Los países andinos negociarán en bloque el acuerdo con la UE, pero a ritmos diferentes
13 Jun 2007
En la CAN hay dos grupos de países bien diferenciados: los amigos del libre comercio ortodoxo dispuestos a liberalizar servicios públicos, a permitir que se patenten semillas y formas de vida, y a convertir los alimentos en combustibles (Colombia, Perú y Chile); y los países nacionalistas que plantean límites al libre comercio y reclaman trato diferenciado para sus economías de menor desarrollo (Bolivia y Ecuador).
En el marco de la XVII Cumbre del Consejo Presidencial Andino, este jueves se lanzarán oficialmente las negociaciones del acuerdo CAN-UE. El secretario general de la CAN Freddy Elhers informó que las cuatro naciones del bloque acordaron aplicar un sistema de negociación diferenciado, con diversas velocidades, denominado de "geometría variable" por medio del cual los países pueden aplicar de inmediato los acuerdos o diferirlos según sus necesidades.
"Lo que se ha hecho es proteger a los unos y los otros, dar libertad a los países para que negocien de acuerdo a su realidad. Eso no es sino un reconocimiento de la unidad en la diversidad", explicó Elhers, para quien las negociaciones con los europeos pueden durar de dos a tres años.
El ministro de Relaciones Exteriores de Perú José Antonio García Belaunde afirmó que su país desea iniciar la negociación con Europa de inmediato y sin condiciones en el marco de la CAN, aunque “eso no impide reflexionar sobre qué tipo de integración tenemos o queremos tener en el futuro”. Una posición opuesta mantiene el gobierno boliviano, que adelantó que no negociará asuntos sensibles como la liberalización de inversiones, reglas de propiedad intelectual que atentan a los derecho de salud de la gente y la privatización de servicios esenciales y compras estatales. El Presidente Evo Morales dijo que su gobierno no vacilará en defender el acceso al agua como un derecho humano.
Lo que está en juego
El presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado Tito Hoz de Vila (Podemos) asegura que es mentira que la Unión Europea este condicionando la suscripción de un acuerdo comercial a la privatización de los servicios de agua, pues en la mayoría de los países europeos los servicios de agua potable están en manos del Estado.
Apoyándose en este razonamiento, Hoz de Vila demandó al gobierno boliviano, "en la forma más dramática", que suscriba y se adhiera al acuerdo de la CAN con la UE, ya que seria un “error irreparable” perder la oportunidad de vender productos nacionales en un mercado de 500 millones de personas. El gobierno aclaró que aún sin firmar ningún acuerdo el país tiene asegura el mercado europeo hasta el año 2014.
Una decisión en sentido contrario tendría funestas consecuencias en la generación de un mayor número de empleos y en el conjunto del desarrollo del país, más si se toma en cuenta que Bolivia no suscribirá un Tratado de Libre Comercio con EE.UU y las posibilidades de lograr una nueva ampliación del ATPDEA son remotas, comentó Hoz de Vila.
El legislador opositor consideró que no abrir un mercado como el europeo "es un crimen que nos enclaustraría en la miseria". Para él, el ALBA que impulsan Bolivia, Venezuela y Cuba además de Nicaragua es solo "un acuerdo político de buena voluntad" que no significa una respuesta a los requerimientos de intercambio comercial de Bolivia.
Otra percepción tienen las organizaciones sociales, que sostienen una reunión paralela a la Cumbre Andina en Tarija con la participación de representantes campesinos, indígenas, gremiales y de otras entidades sociales del país. Sindicados de Tarija, Potosí y Chuquisaca se reúnen en la segunda Cumbre del Bloque Sur, y trabajan en la redacción de propuestas que serán presentadas a los mandatarios de Estado de la CAN.
Según estas organizaciones, si el gobierno rechazó el TLC con Estados Unidos por ser contrario al interés nacional, tampoco puede suscribir un acuerdo comercial con Europa que insiste en aplicar reglas neoliberales de comercio que tienen incluso mayores implicaciones que los actuales acuerdos administrados por la OMC.
Hoz de Vila opina que es “criminal” no firmar un acuerdo, ya que la UE no exige la privatización del agua. Sin embargo, el senador de Podemos no está enterado de las otras ambiciosas demandas en servicios del gigante europeo. En diversas negociaciones multilaterales y bilaterales, la UE exige a los países menos desarrollados una progresiva liberalización en todos los niveles.
Europa pretende liberalizar aún más el sector financiero (bancos y aseguradoras) y eliminar las regulaciones aplicadas al sector, entre ellos los controles sobre los flujos de capitales y las burbujas especulativas. Y ya se sabe que un régimen de flujos de capitales desregulado exponen más a los países a las crisis financieras en el extranjero.
En la segunda mitad de la década de los 90, la competencia de los bancos extranjeros en los países en desarrollo debilitó a las instituciones financieras locales. Por otro lado, la banca extranjera tendió a atraer preferentemente a clientes ricos pero no aseguró el acceso a crédito con tasas preferenciales para los negocios pequeños y medianos
Analistas e investigadores opinan que la liberalización de servicios tiene serias consecuencias sobre el derecho de los países a regular sus propios mercados, al punto de que los principios sociales y medio ambientales terminan siendo vistos de manera creciente como “barreras” para el comercio internacional. Liberalizar este sector les cuesta a los países perder su espacio para la formulación de políticas de regulación en favor de su propia población.
Lo mismo ocurre si se concede a los inversionistas europeos, como exige la UE, mayores protecciones a las obtenidas durante el neoliberalismo. Si los gobiernos aceptan nuevas reglas liberales socavan al mismo tiempo otras herramientas de desarrollo económico, tales como requerir que los inversionistas extranjeros usen un cierto porcentaje de insumos locales en la producción o transfieran tecnología.
Las cláusulas de inversión que expanden los derechos de los inversionistas impuestas por Europa en sus acuerdos bilaterales permiten a las transnacionales europeas demandar a los gobiernos directamente en tribunales internacionales como el Centro Internacional de Resolución de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), descartando la jurisdicción de las cortes nacionales.
Por otro lado, la UE suele presionar a los países en desarrollo para que introduzcan en su legislación una protección de cinco a diez años sobre los datos de prueba para los medicamentos ("exclusividad de datos”).
La “exclusividad de datos” es una de las más dañinas disposiciones ADPIC-plus para el acceso a los medicamentos. Dicha protección aplicaría incluso cuando un medicamento no esté patentado o cuando el medicamento esté sujeto a una licencia obligatoria. Durante el periodo de protección, las autoridades regulatorias no podrán utilizar automáticamente dichos datos de prueba presentados por los productores de la marca original para aprobar la comercialización de versiones genéricas.
Todo esto dificulta y retrasa el lanzamiento de medicamentos genéricos al mercado y permite la introducción de patentes de segundos usos de medicamentos ya conocidos, lo que abre la posibilidad de nuevas patentes y el mantenimiento de monopolios de medicamentos ya existentes.
Algunos países europeos exigirán una extensión de cinco años en la vigencia de las patentes para compensar por retrasos "irracionales" en el procedimiento de aprobación para el lanzamiento al mercado de un nuevo producto.
Todas estas exigencias van más allá de las obligaciones impuestas por el ADPIC (TRIPs) de la OMC. Además, refuerzan los derechos monopolistas de las transnacionales farmacéuticas a costa de los derechos de la gente. Las ambiciosas exigencias europeas contradicen la Declaración de Doha y la recomendación 4.26 de la Comisión de Propiedad Intelectual, Innovación y Salud Pública de la Organización Mundial de la Salud del 2006, la cual sostiene que “en los acuerdos comerciales bilaterales no se debería intentar incorporar medidas de protección adicionales ADPIC PLUS mediante fórmulas que puedan reducir el acceso a los medicamentos en los países en desarrollo”.
Por si fuera poco, Europa desea que los países en desarrollo otorguen patentes a “invenciones biotecnológicas”, más allá de las obligaciones contenidas en el ADPIC, ya que las “invenciones biotecnológicas” pueden ser plantas o animales. Las patentes de semillas o de invenciones biotecnológicas son problemáticas ya que la aplicación de los derechos de propiedad en el terreno agrícola restringen los derechos de los agricultores, especialmente el derecho a usar las semillas restantes de las cosechas y el derecho de los criadores para acceder libremente a recursos genéticos. Muchas organizaciones sociales del mundo aseguran que el sobredimensionamiento de los derechos de propiedad intelectual podría destruir la biodiversidad agrícola.
En tercer lugar, la UE espera obtener lo que no ha conseguido en la OMC: un mejor acceso a los mercados de los países en desarrollo para los bienes industriales (máquinas-útiles, aparatos, instrumentos, relojería, industria química y farmacéutica, industria agroalimentaria etc.). Ofrecen liberalizar aranceles para todos los productos industriales y los productos transformados agroalimentarios, pero piden a cambio apertura sustancial del mercado de los países en desarrollo.
De aceptar estas condiciones, los países pobres perderían la capacidad de definir estrategias de desarrollo y políticas nacionales de industrialización. La eliminación de protecciones fronterizas implicaría desproteger a ciertos sectores sensibles y vulnerables. Las reducciones tarifarias solicitadas provocarían también una caída de los ingresos fiscales.
Figuran entre los sectores que podrían ser objeto de liberalización creciente y acelerada la madera y los productos forestales; productos pesqueros y los recursos energéticos (petróleo, gas, minerales).
Las agrupaciones políticas de derecha (Podemos y otras marginales), ex funcionarios de viejos regímenes neoliberales, algunos empresarios e infinidad de opinadores mediáticos están presionando al gobierno de Morales para que negocie un acuerdo con la UE con todas las características, claro que sin mencionar los detalles arriba descritos.
Y a pesar de que el discurso de esta gente es más propagandístico que técnico, ha tenido efecto en las esferas gubernamentales. En principio el Presidente Morales era reacio a plantear siquiera la negociación de una cuerdo marcadamente neoliberal con Europa, pero después de la campaña iniciada por la derecha hace dos semanas no ha tenido otra que anunciar el lanzamiento de las negociaciones en la cumbre de Tarija.
