El mito de los TLC. ¿El futuro es Puerto Rico?

La presión por suscribir de una vez el Area de Libre Comercio para las Américas (ALCA) va in crescendo. Los poderosos sectores que la apoyan sólo enuncian una serie de proposiciones de buenas intenciones, pero ningún resultado concreto. El ejemplo a seguir -dicen estos sectores- es Chile. ¿Cómo nos irá en el futuro si las naciones del continente suscriben el ALCA? Debemos tener confianza ciega en que éste es el camino hacia el desarrollo... o algo así.

No obstante, los habitantes de la América subriograndense tienen un ejemplo al alcance de la vista de todos de qué puede ocurrir en caso de triunfar la posición librecambista: el Estado Libre Asociado de Puerto Rico. Este país tiene un estatuto especial: según la enciclopedia Wikipedia, “Puerto Rico es un territorio no incorporado de los Estados Unidos. La relación del gobierno de Puerto Rico con el gobierno federal de los Estados Unidos es muy parecida a la relación del gobierno federal con otros estados. Todo lo relacionado a la moneda, la defensa, las relaciones exteriores y el comercio entre estados cae bajo la jurisdicción del gobierno federal. El gobierno de Puerto Rico tiene autonomía fiscal y tiene derecho a cobrar impuestos locales. Los puertorriqueños son ciudadanos de Estados Unidos con los mismos derechos y deberes que dicha ciudadanía confiere, excepto que tienen que residir en Estados Unidos para poder participar como votantes en las elecciones presidenciales”.

La Constitución de los Estados Unidos y la mayoría de las leyes que aprueba el Capitolio en Washington se aplican a Puerto Rico. Sin embargo, los habitantes de la isla no pagan impuestos sobre ingresos federales y no votan en las elecciones presidenciales. El Comisionado Residente es el único representante de la isla en el Congreso de los Estados Unidos. Aunque el Comisionado Residente no tiene voto en el pleno de la Cámara, disfruta de todos los demás derechos que tienen los miembros del Congreso”.

Repasando la historia, vemos que Estados Unidos entra en la historia portorriqueña cuando en 1898 invadió la isla en el marco de la Guerra Hispano-Americana. Luego, a través de la Ley Foraker estableció un gobierno civil en reemplazo de las autoridades militares establecidas a raíz de la invasión. Pero el gobernador era nombrado directamente por el presidente estadounidense.

En 1917, con la Ley Jones se les otorgó a los portorriqueños la ciudadanía estadounidense, dependiendo directamente del Departamento de Interior de Washington. En 1948, Luis Muñoz Marín se convirtió en el primer gobernador elegido por sus coterráneos y en 1952 propuso que la isla obtuviese el estatuto de gobierno interno propio bajo la “Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico”.

Pero Puerto Rico no se convirtió en un país desarrollado. En Economía se define al desarrollo económico no sólo al simple crecimiento. El desarrollo económico implica una mejora de los indicadores de desarrollo humano. Sin esto, no estamos ante un proceso de crecimiento.

En América Latina sobran los ejemplos; en el Siglo XIX, Argentina, el siglo pasado, Brasil y en lo que va del XXI, Chile... No obstante, ninguno de estos países se ha desarrollado. Miente quien diga lo contrario.

Como muestra sólo basta un botón. Un indicador del grado de desarrollo de un país es la cantidad de inmigrantes que atraiga. Sabemos que Norteamérica, la Unión Europea (UE) y algunos otros países atraen enormes oleadas de personas que buscan -y no siempre lo logran- un futuro mejor. Pues bien, Puerto Rico tenía en 2004 una población en la isla de 3.920.000 habitantes, mientras que los que habían emigrado al territorio de Estados Unidos sumaban 4.300.000.

Es cierto que los indicadores económicos favorecen a la vigencia del estatuto actual que rige en la isla. La esperanza de vida es de 81,77 años para las mujeres y 73,67 para los hombres, promediando en 77,62 años. El desempleo es alto, del orden del 13 por ciento, y el Producto Bruto Interno (PBI) suma 72.000 millones de dólares, lo que arroja una renta por habitante de 18 mil dólares. La más alta del “área hispana”, pero apenas la mitad de la que exhiben los habitantes de Estados Unidos.

Podemos afirmar que Puerto Rico es el paradigma de lo que significaría adoptar el ALCA. “Ya para el año 1930, Albizu Campos se refería a la burguesía puertorriqueña como una minoría acorralada en vías de desaparecer como resultado del total acaparamiento de la riqueza por los monopolios estadounidenses. Esto, a pesar de la ficción de igualdad jurídica creada por la imposición forzosa de la ciudadanía estadounidense”, dice Rafael Rodríguez Cruz en una nota publicada en Argenpress.

En las primeras tres décadas del Siglo XX, la burguesía local había sido absolutamente desplazada por las corporaciones con sede en Wall Street. Esto llevó a Campos a decir que Puerto Rico es un caso distinto al de otros estados norteamericanos... No olvidemos que la cuestión inmigratoria queda totalmente de lado en las discusiones por el establecimiento del ALCA.

“Puerto Rico fue invadido militarmente en 1898 pero los intereses que estaban detrás de esa empresa no eran inmigrantes europeos aspirantes a convertirse en una porción más o menos alícuota de la burguesía estadounidense, mudándose a Puerto Rico como si esto fuera Texas, Hawai o Arkansas a mediados del Siglo XIX. Esa época había pasado; en Estados Unidos dominaban ahora los monopolios y toda expansión del aparato estatal federal, toda adquisición plena de un territorio nuevo, estaría sujeta enteramente a esos intereses”, nos relata Rodríguez Cruz.

Albizu explica la diferencia en los siguientes términos: “La historia continental norteamericana puede ilustrarnos sobre el procedimiento. El territorio continental, para fomentar su riqueza y su desarrollo cultural y político, tuvo que favorecer la posesión de bienes en manos de residentes de buena fe, y la legislatura territorial acusa una política uniforme de hacer onerosa la posesión de bienes en poder de los no domiciliados (...) Como aquí-por Puerto Rico- no había nada que fomentar, y ellos, los invasores, encontraron una nación hecha mucho más adelantada que la gran mayoría y comparable favorablemente con cualquiera de sus provincias ‘estados’ más avanzados, no se estimuló la iniciativa legislativa colonial para fomentar la riqueza nativa sino que se inició violentamente del proceso de desposesión colectiva”.

Es decir, el poder en Washington ya no buscaba el desarrollo local dentro de los parámetros que luego se denominaron como el “sueño americano”, sino ahora ya primaba el mucho más evidente “sueño corporativo americano”. En este caso, la única posibilidad de cumplir con este apotegma pasaría por emigrar...

Por este motivo, Puerto Rico dispone de un estatuto especial de existencia, una especie de limbo jurídico. Tiene vedado su derecho a adquirir poderes económicos frente al gobierno federal.

Como ejemplo de esto, Rodríguez Cruz compara el caso puertorriqueño con las islas Hawai. “El archipiélago de islas que se conoce como Hawai fue anexado en el mismo año que Puerto Rico, pero terminó siendo una provincia “estado”, bajo el control de una minoría capitalista anglosajona residente en el lugar. Luego del virtual exterminio de la población originaria hawaiana, pasó a dominar allí de forma clara la tendencia centrípeta en la “cuestión nacional”. Puerto Rico, por el contrario, nunca dejaría de ser una colonia mientras estuviera dentro de las fronteras de Estados Unidos. O, para decirlo en las palabras de Albizu Campos: “Nunca habrá de tener Puerto Rico bajo el imperio norteamericano un gobierno responsable”. Esa es la verdadera base objetiva del angustioso sentido de impotencia de la ideología burguesa en nuestra isla, del sentimiento de que somos un país al margen del desarrollo histórico, incapaces de controlar nuestro destino, como si las leyes universales del cambio social y político nos fueran genéticamente incompatibles”, concluyó.

Puerto Rico es un área económica donde las corporaciones anglosajonas pueden actuar libremente bajo leyes que son controladas por poderes radicados a kilómetros de la isla. No es casual que existan partidos que busquen la independencia absoluta de Estados Unidos, como por ejemplo el Partido Independentista Puertorriqueño (PIP) ¿Acaso el lector haya oído hablar de partidos californianos que busquen la independencia de la Unión, o movimientos de esta índole en Nueva York o Florida?

Legalmente, las empresas puertorriqueñas pueden actuar en todo el territorio continental estadounidense. Pero se trata de una competencia entre dispares. Si nombramos doscientas grandes empresas con sede en Estados Unidos, vamos a encontrar una cierta heterogeneidad geográfica, pero ninguna es oriunda de Puerto Rico.

San Juan de Puerto Rico, la capital, cumplió algunos años atrás la función de enclave latino para vincularse sobre todo en el terreno de los bienes culturales con toda América latina. Pero desde hace unos años ese rol le cabe a la ciudad de Miami, en el estado de Florida.

¿No existen demasiadas coincidencias con las condiciones que impone la Casa Blanca para que entre en vigencia el ALCA? ¿No es acaso Puerto Rico el espejo donde podemos reflejarnos a futuro si la ola tratadodelibrecomercialista triunfa? Las corporaciones podrán actuar con total libertad, pero se desterritorializa la justicia, debiéndose resignar la capacidad judicial propia a favor de los organismos internacionales, los tribunales estadounidenses, aquellos que dependan de los organismos multilaterales de crédito. Además -y esto es central- la cuestión migratoria está completamente descartada.

¿Acaso en Argentina no padecimos el proceso de extranjerización de la economía? Esto no es más que un ejemplo del reemplazo de la burguesía nacional por las corporaciones estadounidenses. Lo que busca el ALCA no es el surgimiento de una burguesía local que defienda ciertos intereses que se convierten en estratégicos o nacionales, sino la total sumisión a los intereses de Wall Street.

Por un lado se multilateraliza la cuestión de los subsidios a la producción agrícola. Washington está dispuesto a eliminar las ayudas domésticas a sus granjeros sólo si se logra un acuerdo dentro de la Organización Mundial de Comercio (OMC). La cuestión migratoria, ya mencionamos, ni siquiera se menciona. El resto de las relaciones se bilateralizan: total liberalización.

Pero, por lo que se negocia en los TLC que aún restan rubricar, Puerto Rico va a ser una nación privilegiada al lado de lo que va a ocurrir con los firmantes. Para algunos sectores, ser como Puerto Rico significaría un avance; mencionarían las cifras de comercio exterior, de renta personal y algún que otro indicador. Como lo hacen hoy con Chile, el ejemplo latinoamericano. Puerto Rico no es un país de una belleza asombrosa, pero no es una nación desarrollada.

Cuando en los debates mediáticos se aborde la conveniencia o no de suscribir un TLC con Estados Unidos, no debemos olvidar -aunque las fuerzas neoconservadoras se esfuercen en lograr lo contrario- que existe un ejemplo al alcance de la vista de cómo puede ser el futuro en caso de suscribir los designios de Washington. Porque el futuro que nos espera no es el desarrollo económico, sino que el futuro es Puerto Rico.

pabloramos@prensamercosur.com.ar

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