores Solís emitió desde el penal de San Pedro Cholula una segunda carta a la opinión pública donde cuestiona que la privatización del agua en Puebla en beneficio de empresas españolas se advirtió desde hace 20 años con la firma del Tratado de Libre Comercio (TLC).

En la epístola refirió que dicho tratado regresó con mayor fuerza al país a través de los gobiernos derechistas, para despojar a los pueblos originarios de sus recursos naturales y reprimirlos con violencia.

No en vano –indicó– surgió a la par del TLC el levantamiento armado en el estado de Chiapas, con el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN):

A raíz de ello, el vocero del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua Morelos–Puebla–Tlaxcala expresó metafóricamente que en Puebla “ha despertado el volcán Popocatépetl” para unificar a las comunidades en defensa de sus recursos; por lo anterior, pidió a sus compañeros de lucha que “la injusticia no debe ser costumbre ni sumisión, sino al contrario debemos responder con imaginación, unidad, fuerza y valor”.

“Aquí desde el Cereso de Cholula puedo decir que la cárcel es también un negocio para el gobierno; por eso los invito a continuar con la lucha contra el mal gobierno y por la recuperación de nuestros derechos”, exhortó.

En el contexto del TLC, destacó en la misiva que Puebla también tiene su propia historia, que marcó a la región de cholulteca con la imposición de 10 pozos de agua provenientes de Santa María Acuexcomac y San Buenaventura Nealtican.

“El gobierno entonces argumentó que la ciudad estaba en crecimiento y que necesitaba agua para la población, pero primero llegó a los pueblos con engaños, ofreció dinero para comprar pequeños ‘cuadros de terreno’ donde sabía que se podía extraer día y noche el líquido. Posteriormente, Nealtican y Acuexcomac se enteraron que de esos pedazos de tierra se llevaría el agua a Puebla”, se lee en el comunicado.

Desde entonces, señaló, los pueblos comenzaron a protestar y organizarse para evitar ser despojados de sus recursos naturales; sin embargo, refirió que el gobierno “extrajo a base de engaños” el recurso de los poblados de la zona del Popocatépetl, y terminó reprimiendo con granaderos a los pueblos de Acuexcomac y Nealtican que demandan un diálogo abierto con las autoridades.

A través de la carta, expuso que los pueblos de Nealtican y Acuexcomac cedieron el agua a cambio de la libertad de sus vecinos, hoy amenazados nuevamente con ser encarcelados si se oponen a la liberación del recurso hídrico, pero sobre todo a entregar el derecho de vía para el paso del gasoducto por estas tierras.

A dos años de la protesta del 5 de abril de 2012, aclaró que el gobierno morenovallisa utiliza esta acción para inculparlo, “gente de Gobernación y del Soapap me señalan directamente como responsable del cierre de los pozos, cuando ni yo ni el Frente de Pueblos participamos en la protesta legítima del pueblo de Acuexcomac”.

Esta represión contra el pueblo –dijo– ocurre mientras se concesiona el agua a empresas privadas como “Aguas de Barcelona”, que tendrá el derecho a embargar bienes a personas que no puedan cumplir con el pago del servicio, en franca violación al derecho universal del agua.

“20 años después, en Acuexcomac y Nealtican les quieren construir un gasoducto que pone en riesgo a la vida en las comunidades del volcán Popocatépetl, y aunque los pueblos hemos denunciado la ilegalidad de la obra en materia técnica, de Protección Civil y en la licitación económica, para nosotros no existe justicia”, se lee casi al último del comunicado.

Flores Solís comentó que mientras la empresa española Elecnor y la CFE defraudaron al Estado mexicano en un proceso de licitación en 70 millones de dólares, a la comisariada ejidal de San Felipe Xonacayucan, Enedina Rosas Vélez, se le encierra por su oposición a la construcción del gasoducto con la invención del delito de robo de dos celulares.

Por lo que al último exigió justicia en su caso y el de sus compañeros Enedina Rosas y Abraham Cordero Calderón, este último privado de su libertad por oponerse a la edificación del Arco Poniente en terrenos de cultivos de la Sierra Nevada.