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Sellando el JPEPA: en secreto y por la fuerza

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Sellando el JPEPA:
en secreto y por la fuerza

Sandra Nicolas [*]
Octubre de 2007

Es fácil presentar un guión sencillo para historiar el Acuerdo de Cooperación Económica Japón-Filipinas (conocido ampliamente como JPEPA por las siglas en inglés del Japan-Philippines Economic Partnership Agreement) de modo que, a primera vista, parezca plausible. Ese relato dice que las conversaciones en torno al JPEPA se han prolongado a lo largo de seis años debido a una fuerte oposición y que hasta sus proponentes reconocen las dificultades y están a la defensiva. La versión es optimista y, por desgracia, también inexacta. Además, elimina toda posibilidad de sacar conclusiones importantes de esta particular experiencia filipina de oposición a los tratados de libre comercio (TLC).

La resistencia al JPEPA ciertamente ha cobrado fuerza y es un factor fundamental para detener el acuerdo, cuyas negociaciones se han prolongado casi tanto como las de la Ronda de Doha en la Organización Mundial del Comercio (OMC). En realidad, la oposición comenzó apenas a cobrar fuerza en la última parte de 2006, cuatro años después de que el acuerdo comenzara a conformarse. También es reciente que los defensores del JPEPA en el ámbito gubernamental parezcan estar perdiendo el debate en las audiencias parlamentarias. Pero aunque los argumentos de la oposición han sido claros, es también pura suerte que el gobierno haya sido negligente, falto de autocrítica e increíblemente inepto y mal preparado para argumentar a favor del tratado.

Si bien el JPEPA amenaza con desmantelar las políticas económicas filipinas como intentó OMC hasta que se vio finalmente obligada a retroceder, en general ha recibido mucha menor atención pública que la institución multilateral mundialmente cuestionada. Fuera de artículos ocasionales y protestas esporádicas en la capital nacional, a la opinión pública en general le resultaría difícil decir que el país está listo para aceptar uno de los acuerdos económicos de mayor alcance de su historia post-colonial.

Nada de esto implica subestimar la importancia y el papel fundamental de la pujante oposición al JPEPA. En verdad a ella se debe que su análisis sea lo suficientemente firme como para que incluso la respuesta tardía haya sido tan efectiva. Sin embargo, queda mucho por hacer en términos del JPEPA y otros acuerdos comerciales que enfrenta el pueblo filipino. Aun cuando la lucha contra el JPEPA permanezca hasta ahora, de un modo u otro sin solución, la experiencia recogida arroja luz sobre algunas de las dificultades que tiene la organización contra los TLC y subraya cómo al final lo más importante es la preparación de los movimientos sociales y su determinación.

Protestas desmovilizadoras

"¡JPEPA a baasura!" es un lema para muchos movimientos sociales de la lucha contra el Acuerdo de Asociación Económica de Japón-Filipinas

Parte importante de que la reacción hay sido tardía tiene que ver con el proceso JPEPA y también con el modo en que el tratado impacta el país. Los contenidos del acuerdo se mantuvieron en secreto hasta después que el acuerdo se firmó, de manera que durante mucho tiempo los grupos anti-JPEPA no tenían nada con qué concretar sus posiciones en la campaña. Por otro lado, la economía filipina está tan rezagada y subordinada a la de Japón, que a pesar del enorme perjuicio estratégico del tratado, hay relativamente pocos sectores afectados en lo inmediato.

La idea del acuerdo comenzó a gestarse a principios de enero de 2002, como parte de la propuesta del Primer Ministro japonés Junichiro Koizumi, de una “Iniciativa de Cooperación Económica Amplia entre Japón y la ASEAN [Association of Southeast Asian Nations o Asociación de Naciones del Sudeste Asiático]”. La presidenta filipina Gloria Macapagal-Arroyo, una economista, dio amplio apoyo a la propuesta aun cuando no se sabían todavía los detalles. Pocos meses después dio impulso a un grupo de trabajo que estudiara el JPEPA. Una serie de consultas, un comité conjunto y reuniones del grupo de trabajo a partir de fines de 2002 prepararon el camino para el lanzamiento de las conversaciones formales en diciembre de 2003 y su inicio real en febrero del año siguiente. Las negociaciones duraron hasta julio de 2005, seguidas de una evaluación jurídica hasta octubre de 2005.

El JPEPA fue firmado finalmente en septiembre de 2006 por los respectivos Jefes de Estado de los países, durante las actividades suplementarias de la cumbre Asia-Europa (conocida como Asia Europe Meeting o Asem) realizada en Helsinki. Fue ratificado rápidamente tres meses después, en diciembre, por el parlamento japonés y sólo requiere la ratificación del senado filipino para entrar en vigor.

Los contenidos del JPEPA eran prácticamente desconocidos fuera de las partes negociadoras, hasta su firma en 2006. Mientras que los términos generales se revelaron en un principio, nunca se dieron a conocer los detalles sustanciales, de los cuales podrían evaluarse sus efectos. El gobierno filipino aduce haber realizado “consultas públicas” en octubre de 2002, agosto de 2004 y septiembre de 2004, y haber concurrido a algunas audiencias del Comité Especial sobre la Globalización en la Cámara de Representantes (Filipinas tiene una legislatura bicameral compuesta por el Senado y la Cámara de Representantes). Sin embargo, los negociadores se negaron sistemáticamente a hacer públicos los borradores del JPEPA con el argumento de que eso alteraría su posición negociadora. Regularmente se hicieron declaraciones de prensa de avances o importantes puntos del acuerdo pero, otra vez, sin entrar en detalles.

La única fuente real de presión política en torno al JPEPA provino entonces de algunos grupos propensos a la izquierda en el parlamento que, por ejemplo, fueron activos en el Comité Especial sobre la Globalización. Entre esas preciosas y escasas voces críticas contra las políticas del “libre mercado” de la “globalización” estaban representantes de las listas partidarias de Bayan Muna, Anakpawis, el Partido de Mujeres Gabriela y Akbayan. Estos legisladores trabajaron muy de cerca con organizaciones populares y organizaciones no gubernamentales. Ya en 2004 se elevaron solicitudes formales de copias del borrador del JPEPA ante el Departamento de Industria y Comercio y luego durante las audiencias de la Cámara de Representantes, pero todo se ignoró o lisa y llanamente se rechazó. El trabajo en alianzas dentro del parlamento también fue limitado y no fue suficiente para lograr que el Vocero de la Cámara, un estrecho aliado de la presidenta, diera a las solicitudes un mayor peso parlamentario.

Frustrados, los legisladores de Akbayan y algunas ONG fueron a la Suprema Corte en diciembre de 2005 en procura de una orden precautoria para impedir que el gobierno firmara el tratado sin antes haber dado a conocer públicamente la totalidad de sus disposiciones. El Procurador General a su vez argumentó que la Corte no tenía jurisdicción para emitir una resolución sobre la petición. Sin duda en numerosas ocasiones el antecedente de la Corte es que decide no solamente en función de razones estrictamente jurídicas sino también a partir de realidades políticas. La desafortunada realidad política en este caso, sin embargo, fue la falta de protesta pública generalizada contra el JPEPA (que también podría haberse utilizado para incidir en los parlamentarios). Pero todo esto resultó debatible ante la posible firma y revelación del tratado.

En todo el periodo previo a la firma del tratado, a los negociadores gubernamentales favorables al JPEPA les resultó fácil llevar la delantera. En realidad las conversaciones se demoraron a pesar de la ausencia de una oposición fuerte y no debido a ella. Las comunidades de base y las organizaciones de masas fueron prácticamente invisibles en el tema JPEPA. El éxito del gobierno en mantener en secreto los contenidos del acuerdo coartó con mucha eficacia la oposición al JPEPA, que fue privada así de puntos concretos para su campaña. Hubo muy poca oposición y grupos como el FTA (Alianza por el Comercio Justo), entre otros, terminaron desviándose a luchas defensivas y tangenciales sobre la falta de transparencia y de acceso a la información. A pesar de ser cuestiones legítimas y motivo de agitación entre algunos intelectuales, parlamentarios y ONG, lamentablemente no fueron preocupaciones cercanas para los sectores básicos del país y resultaron temas sin fuerza en torno a los cuales pudieran movilizarse.

La firma del tratado en septiembre de 2006 y la revelación del acuerdo permitió que la oposición al JPEPA cobrara fuerza. Pudieron hacerse proyecciones más definidas, pudieron identificarse los grupos afectados y los grupos movilizados se pusieron en marcha. Los activistas filipinos que participaban del Foro de los Pueblos Asia-Europa [Asia Europe People’s Forum (AEFP)] reaccionaron de inmediato a la firma denunciando el aspecto secreto de las negociaciones. De los primeros en reaccionar acerca del impacto del JPEPA, en las semanas siguientes a la firma fueron grupos sindicales como Kilusang Mayo Uno (KMU), preocupado por la reducción de puestos de trabajo en los sectores automotriz y siderúrgico, el Kilusang Magbubukid ng Pilipinas (KMP) que temía el desplazamiento de campesinos y la conversión de zonas rurales en basureros, y el Pambansang Lakas ng Kilusang Mamamalakaya ng Pilipinas (Pamalakaya) que se oponía a la pesca del atún local por pesqueros japoneses.

También ayudó que ahora hubiera un sitio definitivo donde concentrar la atención: el Senado filipino, que era el que faltaba ratificar el JPEPA para que el tratado finalmente entrara en vigor. Las acciones de protesta en el Senado filipino y también en la embajada japonesa pasaron de convocar a unas pocas docenas de personas, a reunir varios cientos y seguramente continuarán aumentando. La Magkaisa Junk JPEPA Coalition fue la primera fusión amplia multisectorial y específica contra el JPEPA e inició una serie de protestas enfocadas especialmente en el tema de los residuos tóxicos y peligrosos. Entre los grupos más activos están IDEALS [Initiatives for Dialogue & Empowerment through Alternative Legal Services Inc., o Iniciativas para el Diálogo y el Empoderamiento a través de los Servicios Jurídicos Alternativos], Abogados por el Ambiente, Iniciativas Ecológicas, Ecowaste Coalition y la Asociación de Enfermeras Filipinas (PNA). La coalición también se vinculó con algunos funcionarios gubernamentales y parlamentarios.
La red multisectorial Bayan también tomó el tema de los residuos tóxicos pero desde un principio destacó además la expoliación de los recursos filipinos por parte de Japón. El think-tank IBON Foundation, a su vez, destacó los términos desiguales del tratado y la pérdida de soberanía en materia de política económica -donde Filipinas liberaliza más que Japón y se le impide utilizar herramientas de política comercial e inversión vitales para el desarrollo nacional. En el parlamento, los grupos de izquierda de la Cámara de Representantes nuevamente expresaron su oposición pero el campo de batalla pasó del Senado a las calles.

Los ambientalistas se oponían a que Japón vertiera sus residuos tóxicos en el país, los pescadores se oponían a dar a los pesqueros comerciales japoneses mayor acceso a sus recursos locales de pesca, los agricultores protestaban como consecuencia de las presiones de la gran agroindustria que los desplazaba, los trabajadores fabriles de las industrias automovilística y siderúrgica protestaban por los posibles despidos y bancarrotas, y las enfermeras y trabajadores de la salud impugnaban los supuestos beneficios que les anunciaba el tratado. Pero incluso entonces todo esto era esporádico por una serie de razones.

Finalmente, tener el texto completo y los detalles del acuerdo permitió un análisis más sustancial de sus impactos adversos. Esto brindó bases más claras para identificar sectores afectados específicos y otros grupos de interés que se podrían movilizar, lo que desembocó en crecientes acciones de masa -típicamente plantones, pequeñas manifestaciones o sesiones de fotos en la prensa. Los grupos de apoyo publicaron análisis en las páginas de internet y circularon copias electrónicas a través de listas y grupos electrónicos. La prensa y la radio recibieron un flujo constante de breves comunicados de prensa en puntos específicos de atención. Se distribuyeron los resultados de investigaciones, tanto exhaustivas como en estilo más popular, y se realizaron foros públicos. Se inició una campaña electrónica de firmas con una petición en línea. El papel de los senadores alineados a las fuerzas de resistencia fue particularmente importante.

Sin embargo, también hubo factores no relacionados directamente con el tratado que retrasaron el proceso. El ciclo electoral filipino fue importante y gran parte del tiempo y de los recursos fueron absorbidos por las elecciones de 2007. El Senado, por ejemplo, asumió el JPEPA como parte de su proceso de ratificación a fines de 2006 pero rápidamente lo aplazó cuando se acercó la época de las elecciones. El tema permaneció inactivo desde principios de 2007, a lo largo del primer periodo de la campaña, hasta las elecciones de mayo y posteriormente a ellas. El tratado volvió como tema de carácter nacional justo después de haber sido enviado al nuevo Senado, poco después de la apertura del Congreso en julio de 2007.

El secreto con que se negoció el JPEPA llegó lejos en impedir la oposición y contener la protesta. Aun así, a casi más de un año de que fuera dado a conocer en su totalidad, la oposición popular al JPEPA sigue en proceso de formación plena. Tal vez haya una condición objetiva especial subyacente que es útil destacar: la economía filipina se ha devastado tanto después de casi tres décadas de “globalización” que el JPEPA, casi paradójicamente, tiene muy poco qué destruir. La economía también ha estado progresivamente subordinada, en especial a Japón desde fines de la década de 1980.

La base más confiable y amplia de oposición a los TLC tales como el JPEPA no puede más que provenir de las poblaciones pobres y mayoritarias de los países: los agricultores, los trabajadores, los pequeños empresarios, los profesionales de bajos ingresos y otros sectores por el estilo. De ellos, los más importantes para movilizar son aquéllos cuyas vidas y formas de sustento sufren los efectos directos de la aplicación de un TLC. El JPEPA, sin embargo, llega en un momento muy especial de la historia económica del país.

Desde el comienzo de la era de la “globalización” en la década de 1980, sucesivos gobiernos filipinos han impuesto políticas de “libre mercado” a los filipinos. El país está ahora entre las economías más abiertas del sudeste asiático y tiene los aranceles más bajos y las menores restricciones a la inversión extranjera después de Singapur. Esas medidas han erosionado gradualmente a los sectores productivos del país y la devastación acumulada es grave. La manufactura constituye una parte mucho menor de la economía de lo que era en la década de 1960, y la dominación extranjera que sufre es la mayor de toda su historia. La agricultura está en niveles históricamente bajos, el déficit comercial de la agricultura ha aumentado desde mediados de la década de 1990, y el país es más dependiente que nunca de alimentos importados. El desempleo tiene índices nunca antes alcanzados.

Las medidas de liberalización del JPEPA se impondrán en un régimen económico que ya se ha entregado mucho debido a las recientes décadas de “globalización” furibunda. Esto explica también por qué Filipinas se liberaliza mucho más con el JPEPA de lo que lo hacen Malasia, Indonesia o Tailandia con sus tratados equivalentes con Japón -es que parte de una base ya muy liberalizada.

Pescadores quemaron incienso durante una manifestación el 3 de octubre de 2007 en Manila para ahuyentar malos espíritus que trabajan para la ratificación de JPEPA. En la protesta machacaron el mensaje de que si pasa JPEPA, las empresas japonesas estarán pescando atún en aguas filipinas con la entrada de grandes buques de pesca que agotarán los caladeros de las pequeñas comunidades de pescadores filipinas. (Foto: Pat Roque / AP)

En términos del impacto inmediato, el país tiene escasas industrias existentes de las que pueda decirse que serán afectadas negativamente. Apenas el nueve por ciento de la fuerza de trabajo está en el sector manufacturero, lo que incluye aun quienes trabajan en empresas japonesas radicadas en las zonas francas del país, dentro de una cadena de producción que abarca toda la región. También ocurre que Japón no es como sus pares Estados Unidos y la Unión Europea y hasta ahora no subvenciona exportaciones agrícolas importantes que amenacen la producción agrícola nacional. El sector que probablemente se vea perjudicado en lo inmediato es el de los pescadores nacionales a pequeña escala que podrían enfrentar la penetración y absorción de grandes pescadores comerciales japoneses, que gozan de elevadas subvenciones.

El JPEPA es, además, el primer tratado económico bilateral propiamente dicho desde la era colonial estadounidense hace más de un siglo atrás. Ser el primer tratado significa que la oposición al JPEPA no tiene el beneficio de una experiencia negativa de un TLC previo con el cual refutar los beneficios proclamados por el gobierno. Por el otro lado, el grupo pro-JPEPA que se ha beneficiado de la “globalización” del país augura con bombos y platillos entusiastas cifras de inversión extranjera y exportaciones. Entre los que más se escuchan están los mayores grupos comerciales del país: Electronics Industries of the Philippines, Inc. (SEIPI, industrias de semiconductores y electrónica), Philippine Chamber of Commerce (PCCI, la cámara de comercio e industria de Filipinas) y la Philippine Exporters Confederation (confederación de exportadores de Filipinas).

Sin embargo, ésas no son en modo alguno limitaciones insuperables, en especial porque el JPEPA causa perjuicios tanto inmediatos como estratégicos a largo plazo especialmente graves. El tratado en efecto cierra la puerta al desarrollo filipino al impedirle utilizar herramientas de política económica de protección y apoyo que prácticamente todas las naciones adelantadas, incluido Japón, necesitaron utilizar en sus primeros estadios de desarrollo. Los movimientos sociales y de masas de carácter ideológico del país tienen una larga trayectoria como para saber que no pueden enfrentar los peligros únicamente con agitación. Las campañas anti OMC de mediados de la década de 1990, por ejemplo, fueron un hito importante en la movilización de sectores básicos en torno a temas de comercio e inversión que hubieran podido considerarse abstractos y técnicos.

Sin embargo, esas limitaciones influyeron. Incluso luego que los detalles del JPEPA se hicieron públicos y casi un año después, una parte importante de la oposición al JPEPA todavía opta por agitar el tema de la liberalización de las importaciones de residuos tóxicos. Se trata de una preocupación válida y tácticamente importante que la convierte en un punto de entrada para senadores que tal vez de otra forma no se preocuparían por un tratado bilateral. También para la prensa, que se inclina por temas de fácil “enganche”. Pero por toda la demora que provoca es poco probable que impida el tratado y en el mejor de los casos es probable que provoque modificaciones al mismo. La elección del tema en parte refleja también la naturaleza de las fuerzas políticas que pudieron movilizarse, cuando tal vez una campaña más de agricultores, trabajadores o comunidades habría dado mayor énfasis a una preocupación menos restringida. Si bien se formó una coalición multisectorial que elevó la visibilidad mediática del JPEPA con bastante eficacia, su caballito de batalla sigue siendo el de los residuos tóxicos, que tampoco es probable que conmueva demasiado a la opinión pública de las clases medias o, mucho menos, de los sectores básicos.

La reciente coalición multisectorial No Deal: Movement Against Unequal Free Trade Agreements (No al tratado: movimiento contra acuerdos de libre comercio desiguales) aborda el JPEPA desde un ángulo diferente. Apunta a ampliar el debate social sobre el tratado para incluir también sus aspectos de más largo alcance, tales como la encerrona del subdesarrollo de Filipinas, el interés de largo plazo de los filipinos por una economía que provea formas de sustento suficientes, la explotación de la mano de obra y los recursos naturales del país por empresas japonesas, y las ambiciones hegemónicas de Japón en Asia oriental. Derrotar la ratificación del JPEPA es un objetivo central pero también significa hacerlo de manera que atraiga el mayor número de sectores básicos, les explique las cuestiones más importantes y concretas de su interés, y contribuya sustancialmente a la lucha anti-globalización general. O, dicho de otra manera, desde la perspectiva de construir no solamente grupos anti- JPEPA sino movimientos sociales y de masas que se opongan a la “globalización” y que luchen por la soberanía nacional.

Sofocar la oposición

El movimiento filipino "¡No al tratado!" en lucha contra JPEPA

La trayectoria de la oposición al JPEPA ha recibido influencias de varios lados. Pero en la medida en que cualquier campaña anti-TLC enfrenta una serie de situaciones imprevisibles y difíciles, al final lo más decisivo es el estado del aparato organizativo con el cual iniciar, movilizar y sostener la protesta popular. Es aquí donde la potencial oposición al JPEPA en Filipinas ha enfrentado los mayores obstáculos.

La represión política del gobierno es el principal factor que ha lentificado el crecimiento de una protesta popular más amplia contra el JPEPA. La campaña represiva ha implicado ataques a las fuerzas y grupos políticos progresistas de la oposición que, como parte de sus luchas por democracia y desarrollo, hubieran estado al frente del tema JPEPA. La represión a la oposición de los principales grupos de la izquierda -a los que el gobierno convirtió en blanco de sus ataques mientras dejaba fuera a la mayoría de los demás grupos de la sociedad civil- ha sido particularmente severa. Las filas de los grupos de agricultores, trabajadores, de derechos humanos, de la iglesia y otros, han sufrido alrededor de 1 500 asesinatos, atentados y desapariciones forzadas desde 2001. El tema es lo suficientemente serio como para haberlo presentado ya ante la Asamblea General de las Naciones Unidas.
La campaña anti JPEPA fue una de las numerosas movilizaciones inevitablemente afectadas. Los restringidos recursos destinados a investigación, aspectos jurídicos, organización, alianzas y movilización se desviaron a esfuerzos más urgentes para la supervivencia organizativa. Se montó una contraofensiva política para evitar una postura puramente defensiva que pudiera resultar paralizante; se priorizaron las campañas sobre derechos humanos, en contra de los asesinatos políticos y de una ley “antiterrorismo” draconiana.

Aparte de esta desviación de recursos, hubo alteraciones en los métodos de trabajo habituales. Las organizaciones comenzaron a adoptar numerosas medidas de seguridad -tales como cambiar de oficina, mayor cuidado en las comunicaciones, variaciones en las rutas de viaje y la no concurrencia a lugares habituales- lo que inevitablemente alteró las rutinas. El vilipendio y la propaganda negra también espantaron a algunos aliados mientras que la dispersión y el acoso físico dificultaron las acciones de masas y las reuniones. A pesar de todo eso, el movimiento trató de continuar con su trabajo organizativo y de movilizaciones toda vez que la situación lo permitía.

La represión política continúa pero los esfuerzos para contrarrestarla han disipado el clima de temor y permitieron que la red afectada prosiga, si bien algo tardíamente, con sus esfuerzos por construir una coalición amplia y multitemática. Eso incluye la creación de alianzas con los restantes sectores de la industria manufacturera, tales como los de repuestos automovilísticos, hierro y acero, y artículos electrónicos y eléctricos, cuya desaparición se precipitaría por las importaciones japonesas en el marco del JPEPA. También con los pescadores pequeños y medianos de atún, que todavía no tienen acceso al mercado japonés y al mismo tiempo temen la incursión de grandes grupos de pesca japoneses.

También se inició una campaña de educación popular en la Región de la Capital Nacional (NCR, por su sigla en inglés) con la distribución de folletos populares en filipino, debates educativos para líderes de comunidades y de organizaciones sociales, y foros en pequeñas comunidades. El tema del JPEPA es manejado conscientemente de forma tal de vincularlo con las anteriores campañas anti-globalización para sostener la resistencia continuada al neoliberalismo, y se centra en cuestiones concretas de falta de empleo y condiciones de trabajo.
Hay debilidad, no obstante, en términos de un material de análisis más amplio y detallado, adecuado para parlamentarios, funcionarios de gobierno, académicos y profesionales. Eso sería útil no solamente para la construcción de alianzas en general, sino en particular en el Senado, donde se está por ratificar el JPEPA. Las audiencias allí han demostrado que los senadores en general carecen de capacidad e interés en asuntos económicos técnicos y se basan en gran medida en los aportes que les acercan fuentes invitadas. Esto significa que las audiencias abren la posibilidad de incidir en los senadores o, por lo menos, utilizarlas como una plataforma muy visible para elaborar posiciones. La increíble falta de preparación de los negociadores del gobierno -posiblemente cebados en la autocomplacencia que les permitieron las negociaciones secretas del JPEPA- dio mayor brillo a esas oportunidades.

Un trabajador de la empresa japonesa Toyota en Filipinas.

Sin embargo, los intereses a favor del JPEPA se están reagrupando para incidir en el Senado. Después de la debacle sufrida en las audiencias iniciales en el Senado, la presidenta Arroyo creó un grupo de trabajo inter-organismos con miembros de 16 agencias gubernamentales que incluye los departamentos de asuntos exteriores, comercio e industria, agricultura, energía, medio ambiente y recursos naturales, presupuesto y gestión, finanzas y otros. La élite de grandes grupos comerciales del país con vínculos estrechos con el capital extranjero también sacó un manifiesto conjunto exhortando al Senado a que ratifique el tratado. No hay que subestimar la influencia de esos grupos, especialmente en varios senadores que tienen aspiraciones presidenciales para 2010 -ya que los grandes negocios siempre son una fuente valiosa de fondos para la campaña electoral.

La ronda inicial de las audiencias del Senado pareció contribuir a la oposición al JPEPA. Los grupos del gobierno no pudieron presentar argumentos convincentes de los beneficios del tratado. Por otro lado, la oposición dio argumentos lúcidos sobre sus efectos adversos en aspectos específicos tales como importaciones de residuos tóxicos y desenmascaró los supuestos beneficios para enfermeras y trabajadores de la salud. Un argumento muy esgrimido fue que el JPEPA concede privilegios indebidos a los inversionistas japoneses y viola varias disposiciones económicas nacionalistas de la Constitución filipina de 1987.

Mobilización de los trabajadores de la salud

A pesar de todo esto todavía no hay en el Senado un bloque visible que esté claramente en contra del JPEPA y que pueda llegar a parar la ratificación del tratado; mucho menos hay un bloque anti-globalización. Cuando se les presionó para conocer sus comentarios, los senadores se mostraron cuidadosos y el tono general ha sido que todavía podían ser convencidos y que las audiencias, aún después de la presentación de ambas partes, no habían sido concluyentes. Aun la cuestión potencialmente decisiva de la inconstitucionalidad del JPEPA, al ser un asunto principalmente jurídico, en realidad elude el tema central de que las políticas de “libre mercado” de la globalización son destructivas para la economía, el ambiente y el bienestar de la gente. El peligro es que tal vez haya que hacer algo más para superar la inercia de los intereses de las élites así como el conservadurismo político y judicial, y que el JPEPA, o algún otro tratado de ese tipo, logre imponerse de una forma u otra.

La trayectoria de la oposición al JPEPA es una historia de lucha sobre un tema complejo en condiciones políticas y económicas muy por debajo de lo ideal. Los movimientos sociales y de masas filipinos tienen muchos años de experiencia de lucha en los temas económicos y políticos más urgentes que enfrenta el pueblo filipino, lo que incluye una amplia y enérgica resistencia desde la década de 1990 a los acuerdos extremadamente técnicos de la OMC, lo cual se vincula directamente a la actual lucha contra el TLC. De alguna forma esos éxitos promovieron la reciente contracampaña de represión que dificulta el despegue de la amplia oposición al JPEPA.

El JPEPA enfrenta algunas demoras pero es posible que igualmente se concrete -el compromiso de los economistas del gobierno con su ideología de “libre mercado” y de las poderosas élites comerciales con sus ganancias rara vez se inmuta por preocupaciones en torno a la pobreza o el subdesarrollo. Aun así, la oposición al JPEPA crece con esfuerzos que se van sumando, especialmente en las bases. Esto, más que nada, ofrece buenos augurios a la resistencia, no solamente al JPEPA sino a otros tratados similares y a la agresión neoliberal, en todas sus formas, contra el pueblo.

Footnotes:

[*Sandra Nicolas es una periodista independiente cuyo trabajo aborda asuntos de política y economía en Filipinas. Ha escrito para el semanario electrónico Bulatlat la revista Philippine Graphic y en otras publicaciones.


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