Panamá: mientras Torrijos esta obsesionado en lograr el TLC el Congreso embiste contra la libertad de expresión
Por Matías Mongan desde la Redacción de APM, 20 de febreo de 2007
A sólo siete meses de haber subido el poder -más precisamente el 14 de marzo de 2005- el Presidente de Panamá, Martín Torrijos, anunció la derogación de las llamadas leyes “mordazas”, un conjunto de normas creadas por su padre Omar, quien gobernó con” mano de hierro” el país centroamericano desde 1968 hasta 1981.
El Primer mandatario argumento su decisión en el hecho que su administración no las iba a necesitar, ya que la misma iba a estar marcada por la honestidad y transparencia en las actividades de Gobierno.
Sin embargo menos de dos años después, el Presidente Panameño parece haber cambiado de opinión. El jueves 15 de febrero, en una sesión extraordinaria del Congreso, la bancada de diputados oficialistas del Partido Revolucionario Democrático (PRD) aprobó una serie de artículos que forman parte del proyecto de reforma del Código Penal de Panamá: entre las normas sancionadas sobresalen cuatro de ellas, las cuales según los gremios periodísticos atentan contra derechos fundamentales como la libertad de expresión y el derecho a la información.
El artículo 187 castiga con 200 días de multas o arresto domiciliario a todo aquel que decida hacer público, sin la debida autorización, papeles o correspondencia que tenga en su poder y que puedan llegan a producir un perjuicio a un tercero. Por otra parte los congresistas decidieron anular el 189 (que penalizaba la difusión de imágenes personales) pero a su vez crearon el 188-A, que determina que “quien patrocine, promueva o practique espionaje, seguimiento o persecución contra una persona sin autorización de funcionario competente, será sancionado con 2 a 4 años de prisión. Igual sanción se impondrá a quien patrocine o promueva estos hechos”.
Esta medida sin lugar a dudas impide la normal realización de la labor periodística e investigativa, ya que imposibilita poder realizar un seguimiento a una noticia o a un sujeto (o funcionario público) sospechado de un presunto acto de corrupción. Además incentiva a la autocensura, ya que la amenaza de ir a la cárcel va a llevar a que muchos periodistas tengan miedo en realizar sus denuncias.
Otro de los artículos atentatorios de la libertad de expresión es el 422, que estipula una pena de hasta cuatro años de prisión si una persona difunde: “información reservada en materia política, diplomática y de policía referentes a la seguridad del Estado”.
Pareciera que los congresistas no se quedaron contentos con esta suerte de “mordaza” jurídica, ya que también decidieron modificar el párrafo de 215, para así permitir que todo funcionario que se sienta calumniado o injuriado por alguna publicación pueda realizar una denuncia tanto en la esfera civil como la penal.
La aprobación de las leyes provocaron indignación en los sectores periodísticos, que aglutinados en el Frente para la Defensa de la Libertad de Expresión (Fredelex), decidieron salir a las calles para manifestar su descontento. "Este es un retroceso sin precedentes (...) Ahora hay que seguir manifestándose, enviar una alerta internacional hasta que el mundo sepa que en Panamá se enterró la libertad de expresión y exigirle al presidente Martín Torrijos que vete estos artículos", remarcó el coordinador general Jean Marcel Chéry.
La oposición también salió a criticar no sólo la actitud del Congreso, sino que también al mismo Presidente Torrijos. Uno de ellos fue el integrante del Partido Unión Patriótica, Fernando Carrillo, quién sostuvo que “se supone que este gobierno en campaña prometió eliminar las leyes mordazas y crear las condiciones para promover la transparencia en la gestión pública (...) Sin embargo, con esta iniciativa legislativa se busca acallar las voces que denuncian, que investigan y que son los fiscalizadores naturales que tiene el pueblo”.
Mientras la sociedad panameña continuaba conmocionada con la nueva normativa jurídica que ataca la libertad de expresión, el 14 de febrero el Presidente Martín Torrijos inició una gira de “trabajo” en los Estados Unidos para intentar así acelerar la aprobación del Tratado de Libre Comercio (TLC) firmado entre ambos países.
Debido a la excesiva importancia que el gobierno le dio al viaje, durante unos días se produjo una suerte de acefalía en el Poder Ejecutivo de Panamá: ya que el Vicepresidente, Samuel Lewis Navarro decidió acompañar a Torrijos a Estados Unidos y el segundo vicepresidente (Rubén Arosemena) en esos días se encontraba en Boston por razones de salud.
El Ministro de la Presidencia, Ubaldino Real, rápidamente salió a desmentir que el país en esos momentos estuviera en una suerte de anarquía. El funcionario afirmo que el Presidente lo llamaba unas 10 veces al día, lo que confirmaba que - a través del teléfono- continuaba dirigiendo los destinos del país.
Durante el viaje por el país norteamericano, Torrijos se reunió con el presidente George W. Bush para debatir acerca del futuro del TLC y sobre todo para contarle sus planes para ampliar el Canal de Panamá.
Por intermedio de la construcción de un tercer juego de exclusas, que requerirá inversiones por alrededor de 5.250 millones de dólares. Esta obra fue la principal herramienta de “seducción” que presentó el primer mandatario centroamericano, para intentar así acelerar la sanción del TLC antes de Junio de 2007.
Por esta razón, en una reunión con integrantes de la Cámara de Comercio estadounidense, les solicitó a los empresarios que influyan en el debate que actualmente se está llevando a cabo en el Congreso.
“Contamos con ustedes para avanzar más rápido. Esperamos que se pueda conseguir un enfoque bipartidista sobre libre comercio", señaló Torrijos en relación a la oposición de la mayoría demócrata con respecto a los TLC que ha venido llevando a cabo la administración Bush.
El empresariado estadounidense está ávido de participar en las ganancias que va a producir el proceso de ampliación del canal. Según Tom Gales, vicepresidente para América Latina de la multinacional Caterpillar, ellos “están en desventaja” ya que Panamá no forma parte del Acuerdo de Compras Gubernamentales de la Organización Mundial de Comercio (OMC).
“El TLC las pondría -a sus empresas- en igualdad de condiciones para competir por esas oportunidades” enfatizó Gales en el marcó de la reunión con el Presidente panameño.
Caterpillar, que tiene alrededor de 48 mil empleados en todo Estados Unidos, tiene su sede central en el estado de Illinois. Este distrito esta representado en el Congreso por el republicano Jerry Weller, que casualmente encabeza “Panamá Caucus", una organización que apoya la firma del Tratado de Libre Comercio con el gobierno panameño.
Como se ve, las empresas multinacionales -al igual que el presidente George Bush- están haciendo todo lo posible para intentar sellar el acuerdo comercial con una nación que ellos califican como “estratégicamente vital” para sus intereses. Por su parte el Presidente Torrijos continúa firme con su obsesión de alcanzar el TLC, hasta el punto que esta “seduciendo” a los sectores comerciales estadounidenses (con las posibles ganancias que va a producir el proceso de ampliación del Canal de Panamá), para que estos conformen un grupo de presión constante que busque persuadir a la mayoría demócrata en el Congreso.
Mientras tanto los periodistas panameños reciben de su Congreso aprobaciones de leyes contra el ejercicio de su labor.
mmongan@prensamercosur.com.ar
