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“Los TLC son determinantes en la producción de desigualdad”

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Por Canal Abierto | 12-8-20

“Los TLC son determinantes en la producción de desigualdad”

La economista feminista Patricia Laterra analiza el impacto de los tratados de libre comercio en la región: ¿una herramienta para el bienestar general o de fortalecimiento del poder corporativo? Un adelanto del libro que acaba de publicar la Plataforma América Latina Mejor Sin TLC.

Patricia Laterra combina su activismo feminista y contra los tratados de libre comercio con sus estudios posdoctorales como becaria en CIEPP-CONICET. Además, es docente en economía en la UBA y en cursos de grado y posgrado sobre economía y género en otras universidades como la UNLP y la UNSAM). Integra la Plataforma América Latina Mejor Sin Tratados de Libre Comercio, que reúne a organizaciones y movimientos sociales de la región que luchan contra los abusos del poder corporativo. Desde allí, junto a Luciana Ghiotto e investigadores diferentes países, acaba de lanzar un libro que repasa críticamente los impactos negativos que los TLC dejaron en nuestras economías y territorios en dos décadas y media de vigencia. Canal Abierto habló con ella para conocer los ejes de este trabajo que se propone abrir un debate con la política, la academia y el activismo social en la región.

En el libro se hace referencia a las «promesas inclumplidas» de los TLC y TBI ¿En qué aspectos dirías que esos acuerdos incumplieron lo que prometían sus impulsores?

– Estos acuerdos prometían desarrollo y empleo bajo el argumento que, sin trabas para el comercio, el crecimiento de nuestras economías tendría el impulso que necesitaban. Pero pasaron 25 años desde que se fimó el primer tratado de libre comercio en América Latina y la evidencia, apoyada en datos empíricos y fehacientes, demuestra lo contrario. Especialmente para los países del Sur Global, como los latinoamericanos, donde se concentra la mayor desigualdad mundial entre ricos y pobres. Hoy, después de años de investigaciones, podemos decir con certeza que el mayor crecimiento económico medido en PBI no redunda en más empleo, ni en mejores condiciones laborales y bienestar, que es un área especial de estudio para la economía feminista.

A las luces y sombras de la pandemia que estamos viviendo es necesario discutir los modos de desarrollo en los que estamos insertos e insertas, vivimos en un mundo muy precario en el que las transferencias de ingresos al poder corporativo concentrado son determinantes en la producción de desigualdad. El 1% más rico concentra la misma riqueza que el restante 99% de la población. Eso no sería posible sin los tratados de libre comercio (TLC) y los trabados bilaterales de inversión (TBI) que configuran arquitecturas jurídicas globales que sobrepasan los Estados, regulan temas más allá del comercio y tienen innumerables impactos sobre la vida cotidiana de las personas. Todas estas respuestas tienen que ver con lo que se entreteje en la letra chica de estos acuerdos.

¿En qué medida ves relación con la pandemia del COVID-19?

– Bueno, veamos lo que sucede con las plataformas de comercio electrónico. Hoy estas plataformas, amparadas por los tratados, no realizan una contribución equitativa de impuestos en relación con cualquier negocio de cercanía. Por las características de la pandemia, las personas realizan compras desde sus casas vía estas plataformas, que devinieron en el sector más dinámico comercialmente y que está apropiando niveles de riqueza descomunales: Marcos Galperín, dueño de Mercado Libre, recientemente radicado en Uruguay, elevó su fortuna en lo que va de la pandemia de 2.000 a 4.500 millones de dólares.

Otro tema que plantea la crisis del coronavirus es el acceso a medicamentos y vacunas, ¿cómo influyen los TLC y TBI en esto?

– Como resalté, estos tratados son mucho más que acuerdos comerciales y de inversión. Son tratados que modifican las estructuras jurídicas de los Estados. Los tratados ya firmados (y los acuerdos de inversión por firmar) tienen potestad sobre los derechos de propiedad intelectual y las patentes, por ejemplo, de los medicamentos ¿a qué precio se distribuirá la vacuna frente al covid-19 si está patentada? ¿será posible que la población en general pueda acceder a dicha vacuna si el precio es costoso?

Estamos discutiendo la deuda que tomó el anterior gobierno pero ¿a cuánto ascenderá la deuda que deberá contraer Argentina frente a las farmacéuticas para acceder a la vacuna y los medicamentos para enfrentar la pandemia y garantizar el derecho a la salud? Las patentes de alguna manera impiden democratizar los derechos al acceso a la salud porque la propiedad intelectual las convierten en un “derecho negativo”, ya que otorgan a su titular la potestad de impedir que otra persona física o jurídica produzca, comercialice, distribuya, o importe la invención patentada.

Al enmarcar el derecho a la salud en un acuerdo comercial, se modifica su condición de bienes sociales para transformar este derecho en una mercancía. En tiempos de pandemia debemos revisar más de 30 años de historia de patentes en el área de los medicamentos para tratar el VIH, que lejos de encontrar la cura hacen a las personas dependientes de los medicamentos y convierten el derecho a la salud en un negocio. Recomiendo a leer y escuchar los aportes de Grupo Efecto positivo o las y los incontables activistas por la cura del VIH, otra de las pandemias que nos han azotado en los últimos 40 años.

Hay un capítulo del libro dedicado a los impactos sobre las mujeres, ¿cómo relacionás estos instrumentos internacionales a los temas de género?

– Un forma de acercarnos a lo que sucede en las mujeres es analizando el tema del crecimiento económico. Los nuevos tratados de libre comercio incorporan a las mujeres como factor de crecimiento económico, por considerarlas más productivas. Como su productividad en los ámbitos de trabajo es más alta, y el PBI es un indicador que mide productividad en el área monetizada de la economía, dan por hecho que si se incorporan mujeres al mercado de trabajo el crecimiento se dará de hecho.

Los estudios en las maquilas (industrias ensambladoras) de Centroamérica, por ejemplo, dan por tierra estos argumentos. En efecto, en algunas ocasiones el empleo aumenta relativamente pero con costos muy altos en el bienestar de las mujeres porque las condiciones de trabajo son precarias, informales, con una gran intensidad en las jornadas de trabajo y baja sindicalización, lo que hace que no puedan procurar mecanismos para defender sus condiciones laborales. Asimismo, no se habla del trabajo no remunerado. Largas jornadas laborales a muy bajo ingreso hace que estalle la conciliación entre el inevitable trabajo de cuidado no remunerado cotidiano y el trabajo remunerado.

Entonces el aumento de la actividad económica, en los términos de los TLC, ¿precariza la vida de las mujeres?

– Los acuerdos de libre comercio pueden aumentar -aunque no es concluyente- la actividad económica para quienes instalan empresas y pueden importar y exportar a través de las distintas facilidades comerciales. Ahora bien, este tipo de medidas hace que se reduzca la contribución vía fiscal que hacen estas empresas. Esto acota el espacio fiscal para realizar políticas públicas.

O sea, podés estar aumentando el trabajo remunerado de las mujeres (en porciones relativamente pequeñas de población), pero en muy precarias condiciones y sin espacio para generar políticas públicas que sostengan responsabilidad social del cuidado y el bienestar. Este es uno de los miles de efectos posibles. En ese sentido, volvemos a desmitificar que un aumento en el crecimiento económico redunde directamente en el bienestar social.

En el caso de las personas LGBT no hay estudios que contribuyan a analizar la situación en relación al mercado de trabajo. Si es claro que, al ser una población más vulnerable en términos de condiciones de vida y acceso a ingresos económicos, el impacto por la vía fiscal desde una perspectiva de género son concretos. Si se reduce el espacio fiscal no hay recursos monetarios para poder hacer políticas de reconocimiento y redistribución. Es un impacto indirecto. ¿Cómo vamos a garantizar vivienda para las personas trans? ¿cómo se garantizan los tratamientos hormonales si las cuentas fiscales no cierran? ¿Es posible garantizar plena inclusión laboral sin recursos? ¿cómo vamos a garantizar educación sexual integral? Estamos hablando de quienes se apropian de masas de dinero que pueden traducirse en derechos sociales, económicos y culturales.

Visto de ese modo, los TLC deterioran las capacidades estatales para implementar políticas de género…

– Existen diferentes vías en las que los TLC y TBI pueden afectar a las mujeres. En el estudio que hacemos en el libro identificamos tres vías de acuerdo a los modos de desarrollo en los que los países latinoamericanos están insertos: la vía del comercio, la fiscal y la vía de la desregulación. Con respecto a la vía del comercio más arriba hablábamos del crecimiento económico y la incorporación de las mujeres al mercado de trabajo en condiciones de extrema precariedad. Asimismo, hay que considerar la carga de trabajo doméstico y de cuidados no remunerado que pesa sobre las mujeres. Los TLC pueden ser una herramienta para la reducción de costos laborales, pero no se habla de que las largas jornadas laborales a muy bajo ingreso y sin protección social, que hace estallar la conciliación entre el inevitable trabajo de cuidado no remunerado cotidiano y el trabajo remunerado.

En cuanto a la eliminación de las trabas al comercio aplicadas como parte de los procesos de liberalización comercial, éstas implicaron un cambio en la inserción de América Latina en la economía mundial, a través de diferentes formas de extractivismo. En Argentina son exponentes la megaminería y el agronegocio. Hoy nos asustamos con la sola idea de los criaderos de chanchos para la exportación a China, la zoonosis que pueden causar en la población, el maltrato animal. El impacto diferencial sobre las mujeres se da a través de diferentes vías como hacerse cargo de los conflictos ambientales asociados por el deterioro de salud, el incremento de enfermedades y de cuidado de su entorno, el acceso a agua segura, el cambio en el uso de la tierra, los desplazamientos forzados, entre otras tantas dinámicas.

Otro problema que señala la publicación es el privilegio de los inversores para demandar a los Estados cuando toman medidas a favor de la población que afectan sus ganancias, ¿cómo se ubican los países de América Latina frente a esto en relación al resto del mundo?

– Las demandas de empresas contra los Estados han generado grandes debates internacionales, ya que muestran justamente la desigualdad entre los derechos de ambas partes. Las empresas pueden demandar a los Estados en los tribunales de arbitraje internacional, mientras que los Estados sólo pueden llevar a una empresa por violación de derechos humanos o medioambientales a los propios tribunales nacionales, que luego son acusados de parciales y poco objetivos.

América Latina está en una situación de gran desigualdad en este sentido, es uno de los continentes más demandados. Un caso paradigmático fue Suez vs. Argentina. El acceso al agua es un derecho humano, lo vemos muy claramente en la situación de pandemia. Sin embargo, la empresa Suez venía inclumpliendo la provisión de servicios y ampliación de la red de agua potable. Cuando se desandó el contrato con Argentina, Suez acudió a los tribunales internacionales del CIADI y ganó la demanda. Tanto como la deuda externa, estos juicios generan caudales de recursos hacia las empresas que limitan el ingreso disponible de los Estados para poder hacer políticas públicas. Esta historia se repite a lo largo y ancho de Latinoamérica con demandas millonarias de las casas matrices que se asientan en los países desarrollados.

¿Qué acciones deberían tomar los Estados si se trazaran una hoja de ruta para escapar del callejón sin salida que plantean los tratados?

– Los TLC y TBI producen desregulaciones que impactan en amplias actividades económicas cómo el mercado laboral, el sistema fiscal, la provisión de los servicios sociales y en los precios que se pagan por esos servicios. Es decir, impactan sobre la accesibilidad en servicios públicos y por ende tiene efectos concretos en la mayor carga global de trabajo doméstico y de cuidados no remunerados que asumen todos los días las mujeres en sus hogares. Una hoja de ruta mínima debiera contemplar estudios de impacto específicos antes de que se aprueben tales acuerdos, para saber contemplar qué efectos generan estas dinámicas en la población. Un poco más allá deberíamos discutir una integración regional orientada a la sostenibilidad de la vida, esto implica discutir el modelo económico de producción y reproducción que estamos sosteniendo. Esperamos con los análisis publicados contribuir a la discusión de este momento bisagra del mundo.


 source: Canal Abierto