Teleco guatemalteca amenaza a El Salvador con arbitraje de inversión
Por CIAR Global | 4 de diciembre de 2024
Teleco guatemalteca amenaza a El Salvador con arbitraje de inversión
La compañía con sede en Guatemala Fibranet y su subsidiaria Cablefrecuencias enviaron una notificación de intención de recurrir a arbitraje internacional a El Salvador, a través de la firma internacional Eversheds Sutherland, respecto a sus inversiones en el sector de las telecomunicaciones. Los inversores invocan el incumplimiento del Tratado de Libre Comercio República Dominicana, América Central, Estados Unidos (CAFTA-DR).
En 2010, Fibranet adquirió el 99,9% de Cablefrecuencias, compañía constituida bajo las leyes de El Salvador. A partir de entonces, el Grupo Fibranet invirtió en infraestructura de radiodifusión en El Salvador, y como el marco regulador salvadoreño señalaba un próximo cambio en el uso de las bandas para las comunicaciones móviles, inició un proyecto para el desarrollo de una red móvil 4G LTE de alta velocidad que podría cubrir prácticamente todo el territorio de El Salvador, y actualizarse al 5G.
Cablefrecuencias denuncia un proceso, vía decreto, de anulación de la renovación automática de las concesiones, que en 2010 tenía una duración nominal de 20 años, ya que debía presentarse en 2017 a la renovación de concesión junto a otros concesionarios; y la injerencia de la Superintendencia General de Electricidad y Telecomunicaciones (SIGET).
Fibranet reclama expropiación de sus inversiones por parte de El Salvador, que tampoco otorgó a los inversores protección y seguridad plenas, al cancelar retroactivamente la renovación automática de sus concesiones, y falló en aplicar el principio de trato justo y equitativo denunciando que las decisiones de la Justicia salvadoreña contravinieron directamente el marco legal nacional aplicando de manera errónea Decretos de la Asamblea Legislativa.
Fibranet reclama un monto de 130 millones de dólares estadounidenses en concepto de daños compensatorios, más los intereses y honorarios legales correspondientes. Si en un plazo de 90 días, desde la comunicación hecha el 27 de septiembre de 2024, no se llega a un acuerdo, la controversia será sometida a arbitraje del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI).
