Riesgos y desacuerdos en torno a TLC entre andinos y UE
16-11-09
Riesgos y desacuerdos en torno a TLC entre andinos y UE
Por Alberto Corona
Bogotá, 16 nov (PL) Los riesgos y desacuerdos en torno a un eventual tratado de libre comercio (TLC) entre Colombia, Perú y la Unión Europea (UE) persisten hoy, en un contexto en el cual sus críticos sostienen que se ha negociado mal desde el principio.
Así la VII Ronda de Negociaciones abrió este lunes sus puertas aquí con no pocas interrogantes y advertencias de lo que significaría la entrada en vigencia de dicho TLC para las dos naciones suramericanas.
Incluso las partes reconocieron que las tratativas quedaron estancadas en la pasada ronda, la cual se previó fuera la última, por desacuerdos en temas sensibles, al tiempo que el proceso se tornó más complicado de lo proyectado, pese a que el 90 por ciento de las cuestiones en discusión está consensuado, sin que se conozcan detalles de las mismas.
Hasta donde se conoce ya fueron cerradas seis mesas de trabajo, como fortalecimiento de capacidades comerciales y asistencia técnica, compras públicas, aduanas y facilitación de comercio, obstáculos técnicos al comercio, política de competencia y defensa comercial.
Sin embargo, aspectos delicados como régimen de inversiones, propiedad intelectual y lo relacionado con el sector agrícola, son varios de los temas en los que aún no se encuentra consenso, lo que para algunos analistas podría prolongar las negociaciones más allá de este año.
En tanto, diversas organizaciones de derechos humanos, democracia y desarrollo alertaron que la aprobación de este TLC no fortalecería las posibilidades de integración horizontal entre naciones, sino que se limitaría a facilitar flujos comerciales asimétricos.
Asimismo daría garantía jurídica a las inversiones europeas, buena parte de ellas orientadas a actividades extractivas en materia minera, energética y petrolera, y a ampliar las oportunidades de las transnacionales en nuevos campos de crecimiento como la propiedad intelectual.
Ello, sostienen, incidiría negativamente en la protección de los derechos humanos económicos, sociales y culturales, que en el caso de Colombia podrían afectar seriamente a la población civil víctima, directa e indirectamente, del conflicto armado interno.
Ese criterio parte de que alrededor del nueve por ciento de la población colombiana ha sido víctima de desplazamiento forzado, fenómeno que podría agravarse ante una mayor intervención de empresas dedicadas a la minería, petróleo, grandes plantaciones agroindustriales y la generación de energía eléctrica.
Y es que precisamente las comunidades que corren un mayor riesgo de desplazamiento forzado son aquellas que habitan territorios ubicados en zonas con intereses económicos estratégicos, especialmente en las citadas ramas industriales.
Por otra parte, para dichas organizaciones mayores volúmenes de inversión extrajera directa en Colombia pueden incidir negativamente en el reordenamiento territorial que vive el país.
Al respecto señalan que en las últimas décadas el campo colombiano ha sufrido una contrarreforma agraria impulsada por terratenientes regionales, narcotraficantes y grupos paramilitares, y sobre la cual el gobierno nacional -denuncian- no sólo no ha hecho nada para contrarrestarla, sino que ha impulsado políticas y leyes para favorecerla.
En este contexto, si se tiene en cuenta que las referidas ramas industriales requieren de gran inversión de capital, al tiempo que conlleva una elevada destinación de tierras, posiblemente se vean favorecidos aquellos sectores que han despojado a los campesinos y pequeños cultivadores de sus propiedades.
Solo ellos podrían tener la capacidad económica de entablar negociaciones o alianzas con las transnacionales y la cantidad de territorios que se necesitarían para llevar a cabo tales megaproyectos.
A su vez, el visto bueno al TLC propiciaría mayores niveles de concentración de la tierra, lo que constituye una amenaza a la producción alimentaria nacional y el desmejoramiento de la calidad del trabajo, con un mayor impacto en el segmento femenino de la población laboral activa.
En ese sentido, acorde con fuentes especializadas, la política pública agropecuaria nacional ha profundizado las asimetrías de la producción rural al dirigir su apoyo a los grandes propietarios de tierra en detrimento de los pequeños productores de alimentos, de los campesinos sin tierra y las personas desplazadas por la violencia.
De ahí que el marcado énfasis gubernamental a productos como agrocombustibles, caucho, cacao, cítricos, banano, entre otros, implique una amenaza real para la producción alimentaria nacional, pues estos requieren de grandes extensiones de tierra.
En cuanto al tema minero, energético y petrolero las proyecciones no son nada halagüeñas, donde la peor parte la llevarían las comunidades indígenas y afrodescendientes, pues verían seriamente amenazada su integridad territorial ante las apetencias y voracidad de las grandes transnacionales europeas.
De otra parte el impacto al medio ambiente y las asimetrías en sectores como la salud, propiedad intelectual, laboral, telecomunicaciones, comercio, entre otros, acarrearía una profundización de las desigualdades y por ende agravaría la situación interna del país, sometido a un largo conflicto armado sin que se avizore por lo pronto una solución.
Mientras tanto, la información detallada sobre el proceso de negociación entre Colombia, Perú y la UE es prácticamente nula respecto a lo pactado realmente hasta el momento, y solo algunas pinceladas reveladas a la opinión pública hacen ya temer a varios sectores nacionales y regionales sobre las implicaciones de este TLC.
