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Las Organizaciones de la Sociedad Civil hacia la construcción de la Comunidad Sudamericana de Naciones

Alianza Social Continental

1. Creemos que el futuro de la Comunidad Sudamericana de Naciones adquiere una nueva perspectiva a raíz del fracaso del proyecto del ALCA y de la generalizada convicción en el continente sobre otra integración posible. Un bloque sudamericano puede ser un paso importante y favorable si permite hablar a nuestros pueblos con voz propia, independientes de las imposiciones y condicionamientos de los Estados Unidos, Europa y los organismos multilaterales como el FMI, el Banco Mundial, la Organización Mundial del Comercio o el BID. Reafirmar y ejercer la soberanía de la región es el primer paso para cualquier proyecto de verdadera integración.

2. A diferencia del ALCA, los TLCs y los tratados de inversión cuya orientación es favorecer a las empresas transnacionales y a mercantilizar todos los aspectos de la vida, la Comunidad Sudamericana de Naciones debe basarse en la redistribución de la riqueza que hoy está concentrada en pocas manos, donde los estados cumplan con sus obligaciones en materia de derechos sociales, culturales, económicos de los pueblos, superando las discriminaciones de género, raza y generacionales y respetando la identidad y los derechos de los pueblos indígenas. La vida, los derechos humanos y ambientales, el bienestar y la solidaridad entre los pueblos deben ser el centro del proceso de integración.

3. Entendemos que la educación es un derecho fundamental de los pueblos, por eso debe ser uno de los pilares de cualquier proyecto de integración para la región. Es imprescindible que se establezca el compromiso de la erradicación del analfabetismo -así como de la miseria y el hambre. Para ello debemos desarrollar mecanismos que permitan la cooperación técnica y científica entre los países con el fin de superar las desigualdades existentes. Asimismo, todos los países de la Comunidad deberían asumir compromisos en la perspectiva de una reforma educacional que garantice la educación pública universal, gratuita y de calidad para toda la población con el objetivo de promover la interculturalidad y el reconocimiento de la diversidad cultural, se debe incorporar con seriedad los idiomas nativos en el sistema.

En la lucha por la erradicación de la pobreza es necesario también establecer un Plan Sudamericano para garantizar la universalidad de la Salud Pública.

4. La integración física de América del Sur es fundamental para ampliar las posibilidades de contactos entre nuestros pueblos y países. Por eso, la infraestructura no puede ser diseñada como parte de la geoestrategia mundial de lucha por el control, dominio, posesión y usufructo de recursos naturales estratégicos, ni implementada a través de la destrucción de las zonas más ricas en recursos naturales y la explotación de mano de obra barata. Así, proyectos como el IIRSA (Integración de la Infraestructura Regional Suramericana), concebidos por las IFIs y el gran capital como complementos del ALCA, deben ser rechazados para adoptar propuestas de Integración Infraestructural que surjan de las necesidades de los pueblos y prioricen nuestra articulación en el marco de polos de desarrollo integral, a lo largo de su trazado, en armonía con el medio ambiente y las normativas y principios que se han logrado para su protección y cuidado, el respeto a nuestras comunidades y derechos humanos y que no generen un endeudamiento ilegítimo u odioso. Para lograrlo, los proyectos deben ser sometidos al debate y deliberación democrática con las comunidades que serán afectadas por su implementación y su sostén financiero.

5. La integración financiera de la cual se habla en la Comunidad Sudamericana debe partir del reconocimiento de que somos los acreedores de una inmensa deuda histórica, social, cultural, ecológica y financiera cuya restauración junto con parar y revertir los mecanismos actuales de fuga de capitales, capacidad humana y bienes naturales, establecería una potencialidad de financiamiento genuino y soberano más que suficiente para nuestras necesidades. Es obligación de los estados de la región poner fin a los mecanismos de endeudamiento y condicionamiento externo que han servido para imponernos el Consenso de Washington, violando sistemáticamente los derechos humanos y ambientales.

En ese sentido, los estados deben revisar y revertir los tratados de protección y promoción de las inversiones, las prórrogas de jurisdicción y la aceptación de instancias extra-judiciales como el CIADI, los sistemas tributarias regresivos, y otros mecanismos de desfinanciamiento estatal, incluyendo la privatización de importantes bienes y servicios públicos cuya explotación privada es luego subvencionada por el estado, estableciendo controles de cambio y de transacciones financieras para fortalecer la base de financiamiento autónomo e eliminar la falsa necesidad de capitales externos.

Se precisa además crear mecanismos propios que permitan incentivar la solidaridad entre pueblos hermanos y superar la vulnerabilidad y la dependencia de América del Sur en relación a los mecanismos financieros tradicionales de la globalización (FMI, Banco Mundial, BID), a través de la autonomización de la región con la constitución de mecanismos como un Fondo de Reserva y un Banco Solidario del Sur y con la substitución del uso del dólar en las transacciones intra-regionales. Debe ser también revisado el rol de otras instituciones de financiamiento como la CAF, el FONPLATA, los bancos nacionales de desarrollo y otros mecanismos para ajustarlos a las exigencias de un financiamiento para los derechos y la integración de los pueblos y no de los grandes capitales.

Un nuevo sistema financiero requiere de nuevos mecanismos de control y fiscalización que empiecen por enjuiciar a quienes endeudaron inescrupulosamente a nuestras naciones y asegurar la participación social en la determinación de las prioridades presupuestarias. Alertamos especialmente ante el peligro de que nuevos mecanismos de financiamiento solidario entre los países de la Comunidad, sean aprovechados para mantener viejas relaciones de dominación y control como, por ejemplo, la creación y venta de bonos y otros mecanismos de nueva deuda, entre países de la región, para sostener el cumplimiento de viejos reclamos de deuda claramente reconocidos como ilegítimos e ilegales. En ese mismo sentido no debe admitirse reestructuraciones ni canjes de deuda que solo sirven para blanquear deudas cuestionables e imponer intereses ajenos.

Para impedir que nuestros pueblos continúen víctimas de deudas ilegítimas y odiosas que siguen siendo fuentes de desfinanciamiento permanentes, exigimos la realización de una auditoría sudamericana de los reclamos de deuda contra el patrimonio público en la región y el impulso desde la Comunidad Sudamericana de Naciones de la realización de auditorias externas a las Instituciones Financieras Internacionales, sus políticas y prácticas crediticias.

6. La integración energética sudamericana debe ser desarrollada a partir del fortalecimiento de nuestras empresas estatales de hidrocarburos, de la nacionalización de estos recursos estratégicos y revirtiendo la renta así conseguida para un desarrollo sustentable, con políticas de redistribución del ingreso y utilizando los excedentes para financiar nuevas matrices de energía renovable. Es necesario compartir nuestros recursos para beneficio de los pueblos respetando los derechos económicos, sociales culturales y ambientales para nuestro bienestar y el de las generaciones futuras y no en beneficio de las transnacionales o las oligarquías locales.

El desarrollo energético sustentable supone el respeto al derecho de las comunidades, el ahorro energético y el combate al consumo excesivo de energía. Las fuentes de energía deben ser renovables, limpias y de bajo impacto, garantizando su acceso equitativo y democrático. Los países de la CSN deben garantizar el acceso pleno de todos los habitantes del continente a los bienes energéticos, buscando superar la realidad actual en la que países con altos potenciales energéticos aún no han logrado un abastecimiento digno de sus habitantes.

Hay que cambiar el modelo energético actual que implica una alta dependencia de los combustibles fósiles y genera fuertes impactos sobre las poblaciones locales y pueblos originarios. Las empresas multinacionales, pero también las estatales provocan daños irreparables en el medio ambiente y en las comunidades, propios de ese tipo de explotación.

Los proyectos de energía deben ser viables en términos de costos no sólo económicos sino también sociales y ambientales. Solicitamos información sobre los impactos sociales, ecológicos y socioeconómicos, para evaluar si los megaproyectos de energía justifican la inversión de tanto capital, cuando existen otras alternativas descentralizadas para las inversiones, incluso para la generación de energía renovable. Rechazamos la idea de financiar éste tipo de obras con prestamos del Banco Mundial o del BID, porque esto llevaría otra vez a hipotecar el futuro de Sudamérica a los acreedores extranjeros.

7. No habrá verdadera integración si no se resuelven las asimetrías entre los distintos países. Por años este tema no ha pasado de ser un discurso en la CAN y el MERCOSUR. Defendemos la creación de un fondo de compensación para los países de menor desarrollo cuyos recursos sean destinados al desarrollo de los sectores de la economía popular y solidaria y a proyectos acordes con las decisiones de los pueblos de esos países - y no los definidos bajo presión del gran capital nacional o transnacional. Esos fondos podrían ser constituidos a partir de imponer un impuesto a las transacciones financieras de las transnacionales que operan en Sudamérica y utilizando parte de los recursos de las reservas monetarias internacionales de nuestros países hoy depositados en los Estados Unidos. En ese mismo espíritu, debería revisarse y corregir los mecanismos que perpetúan las relaciones de asimetría, estableciendo como ejemplo la necesidad de que Brasil y Argentina anulen las deudas binacionales reclamadas a Paraguay como saldo injusto de la construcción de las represas Yacyretá e Itaipú.

8. Tenemos que cambiar el modelo de desarrollo de Sudamérica que ha sido diseñado en función de las exportaciones antes que en el desarrollo interno para beneficio de la gente. Sudamérica no puede seguir siendo una región principalmente exportadora de materias primas (hidrocarburos y minerales) y de algunos productos del agronegocio. La integración sudamericana debe promover la complementación de nuestras economías para generar empleos y promover un desarrollo productivo integral, fortaleciendo el comercio interregional y sustituyendo las importaciones de bienes que se producen en la región.

9. La Comunidad Sudamericana de Naciones está amenazada por los TLCs que han suscrito Chile, Colombia y Perú. Es fundamental revertir esos acuerdos y promover en su reemplazo acuerdos comerciales que no comprometan la soberanía, los medicamentos, la salud, el agua, la educación, la cultura, la biodiversidad, la soberanía alimentaria, las compras estatales, los recursos naturales y la posibilidad de implementar políticas industriales activas. La experiencia de los últimos 20 años muestra que es necesario pensar otra estructura para el comercio en la región, que parta del reconocimiento de que éste pude ser una herramienta importante para el desarrollo sólo si se lo regula, para evitar que perpetúe las asimetrías entre empresas y entre países, profundizando la dependencia y la subordinación de países y pueblos a las grandes potencias.

El comercio no es un fin en sí mismo, debe ser pensado como una forma de crear los vínculos de las importantes cadenas productivas en la región, para impulsar el desarrollo, aprovechando al máximo las complementariedades existentes entre las diversas economías nacionales, e integrando un poderoso mercado regional de consumo que debe ser prioritario ante otras propuestas que aspiran primordialmente a exportar hacia otros mercados.

Al interior de la Comunidad Sudamericana de Naciones deben primar los acuerdos de Comercio justo y cooperación, y no reproducir experiencias que sólo han reafirmado un enfoque neoliberal de la integración. Advertimos aquí que lejos de significar una avance, la llamada “convergencia” CAN-Mercosur tal como está propuesta, puede significar el reforzamiento y no la eliminación del enfoque neoliberal de la integración.

10. Pero además la integración sudamericana debe trascender lo comercial y avanzar en la resolución de otras problemáticas que hacen a nuestros pueblos y realidad sudamericana. Una de ellas es el tema del armamentismo y militarización de que son objeto nuestros territorios, con la instalación de bases militares, planes de control militarizado como el Plan Colombia, realización de maniobras militares conjuntas bajo la dirección del Comando Sur del Pentágono, a partir de unas hipótesis de conflicto y una doctrina militar que no se corresponden con los intereses de nuestros pueblos. Consideramos que en este proceso de integración los países sudamericanos deben elaborar una doctrina propia de seguridad y defensa nacional en correspondencia con las aspiraciones de paz, soberanía y autodeterminación de todos y cada uno de nuestros pueblos.

Vemos con profunda inquietud la presencia de tropas de nuestros países en Haití y entendemos que debe iniciarse con urgencia el retiro de esos efectivos militares. También nos alerta el ingreso de tropas estadounidenses al Paraguay. La CSN debe encarar esta discusión y plantearse consecuentemente la erradicación de todos aquellos actos que vulneran la soberanía, generan conflictos y afectan los derechos civiles y la democracia.

Al mismo tiempo, las naciones sudamericanas deberían plantearse un trabajo conjunto de lucha contra la impunidad y la violencia estatal, fortaleciendo la democracia y sentando precedentes importantes para saldar la deuda histórica con los pueblos que luchan por la dignidad y la justicia.

11. El proceso de la CSN debe considerar que es imposible concebir la integración regional sin el protagonismo, los derechos y en suma la existencia de las nacionalidades y pueblos indígenas que trascienden las fronteras republicanas. Los pueblos y comunidades indígenas, son los directos y principales afectados por la acción de las transnacionales, cuya explotación indiscriminada de los recursos naturales generan pobreza, migración, contaminación y marginalidad. Los pueblos indígenas deben ser reconocidos como protagonistas de los procesos de integración y fundamentalmente de las políticas de la CSN para preservar los territorios, los recursos ambientales y la vida.

12. La despenalización de la hoja de coca en Sudamérica y el impulso a su industrialización con fines benéficos es un paso fundamental para lograr que en el 2.008 las Naciones Unidas retiren a la hoja de coca de las sustancias penalizadas.

13. Vemos imperativo el reconocimiento de la comunicación como un factor articulador clave para el reencuentro y fraternidad de las nacionalidades involucradas y para apoyar las urgentes tareas que demanda generar el bienestar de nuestros pueblos. Así pues, uno de sus fundamentos constitutivos debe ser el Derecho a la Comunicación democrática, estableciendo a la par el compromiso de las partes para adoptar políticas públicas en la materia. En esta línea, urge acordar una estrategia de cooperación específica para los ámbitos de la información, comunicación, cultura y conocimiento; definir acuerdos para potenciar las redes regionales de comunicación pública, con un sentido de equidad respecto a los medios de comunicación; priorizar la interconexión intrarregional de las redes de telecomunicaciones (disminuyendo la dependencia externa), junto con políticas de capacitación y para aumentar la accesibilidad en cada país.

14. Hacemos una llamada a los estados de la Comunidad Sudamericana de Naciones a constituir un proceso hacia una Convención del Agua que esté orientada a garantizar el agua como un derecho humano, a cuidar nuestras fuentes y recursos de agua y que éstas sean protegidas de la privatización y la mercantilización por un acuerdo internacional que se apoye en los avances logrados hasta ahora en el marco del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.

Y también llamamos a los Estados a construir el Foro mundial del Agua sobre los principios de plena participación e inclusión y en el reconocimiento del agua como derecho humano.

La CSN debe ser un instrumento que comprometa a los países a:

- Revertir los procesos de desmantelamiento de los servicios estatales y fortalecer los sistemas públicos de agua y saneamiento básico para desarrollar gestiones eficientes, con transparencia y control social, asegurando mecanismos de cooperación e intercambio con este fin.

- Promover la efectiva participación de las comunidades en la toma de decisiones sobre los proyectos de desarrollo que involucren el agua en cada territorio, recuperando sus visiones, usos y costumbres en la planificación y gestión sustentable de los recursos naturales.

15. La CSN, y en particular los países afectados, deben salir del modelo actual de investigación, gestión y elaboración de políticas oficiales con respecto al Acuífero Guaraní, tuteladas en su mayoría por el Banco Mundial a través del GEF, que atentan contra la soberanía de los pueblos y no satisfacen los principios de participación y transparencia informativa que promovemos las organizaciones constituyentes del movimiento social del agua. Proponemos la creación de espacios institucionales nacionales de información y discusión respecto a los usos de los territorios y el subsuelo que conforman el Sistema Acuífero Guaraní (SAG), con participación de los movimientos y organizaciones sociales de los países que comparten el SAG, que se vinculará a las instancias públicas con la tarea principal de vigilancia del agua, su defensa como bien público compartido y la denuncia de todo procedimiento de investigación y gestión del conocimiento que no sean transparentes.

Antes de la finalización del Proyecto SAG del BM/GEF/OEA en 2008 es necesario producir un pre-proyecto alternativo de investigación y marco de gestión con objetivos de defensa de la soberanía y con vocación integradora para buscar financiamiento genuino, que no genere condicionantes a los gobiernos y organizaciones sociales que terminan atentando contra los intereses fundantes; que de continuidad a lo que se pueda salvar y modificar la asimetría a favor de los países y no del organismo multilateral. Demandamos la entrega de los documentos del referido proyecto a los movimientos, parlamentos y gobiernos de los países de SAG.

16. Es urgente adoptar políticas de desarrollo sustentable que pongan en el centro al empleo de calidad con justicia social y construir mecanismos de intervención que permitan incluir a todos los habitantes. Aspiramos a una integración regional basada en otro modelo socio-económico que en lo laboral se oriente a: aumentar la formalidad laboral, asegurar la aplicación de los derechos laborales; universalizar la seguridad social pública; a fortalecer el derecho a la sindicalización y la negociación colectiva; que adopte medidas contra las discriminaciones en el mercado de trabajo y que busque superar la actual división sexual del trabajo que penaliza a las mujeres y poner en marcha programas de Empleo Juvenil, que detenga los mecanismos que empujan a nuestras poblaciones a la emigración, al mismo tiempo que reconozca para los trabajadores y trabajadoras emigrantes el piso de derechos que garantizan las convenciones internacionales.

17. Debemos encarar como países integrados una reforma agraria que garantice a todos el derecho de trabajar en la tierra y democratice su propiedad, priorizando las formas familiares, sociales y cooperativas. La CSN debe ser el espacio natural para consolidar la soberanía alimentaria, es decir, el derecho que tienen todos los pueblos de producir sus propios alimentos de forma independiente, saludable y con calidad para abastecer a toda la sociedad. Las semillas son un patrimonio de la humanidad y no pueden estar sujetas a la privatización y a patentes de las multinacionales.

18. Como consecuencia de las políticas neoliberales y de ajuste aplicadas en la región, millones de personas se ven a diario obligadas a emigrar en la búsqueda de alternativas para sus vidas.

Consideramos que la primera obligación de los gobiernos es desarrollar las políticas necesarias para garantizar efectivamente la libertad de no emigrar de nuestros trabajadores y trabajadoras. Frente a la situación de los trabajadores que han migrado y sus familiares, cualquiera sea su situación migratoria. Al contrario de una visión reduccionista de las y los emigrantes como simple fuerza de trabajo, afirmamos que son personas y no mercancías y, por tanto, deben tener garantía de todos los derechos que les permitan desarrollarse y ejercer plenamente su ciudadanía en el goce de derechos laborales, sociales, culturales, económicos, civiles y políticos.

No se puede continuar con políticas orientadas a criminalizar al inmigrante y tratar a la migración como un asunto de seguridad. La CSN debe desarrollar políticas que garanticen ciudadanía a los emigrantes y acciones compartidas para luchar contra la pobreza y la marginalidad asegurando a los habitantes de cada país las condiciones para desarrollarse plenamente y con bienestar.

19. Exigimos la urgente creación de mecanismos de Participación Social en la construcción de la Comunidad a niveles locales, regionales, sub-regionales y nacionales. Los Estados deben asegurar la transparencia del proceso de negociación de la iniciativa de la CSN, reconociendo que los mecanismos oficiales preparatorios de esta Cumbre, como las anteriores, no han facilitado el acceso a la información ni la publicidad de los avances ni los contenidos que se discuten. La alegada "informalidad" del Grupo de Reflexión no debe ser un amparo formal para impedir la divulgación de las conversaciones de los 12 países. Los presidentes reunidos en Cochabamba deben crear un mecanismo formal de participación y consulta a los pueblos.

20. Nosotros, los movimientos sociales que desde la resistencia reivindicamos la búsqueda de Alternativas que hagan realidad que “otro mundo es posible”, “otra América posible”, venimos a reafirmar nuestro compromiso con la construcción de una Comunidad Sudamericana basada en el ejercicio universal de los Derechos Humanos, en la Soberanía popular y la Democracia participativa. Por esto, asumimos la realización de la Cumbre Social por la Integración de los Pueblos en Cochabamba como un espacio donde se exprese el acumulado histórico de nuestras luchas y la profundización democrática en la construcción de Alternativas políticas, sociales y económicas, entendiendo que la integración desde los pueblos fortalece nuestra Identidad: la diversidad cultural. Es desde allí que asumimos el desafío de compartir la construcción de la integración de los pueblos sudamericanos desde sus cimientos constituyendo los Foros Sociales en todo el continente donde se expresen, sin exclusiones ni discriminaciones, todos los sujetos.

La Comunidad Sudamericana de Naciones debe ser la “otra integración posible”


 source: Movimientos.org