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El régimen de protección de inversiones y sus impactos en Colombia

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ISDS impactos | febrero 2020

El régimen de protección de inversiones y sus impactos en Colombia

Colombia ante una explosión de demandas de inversores extranjeros

En 2018, Colombia fue el país más demandado ante tribunales de arbitraje privados por parte de corporaciones transnacionales. Desde el principio del nuevo milenio, el gobierno de Álvaro Uribe negoció y el de Juan Manuel Santos garantizó la ratificación de tratados bilaterales de inversión y de libre comercio, abriéndoles así la posibilidad a empresas mineras, entre otras, de demandar al país por sumas multimillonarias.

EL UNIVERSO DE TRATADOS DE PROTECCIÓN DE INVERSIONES DE COLOMBIA

Colombia se subió tarde al tren de la firma de tratados bilaterales de inversión (TBI) en comparación con otros países en la región, si bien hubo intentos de negociación anteriores, la mayoría de los tratados de inversión no se firmaron hasta mediados de los 2000. Entre los principales obstáculos a la avanzada de estos tratados se encontraban el control de constitucionalidad de los tratados internacionales de inversión por parte de la Corte Constitucional en Colombia, así como los fuertes cuestionamientos a las violaciones a derechos humanos por parte de las organizaciones sociales y sindicales. Pero una vez que arrancaron, los gobiernos colombianos apretaron el acelerador. Mientras que en la mayoría de los países del mundo a partir del cambio de milenio se ponía un freno a la firma de TBI, Colombia avanzaba sin considerar los riesgos que este tipo de tratados conlleva.

Hasta la fecha, Colombia tiene vigentes 6 TBI y 8 Tratados de Libre Comercio con capítulo de protección de inversiones que permiten arbitraje inversor-Estado.i

Existen también 10 TBI firmados, pero aún no ratificados.ii Es interesante destacar que la ratificación de los TBI y TLC tiene que contar con la aprobación de la Corte Constitucional de Colombia, que en el pasado expresó preocupaciones frente a tratados como el firmado con EE.UU. Recientemente, en relación a la ratificación del TBI entre Colombia y Francia, la Corte emitió la sentencia C-252 del 2019.iii En ella, solicita al Gobierno que realice una declaración interpretativa con Francia para aclarar el significado de cláusulas claves del Tratado, como por ejemplo, la de Trato Justo y Equitativo y, en particular, el concepto de expectativas legitimas.

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