Llamamiento urgente a los gobiernos para un debate público y democrático en Tisa
Llamamiento urgente a los gobiernos para un debate público y democrático en Tisa
Por UNI Global UNI, 27-5-16
Tisa nuevos documentos muestran que las normas comerciales internacionales se escriben en beneficio del 1 % más rico del mundo. Adoptado como es , estos documentos podrían limitar la capacidad de los gobiernos para legislar y regular la economía para asegurar la estabilidad financiera , la protección de los derechos de los trabajadores y la protección del medio ambiente.
Hoy UNI Global UNI y los sindicatos afiliados piden a los gobiernos para organizar con urgencia un debate público democrático sobre los impactos potenciales de Tisa.
Las negociaciones del ACS están avanzando a un rápido ritmo, con la mayoría de las partes en él dispuestas a puntualizar algunos de los anexos clave sobre los servicios financieros, el comercio electrónico y de telecomunicaciones de aquí a julio. Los participantes en el ACS en su conjunto representan el 70% del mercado de los servicios en el mundo con un valor de $44 billones de dólares e incluyen Australia, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, la Unión Europea, Hong Kong, Islandia, Israel, Japón, Liechtenstein, Mauricio, México, Nueva Zelanda, Noruega , Pakistán, Panamá, Perú, Corea del Sur, Suiza, Taiwán, Turquía y Estados Unidos. Aunque las conversaciones a menudo se mantienen en la sede de la OMC en Ginebra, también se desarrollan fuera del marco de la organización, porque no todos los países miembros son parte integrante de las negociaciones.
UNI Global Union ya ha expresado su honda preocupación ante las consecuencias posibles del ACS para la democracia, la transparencia, la regulación financiera, los derechos laborales y la protección de los trabajadores (en particular para los trabajadores migrantes), la protección de datos para los consumidores y el acceso a los servicios públicos universales (véase la circular 009 para más detalles). El ACS es un instrumento que sirve a los intereses empresariales y las multinacionales para maximizar sus beneficios y minimizar sus costes a expensas de la protección social y ambiental. Algunos de los países involucrados también tienen gran interés en la reducción del espacio disponible para la política pública y la regulación de nuevos servicios.
Desearíamos instar a todas las afiliadas de UNI de los países concernidos a que se pongan en contacto con sus gobiernos antes de la próxima ronda de negociaciones, que comienza el 26 de mayo, para plantear la cuestión de las posibles repercusiones del ACS.
