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Acerca del TLC, cuentos, fantasmas y alternativas

Las declaraciones de los gobiernos de los países ricos, orientadas a beneficiar a los países empobrecidos del Sur, se contradicen con la realidad, en la medida en que con sus políticas comerciales marginan las exportaciones de los países pobres. Así, los países latinoamericanos, tal como sucede en el resto del mundo empobrecido, han liberalizado más rápido sus mercados que los países industrializados.

El TLC no es un tratado de libre comercio, más bien pretende introducir una serie de reformas y ajustes para instrumentalizar un determinado modelo económico, en el que los derechos de las personas jurídicas y sus propietarios tienen más jerarquía que los derechos de los seres humanos. El TLC, se inscribe en la lógica exacerbada del sistema capitalista, la neoliberal, que encuentra en Washington, en términos amplios, uno de sus principales centros de expansión transnacional.

Para el Ecuador los EE UU representan mucho, para los EE UU el Ecuador, en términos comerciales, representa muy poco. Así, mientras Ecuador coloca en el mercado norteamericano más del 40% de sus exportaciones, EE UU coloca en Ecuador apenas el 0,16% de sus exportaciones; en término de importaciones la relación es inversa: mientras las importaciones desde los EE UU representan el 23% de nuestras compras en el exterior, las importaciones norteamericanas de productos ecuatorianos apenas significan un 0,20% de todas las compras que realiza la gran nación del Norte.

Además, no es que con el TLC recién vamos a ingresar al mercado de los EE UU y que sólo entonces los casi 300 millones de estadounidenses van a poder comprar los productos ecuatorianos o que sólo entonces van a venir inversiones norteamericanas. La relación comercial y financiera entre los dos países es de larga data. Además, los productos ecuatorianos ya ingresan al mercado norteamericano. Muchos de ellos sin arancel alguno (petróleo, banano, café, cacao, entre otros productos que tradicionalmente vende Ecuador en los EE UU) y otros productos se benefician del ATPDEA (preferencias arancelarias andinas), sin que por ello haya mejorado sustancialmente la calidad de vida de los ecuatorianos.

Lejos de las declaraciones gubernamentales de que con el TLC crecerá la economía, los estudios oficiales parecen demostrar otra cosa: La Dirección General de Estudios del Banco Central del Ecuador presentó, hace un par de meses, los resultados que espera del TLC en su estudio: Modelo ecuatoriano de equilibrio general aplicado. Sus cifras, de precisión angustiante, son concluyentes. Si se firma el TLC, el PIB tendría un incremento anual de 0,027%, con un impacto inicial de 0,003%. Las exportaciones aumentarían al principio en 0,02%, para luego, si se cumplen las premisas del modelo, subir en 0,963%. En el caso de las importaciones (desde EE UU), su alza sería de 1,728%, con un aumento inicial de 0,073%.

Sin embargo, como consecuencia de la desgravación arancelaria para productos provenientes de EE UU, el mismo Banco Central calcula un costo fiscal de 163 millones de dólares. Esto significa que la reducción de los aranceles dejará un bache fiscal que habrá que cerrarlo de alguna forma, por ejemplo a través de un incremento del IVA o la eliminación del subsidio al gas doméstico o el alza del precio de la gasolina o con una mayor reducción de la inversión social.
Los fantasmas como argumento

Se ha mencionado por parte de voceros oficiales y representantes de las Cámaras que sin el TLC el Ecuador se margina del mercado mundial. Ésta es una de las mentiras más difundidas. Varias personas, haciendo gala de su ignorancia o de su afición al “terrorismo económico” pintan un panorama dantesco si no se firma el TLC. Ven graves “amenazas a la estabilidad económica y social”; hablan, por ejemplo de: “Pérdidas por 3.500 millones de dólares provenientes de las exportaciones, con los que se pondría en riesgo el empleo directo de 300 mil ecuatorianos, se produciría un decremento del 20% del PIB...”, entre otras plagas.

De igual manera señalan que sin preferencias andinas los productos ecuatorianos pierden competitividad, esto si bien no deja de ser cierto, a primera vista, habría que aclarar el alcance real de las ATPDEA para ver si se trata o no de un problema insalvable. El beneficio de dichas preferencias para el Ecuador debe bordear en la actualidad los 30 millones de dólares. Ese valor, a todas luces, no debería ser motivo para una mayor preocupación. En un país como Ecuador, con un Presupuesto General del Estado de más de 8.500 millones de dólares, ese monto de 30 millones es totalmente marginal.

El contrabando de productos agrícolas estadounidenses desde los países vecinos también es utilizado para asustar a los incautos: con el TLC, esos productos, como el arroz y las papas por ejemplo, entrarán de todas formas en nuestro mercado; mientras que sin el TLC tendríamos la posibilidad de impedirlo. Tarea difícil, pero no imposible.

De la misma manera afirman que el TLC ayudará a realizar las reformas que el país necesita. Esta afirmación se utiliza para presentar al TLC como la llave que abrirá la puerta a una serie de reformas en la sociedad y economía ecuatorianas. La lista es larga. Por ejemplo, se menciona la prohibición del trabajo infantil o la mejora de las aduanas. Este argumento no sólo es falso, sino que resulta peregrino. Sólo mentes acostumbradas a avanzar blandiendo el látigo, actitud tan propia de oligarquías terratenientes y de gamonales. Sin embargo lo que ocultan es lo señalado por el propio Robert B. Zoellick, secretario de Comercio de los EE UU, quien lideró el equipo negociador de ese país durante más de la primera mitad de las rondas, que reconoció con claridad que “los tratados comerciales pueden ser más útiles que el FMI para conseguir que los países en desarrollo hagan reformas”. Esta aseveración permite comprender el alcance del TLC. Más allá de asegurarse ventajas comerciales y los recursos naturales de los países andinos, el TLC apunta a la consolidación del neoliberalismo en la región.
El cuento de la integración...

Es preciso diferenciar el TLC de otras formas de verdadera integración, que no tienen mucho que ver con el acceso a los mercados. Recuérdese que en algunos escenarios no faltan voces que comparan el ALCA o los TLC con la propuesta de integración que dio lugar a la Unión Europea (UE). Si los europeos se unen, por qué no los americanos, se preguntan algunas personas. Detrás de este planteamiento, aparentemente razonable, hay claros intereses y también un marcado desconocimiento del tema.

Para empezar, el diseño del TLC, su lógica y los ritmos planteados para su introducción son dictados por los EE UU. Mientras el TLC gira alrededor de la “teología” del libre mercado, la iniciativa europea, que también apoya la integración comercial, se ajusta a una dimensión político-institucional y social.

En la UE se construyen espacios para el diálogo político entre sus países miembros: el Parlamento Europeo, por ejemplo; hay un esfuerzo sostenido por configurar un marco jurídico común: el Tribunal Europeo de Justicia, para citar otro ejemplo; y aún el esquema de unificación monetaria, a partir de una largamente trabajada convergencia de políticas económicas, transformó a la renuncia de las monedas nacionales en una opción para ganar en soberanía regional, a través de decisiones democráticas; como muestra adicional de las diferencias con Europa asoma la constitución de la zona monetaria europea con el euro que difiere totalmente de la dolarización unilateral de las economías latinoamericanas (Ecuador, El Salvador), alentada de diversas maneras por los grupos de poder de Washington, que son los mismos que impulsan el TLC con el apoyo de un entusiasta coro de intelectuales e ignorantes orgánicos en los países del Sur.

Adicionalmente, la UE estableció fondos de compensación para las economías menos desarrolladas y para marcar radicalmente la diferencia permite el libre tránsito de sus connacionales en el conjunto del territorio de la Unión.

Mercado común sí, pero con equilibrio social y con coordinación política, asoman en la estrategia europea; proceso en el que no están ausentes debilidades y contradicciones. A pesar de eso, hay mucho que aprender de Europa, sin llegar a la copia simplona de su experiencia integracionista.
La fábula de que no hay otra alternativa

Ésta es una de las mayores falacias. Los defensores del TLC reclaman alternativas dentro de la lógica dominante. Cuando eso es exactamente lo que no hay que hacer. No se trata de hacer bien lo mismo que se ha hecho hasta ahora. En las condiciones actuales, una respuesta adecuada exige buscar un régimen social de acumulación diferente al neoliberal, que no tenga como su eje y meta la inserción sumisa al mercado mundial. Esto conduce a diseñar una concepción estratégica de participación en el mercado internacional, como parte del proceso nacional-local de desarrollo, fortaleciendo una real integración regional.

El problema del desarrollo, entendido en su acepción contemporánea, tiene más que ver con la satisfacción de las necesidades humanas superiores que con la tasa de crecimiento del PIB o con el aumento de las exportaciones y de las inversiones extranjeras, variables que no serían más que un medio para lograr los objetivos auténticamente humanos, esto es superar la pobreza y generar empleo, sin deterioro de la base natural en la que se desenvuelven los procesos productivos.

Para Ecuador, la noción de desarrollo sigue siendo esquiva. Es imperioso repensarlo desde su realidad, fundamentalmente en los aspectos vinculados con el desarrollo humano (educación, salud, atención básica, empleo digno) y productivo. Esta discusión se ha delegado a los organismos internacionales de crédito y a ciertas ONG. Pero debe ser retomada a partir de los agentes involucrados y especialmente por parte del gobierno. El resultado esperado sería una visión multiparadigmática del desarrollo.

Este enfoque exige incorporar consideraciones económicas, así como también sociales y culturales, sin descuidar jamás las ambientales. Debe ser una programación que guíe y ofrezca una serie de criterios tanto para el corto plazo como para los mediano y largo plazos.

Por lo tanto, esta estrategia tendrá que ser suficientemente flexible para enfrentar las turbulencias del mercado mundial, las transformaciones que se deriven de la nueva revolución tecnológica, la complejidad creciente de fenómenos geopolíticos a nivel mundial y aún los complejos retos internos. En este empeño cabe aprovechar todas las capacidades disponibles, así como desarrollar ventajas comparativas dinámicas; en especial si se tiene presente la serie de limitaciones y dificultades que se derivan de la globalización capitalista que excluye sistemáticamente a la mayoría de la población mundial y que presenta un creciente antagonismo de los intereses del Norte y del Sur; antagonismo que se reproduce aún dentro de los países subdesarrollados. Todo en un ambiente donde afloran, de una manera abierta o solapada, las intromisiones imperiales y transnacionales.

Se requiere una visión integradora que reconozca los probables escenarios nacionales e internacionales de conflicto y demandas reales de seguridad, tanto como posibles espacios para potenciar el desarrollo. Urge una concepción de desarrollo que considere el momento histórico, la realidad política, económica y cultural del país, de la subregión y del mundo. Es cada vez más apremiante una reformulación del proceso de integración subregional y aún regional en marcha, para ampliar el campo de acción de su aparato productivo a partir de profundas reformas internas que potencien sus mercados domésticos y que permitan un accionar más inteligente en el concierto internacional.

Uno de los mayores escollos de la integración en América Latina y el Caribe ha sido su conceptualización como un ejercicio económico, mayormente de tipo mercantil. Esta no sólo debe servir para relanzar una estrategia exportadora de inspiración transnacional o para conseguir un simple acercamiento a la economía norteamericana en medio de un proceso de reordenamiento geopolítico complejo, cuyo resultado no está claro. La integración de cada una de las subregiones, como parte de un esfuerzo de integración latinoamericanista, tiene que apuntar a objetivos más amplios y profundos en un esfuerzo concertado por vencer al subdesarrollo y fortalecer la democracia.

Ya es hora de pensar en la posibilidad de una supresión consensuada de las monedas nacionales para dar paso a la constitución de una moneda regional y en un acercamiento real de nuestras políticas económicas, tal como sucede en Europa, como parte de una estrategia de cesión voluntaria de parte de las soberanías nacionales a cambio de la construcción de una soberanía monetaria y económica regional más amplia y eficiente. Hay que hacer posible el establecimiento y la vigencia de esquemas de acumulación y reproducción nacionales y regionales que se sustenten en una mayor participación ciudadana y que excluyan los regímenes autoritarios y represivos, que superen los dogmas y contradicciones neoliberales, para lo cual se tendrá que avanzar en las transformaciones económicas, sociales y políticas que cada sociedad requiere.

En concreto se proponen los siguientes puntos en una concepción estratégica de inserción del Ecuador en el mercado mundial:

- Priorizar como objetivo la unidad y la integración latinoamericana. Pero no la misma forma de integración impulsada hasta ahora. Requerimos una integración diferente, autonómica, sustentada en bases económicas, sociales, políticas y culturales a partir de las diversas realidades ambientales existentes en la región.
- Promover mecanismos de negociación que reconozcan la realidad del desarrollo desigual y las relaciones solidarias entre los socios en vez de plantear una ficticia igualdad entre los países. Hay que alentar la constitución de soberanías regionales a partir de los ahora estrechos márgenes nacionales.
- En lugar de quitar poder al Estado -como ocurre con el TLC- se deberá reconstruir y fortalecer el Estado nacional como actor del desarrollo; simultáneamente habrá que modernizar los mercados como espacio de construcción social que requieren ser controlados y normados; también se tendrá que impulsar la participación activa de la “sociedad civil” en el Estado y en los mercados, como actor y controlador de los mismos.
- Incentivar acuerdos entre empresas públicas de los diferentes países para su fortalecimiento mutuo y para viabilizar la integración.
- Establecer vínculos con la mayor cantidad de economías relevantes para el desarrollo ecuatoriano a más de las economías vecinas, por ejemplo con China, India, Europa (aquí tenemos además la ventaja de la depreciación del dólar frente al euro) y por cierto hay que comerciar los mismos EE UU. Hay que buscar una sostenida diversificación de las exportaciones, no depender de pocos mercados y menos aún de uno sólo. El comercio debe orientarse y regularse desde la lógica social y ambiental, no exclusivamente desde la lógica de acumulación del capital; así, por ejemplo, el comercio exterior no puede poner en riesgo la soberanía alimentaria y energética del país.
- Establecer reglas claras y estables para todos los inversionistas: extranjeros, nacionales y el Estado mismo. La seguridad jurídica debe ser para todos, no sólo para el capital extranjero. A partir de la premisa de que en este país el eje es el ser humano vinculado a la naturaleza deben respetarse los acuerdos y convenios internacionales debidamente suscritos.

Por otro lado hay que salir de la trampa planteada por quienes creen que el problema para lograr el éxito de las políticas neoliberales es de “gobernabilidad”, entendida ésta como un esquema que facilite la consolidación del régimen social de acumulación neoliberal, sostenido en una mayor orientación hacia el mercado mundial -con una apertura y liberalización a ultranza- y en una menor injerencia de propuestas de inspiración nacional. Esta visión neoliberal, como se sabe de la experiencia de las últimas décadas, exige una creciente concentración de la riqueza con miras a promover el ahorro que financie nuevas inversiones, que ofrezca nuevos beneficios y garantías al capital externo, que acepte una mayor flexibilización laboral y un menor peso de la organización sindical y social en general. Además, provoca el fortalecimiento del gran empresariado privado (nacional y transnacional) en detrimento de la pequeña y mediana empresa, así como de los espacios empresariales comunitarios. Todo lo cual desemboca en un acrecentamiento del poder en manos de pocas personas: el hiperpresidencialismo, viable sobre bases de creciente autoritarismo y debilitamiento democrático.

La ingenuidad de las actuales estrategias del Banco Mundial, del BID y del FMI, así como también de Washington con el TLC, radica precisamente en la creencia de que toda la economía puede, de la noche a la mañana, incorporarse activamente a la “nueva” división internacional del trabajo; cuando, en realidad, la globalización en marcha margina tendencialmente y en forma estructural a la mayoría de la población y a partes sustantivas del propio aparato productivo. El camino debe ser otro, aceptando el tránsito por un proceso paulatino, que requiere de un horizonte de preparación y bases de equidad, incluso para que los mercados “funcionen”. Y con seguridad no sólo habrá que marchar por un camino diferente, sino que la meta final deberá diferir de los imaginarios (imposibles) del neoliberalismo.
La Consulta como mecanismo democrático de decisión

Justo ahora, cuando hay una gran oportunidad para profundizar la democracia, voceros oficiales y oficiosos anuncian la inconveniencia de recurrir a todos los procedimientos democráticos existentes para dilucidar una cuestión que gravitará profunda y largamente en la vida nacional: el TLC. Los defensores abiertos o encubiertos del TLC, sin abordar los temas de fondo, arremeten en contra de una posible consulta popular. Por su “complejidad y amplitud”, no cabe consulta, dice alguien. “Es inconveniente desde todo punto de vista elevar este tema, tan importante, a un plebiscito”, consigna otro. Porque “se trata de un tema muy complejo y poco conocido por la ciudadanía, no creo que sea factible una consulta popular”, asegura un tercero. La gran prensa, autodefinida como adalid de la democracia, alienta esta oposición, pues, como dice un matutino quiteño, “resulta difícil someter a consulta popular una negociación tan compleja”, ya que, como afirma otro rotativo, es “absurdo que un tratado de esta naturaleza -de complejos contenidos técnicos y jurídicos de poco acceso al conocimiento común- se pretenda llevarlo a una consulta popular”.

Ante las exigencias de Washington, sintetizadas en el TLC como coronación del proceso de ajuste y reformas neoliberales, se pone jaque mate a la democracia. Sin embargo, no la sacrificarán, simplemente la obviarán, una vez más. Y luego las consecuencias del TLC, que incluso obligarán a reescribir la Constitución, limitando aún más la vida democrática, serán asumidas como un acto de pragmatismo. Amenazas políticas que se traducirán, como afirma el jurista liberal Fabián Corral en un verdadero “imperialismo legal”.

Un asunto perverso, en tanto el TLC garantiza seguridad a la acumulación del capital, no así a las personas; valga constatar que en el TLC no se discute el tema de la masiva emigración de ecuatorianos a EE UU, pero eso sí, se ofrece trato nacional a las mercancías y servicios extranjeros, a las inversiones foráneas; derecho a demandar en el exterior al Estado ante cualquier decisión que disminuya las ganancias de los inversionistas extranjeros; apertura y libre circulación a todo tipo de bienes y servicios; protección total a los derechos de propiedad intelectual; reducción del papel del Estado al de guardián del capital; todo esto limita aún más la capacidad de aplicar políticas nacionales de desarrollo.

Por eso mismo que es tan importante, tan complejo, tan amplio el TLC, se requiere un gran debate, que concluya en una consulta popular.
Alberto Acosta es economista. Este artículo forma parte de una publicación conjunta de las revistas ecuatorianas Entre Voces y Renovación, abril de 2006.


 source: Revista Pueblos