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litigios inversionista-estado | ISDS
Solución de Controversias Inversionista-Estado (ISDS por sus siglas en inglés) se refiere a una manera de manejar los conflictos en virtud de acuerdos internacionales de inversión mediante el cual a las empresas de una de las partes se les permite demandar el gobierno de otra parte. Esto significa que pueden presentar una queja y pedir una indemnización por daños y perjuicios. Muchos TBI y los capítulos sobre inversiones de los TLC permiten esto si las expectativas de beneficio de un inversionista se han visto afectadas negativamente por alguna acción que el gobierno anfitrión tomó, como por ejemplo el cambio de una política pública. La disputa normalmente se maneja no en un tribunal público sino a través de un panel arbitral privado. Los lugares habituales donde estas actuaciones se llevan a cabo son el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (Banco Mundial), la Cámara de Comercio Internacional, la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional o la Corte Internacional de Justicia.
El ISDS es un tema candente en estos momentos, ya que está siendo cuestionado fuertemente por los movimientos ciudadanos en el contexto de las negociaciones del TTIP UE-EE.UU, las conversaciones del Acuerdo Transpacífico y el acuerdo CETA entre Canadá y la UE.
Con la denuncia internacional de los daños causados por la minera Calica en Playa del Carmen, anunciada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, se evidenciará el grave desbalance que hay entre el poder de los estados y organismos internacionales de regular a empresas trasnacionales, y el poder de éstas para anteponerse a los derechos humanos y ambientales.
Las grandes petroleras están usando una herramienta legal poco conocida para el público en general, argumentando que las acciones contra el cambio climático afectan sus ganancias.
En un Amicus Brief presentado por la Comisión Europea el 31 de mayo ante un tribunal estadounidense, el órgano europeo argumenta que el laudo dictado contra España viola la legislación de los 27.
Andrés Manuel López Obrador (AMLO) amenazó en su rueda de prensa del 25 de mayo (La Mañanera) con recurrir a tribunales, nacionales o extranjeros, si no llega a un acuerdo con Vulcan Materials sobre el yacimiento en Quintana Roo.
Varias empresas extranjeras demandaron al Estado de Guatemala por supuestos incumplimientos de contratos y si los casos se pierden, se sumarían a varios del pasado.
Desde noviembre del 2020 y hasta marzo del 2022, se registraron controversias entre México y Estados Unidos; Estados Unidos y Canadá, México y Canadá.
Entrevista con la activista chilena Lucía Sepúlveda Ruiz
Amigos de la Tierra, Ecologistas en Acción, Greenpeace, SEO/BirdLife y WWF han enviado una carta al Gobierno español pidiendo el abandono inmediato del Tratado de la Carta de la Energía.
Talos presentó en septiembre al gobierno mexicano notificaciones de disputa en virtud del acuerdo comercial entre Estados Unidos, México y Canadá (T-MEC), un paso previo a la introducción de un reclamo de arbitraje internacional.
La cementera estadounidense Sargeant Petroleum ha presentado un arbitraje de inversiones contra República Dominicana por un contrato de concesión de materiales asfálticos.
España ha sido condenada en el arbitraje con Renergy, empresa con sede en Luxemburgo, ante un panel CIADI que ha valorado las pérdidas producidas por los cambios normativos de las energías renovables en 33 millonse de dólares.
El monto representa apenas tres por ciento de la suma que POSH reclamó a México desde 2018, de 227 millones de dólares.
Un estudio advierte de que “La acción mundial contra el cambio climático podría generar más de 340.000 millones de dólares en reclamaciones legales de los inversores en petróleo y gas“.
El gobierno de Andrés Manuel López Obrador ha ordenado el cierre de las operaciones y cierre en las extracciónes y canteras submanrinas que la compañía estadounidense Vulcan Materials Company administra en Quintana Roo, México. Y lo ha hecho en medio de un arbitraje de inversiones que mantiene con una subsidiaria de la compañía
El Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri) ha comunicado el acuerdo al que ha llegado con la concesionaria del proyecto Chavicmochic, formada por las brasileñas Odebrecht y Graña y Montero, para suspender el laudo del arbitraje y reiniciar los trabajos del proyecto de irrigación.
Ecologistas en Acción se ha manifestado frente al Congreso de los Diputados denunciando el «lavado verde» de los combustibles fósiles y el Tratado de la Carta de la Energía.
Frustrados quedaron los vendepatrias de administraciones anteriores y empresas mineras que se salivaban con el litio de nuestro país. Advierten que la nacionalización del litio en México contraviene al T-MEC.
Montecon inició el proceso previo a la demanda contra el Estado uruguayo ante un arbitraje internacional, al activar los mecanismos de solución de controversias previstos en tratados de promoción y protección de inversiones.
México no estableció reservas para minerales estratégicos en los tratados comerciales, afirman.
Más de 60 organizaciones del Estado español han firmado y enviado una carta a todas las diputadas y diputados pidiendo el voto contrario a este Acuerdo.
