El 27 de febrero de 2006, Estados Unidos y Colombia concluyeron un Acuerdo de Promoción Comercial que desde el primer momento fue duramente cuestionado por la sociedad civil por las trampas que escondía. En temas agropecuarios y en relación al “trato nacional” rápidamente se hicieron públicos las nuevas ventajas que el TLC otorgaba a los EEUU.
Uno de los temas cuestionados fue el de los contingentes de bienes agropecuarios que se refiere a las cantidades limitadas de los productos denominados como “especiales” que pueden ingresar a Colombia sin pagar aranceles desde el primer año de vigencia del TLC y que fueron aumentados al momento de firmar el Acuerdo. También en el comercio de carne bovina EEUU ha insistido que se le debe aceptar la que provenga de reses de más de 30 meses que constituye una amenaza latente para la salud animal y humana en Colombia por el posible ingreso de ganado con el mal de las “vacas locas”.
En un inicio el tratado fue aprobado en el Congreso colombiano con la negativa de las bancadas de la oposición del Polo Democrático Alternativo y Partido Liberal Colombiano, pero más tarde el principal opositor de este proyecto sería el Congreso de Estados Unidos que no lo aprobó después de que el Partido Demócrata alcanzara las mayorías en el Congreso de ese país y cambiaran las posturas frente a las políticas del gobierno Bush.
Los demócratas reclamaron que el gobierno de Uribe Vélez no había hecho lo necesario para controlar los crímenes de lesa humanidad generados por los paramilitares, señalando que el gobierno Colombiano debe resolver primero la violencia contra sindicalistas, campesinos, y judicializar a los funcionarios implicados en escándalos de filtración de mafias del narcotráfico y grupos de autodefensas en el llamado escándalo de la parapolítica.
Desde abril de 2008 la votación para su aprobación quedó aplazada después de que el presidente George Bush enviara el tratado de manera intempestiva para su aprobación, lo que fue considerado como una presión indebida por parte del Partido Demócrata en la cabeza de la presidenta de la Cámara Nancy Pelosi.
Por otro lado la oposición a nivel nacional en Colombia se ha mantenido firme y los últimos años vieron a distintos sectores fuertemente movilizados para resistir el TLC. La última gran movilización fue la “Minga Indígena y Popular” en la que los pueblos indígenas de todo Colombia se movilizaron recorriendo miles de kilómetros hasta Bogotá para rechazar el TLC, entre otras reinvindicaciones. La movilización indígena logró la adhesión de los más diversos sectores de la sociedad colombiana.
A pesar de toda la resistencia y la continuidad de la misma, con la gestión del Presidente Santos y su mejor imagen internacional (a pesar de la continuidad absoluta de las políticas y problemáticas de la gestión de Uribe) el gobierno colombiano logró que el Congreso de los Estados Unidos lo aprobara el 10 de octubre del 2011 y que entrara vigencia desde el 15 de mayo de 2012. La puesta en marcha del TLC significó la aprobación de más de 15 normas a través de Leyes y Decretos para “adecuar” la legislación de Colombia al TLC en temas tales como los derechos de propiedad intelectual, salvaguardas y aranceles.
última actualización: mayo de 2012
Fóto: Public Citizen
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