1. Negotiations
2. US-Andean countries

Capacidad actual y proyección de la lucha andina contra el TLC

All the versions of this article: [English] [Español]

Bolpress, La Paz, 12 de enero 2006

Capacidad actual y proyección de la lucha andina contra el TLC

Miguel Lora Fuentes

La campaña continental contra el Tratado de Libre Comercio (TLC) Andino ha obtenido en la gestión 2005 victorias importantes, aunque todavía parciales. La negociación del acuerdo comercial se prolonga más de la cuenta gracias a la presión social, pero no se ha detenido.

El movimiento social latinoamericano en alianza con algunos sectores del empresariado resiste con eficiencia la arremetida de los sectores oficiales favorables a los planes de Washington porque es cada vez más consciente de que los tratados comerciales benefician a una minoría y son desventajosos para la gran mayoría. En noviembre el Mercosur más Venezuela le dieron un sonoro portazo a Bush y a su proyecto del ALCA durante la IV Cumbre de las Américas, pero las extensiones regionales de ese plan hemisférico, los TLC bilaterales, continúan en negociación.

El movimiento andino contra el TLC se nutre con la incorporación de nuevos gremios productivos y laborales que paulatinamente van tomando conciencia de los peligros del acuerdo político-comercial. La sociedad civil de la región tiene mayor conocimiento de los riesgos gracias a que el tema finalmente se posicionó en la agenda de los medios de comunicación.

Inicialmente se dijo que las negociaciones durarían 8 o 9 rondas; después de varias postergaciones, se anunció el cierre en la XIV ronda en diciembre de 2005, pero luego de un año de desencuentros ese objetivo no sido alcanzando. A dos de los tres gobiernos de la región que negocian el TLC no les quedó otra opción que suspender las charlas hasta 2006 acusando a Estados Unidos de negarse a flexibilizar sus “descabelladas” exigencias de liberalización comercial, especialmente en el rubro agrícola.

Estados Unidos y los gobiernos de Ecuador y Colombia no consiguieron rubricar el acuerdo en 18 meses de intensas negociaciones porque ha sido prácticamente imposible conciliar intereses. Encontrar un punto de equidad en la disputa comercial entre la potencia más poderosa del mundo y economías en desarrollo es una fantasía, simplemente porque los intereses de ambos bandos son contradictorios, como lo prueba una reciente declaración del Tribunal Andino de Justicia (TAJ).

El TAJ declaró en diciembre que las amplias protecciones a la propiedad intelectual de transnacionales farmacéuticas incluidas en el TLC no se ajustan a la normatividad andina, y conminó al gobierno de Colombia a corregir un decreto que protege los datos de prueba de medicamentos hasta por cinco años y respetar lo que manda la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones (CAN). La discusión sobre datos de prueba en medicamentos es irresoluble: Estados Unidos exige demasiado, y Colombia reclama mantener el statu quo, es decir la actual normatividad. José Manuel Alvarez, representante de Asinfar comenta que el fallo es del TA un estímulo para que laboratorios nacionales que se sientan afectados - al no poder competir con multinacionales protegidas con subsidios- presenten demandas.

A pesar del retraso del TLC, que puede ser considerado una victoria del movimiento popular, es evidente que la fuerza de los movimientos sociales de la comunidad andina se ha visto mermada en diciembre con la firma del acuerdo entre Perú y Estados Unidos. Alejandro Toledo, pese a su bajo nivel de aceptación, logró cerrar la negociación del TLC en parte porque en Perú no existe un movimiento social organizado similar a las instituciones de activistas ya consolidadas en Bolivia, Perú, Ecuador y Colombia. [1] La oposición tiene muy poca representación parlamentaria y Toledo lo único que quiere es asegurar su futuro personal ya que no tiene mayores perspectivas de vigencia en la política peruana.

De ahí que el movimiento social contra el TLC ve como tarea necesaria atraer a sectores laborales que todavía no se han involucrado en la lucha, y aprovechar la campaña electoral que se avecina en Perú, Colombia y Ecuador para presionar a los candidatos y de esta forma resistir hasta que comience la campaña electoral en Estados Unidos.

Los comicios para renovar toda la Cámara de Representantes y un tercio del Senado en Estados Unidos en noviembre de 2006 podrían constituir una buena oportunidad para obstaculizar el cierre de las charlas. Sellar un tratado que involucra temas controversiales en medio de una campaña electoral que se calentará a partir del segundo trimestre de 2006 es mortal para los candidatos de Estados Unidos en trance de reelección, algunos de los cuales ya se manifiestan en contra del TLC e inclusive anuncian el rechazo del tratado no porque perjudique a productores del agro de su país sino porque sería nocivo para los países andinos. [2]

Estrategias del movimiento social andino

La Red Colombiana de Acción frente al Libre Comercio y el ALCA (Recalca) intenta conformar un frente muy amplio, dejando de lado otros temas que pueden dividir el movimiento, y centrando su actividad en movilizaciones nacionales y otras manifestaciones en cada ronda del TLC. En 2005 se realizaron tres grandes movilizaciones que confirman el poder de convocatoria de las organizaciones que pertenecen a la red.

El Movimiento Boliviano de Lucha contra el TLC y el ALCA, además de identificar las profundas contradicciones del libre comercio y de visibilizar los impactos de la liberalización en la vida diaria de la gente, asentó su lucha en tres tácticas: 1. Fortalecer un solo movimiento con múltiples plataformas a fin de construir una resistencia múltiple. 2. Desplegar una estrategia jurídica contra las normas que sostienen el modelo de libre comercio, y 3. Neutralizar la ofensiva progandística del gobierno y de los exportadores a favor del TLC dimensionando el verdadero tamaño de los beneficiarios del acuerdo comercial con Estados Unidos. Hasta el momento, las acciones del movimiento boliviano han evitado que el gobierno negocie oficialmente con Estados Unidos. [3]

La campaña Ecuador Decide continúa con su plan de recolectar firmas con el fin de propiciar un referéndum que decida la suerte del TLC, vinculando diferentes temas políticos, como el pedido de Asamblea Constituyente. [4] Sus estrategias de campaña son la educación, alfabetización, presión social permanente y estrategias institucionales para presionar al Congreso de manera de encontrar diputados aliados. 22 diputados pusieron sus firmas contra el TLC, aunque no es una garantía. Aún falta la lucha final, que se desataría en enero y febrero de 2006. [5] La CONAIE por su parte ha anunciado que derrocará al gobierno si se atreve a firmar y ha realizado numerosas movilizaciones entre las cuales se destaca la de diciembre pasado durante la última ronda en Washington.

En Perú la presión de los gremios productivos del sector agropecuario se ha convertido en la más importante barrera social contra el TLC. En noviembre se produjo una movilización con 15 mil personas en Lima, incluidos usuarios de los distritos de riego y productores. Nunca en la historia se vio una movilización así. Aunque los arroceros, con 23 comités, no están muy bien organizados y en otros cultivos la situación es peor, se anuncian paros porque se piensa que la movilización ya cumplió su etapa.

Los frutos de la campaña contra el TLC

En Colombia se han realizado varias consultas populares para evaluar cuál es el grado de rechazo al TLC. Sondeos públicos realizados en la combativa zona del Cauca en los primeros meses del año, votaciones en sectores agropecuarios específicos (arroz, trigo, cebada, papa) y una consulta comandada por la Central de Trabajadores a 300 mil personas confirman que la mayoría de la población está en contra del acuerdo. Investigaciones realizadas por universidades públicas revelan que una amplia mayoría de la gente es contraria al TLC, lo mismo indican experiencias del movimiento comunal en barrios de Bogotá.

Las campañas colombianas sirvieron para desplegar un intenso trabajo educativo con mesas redondas, paneles, formación de personas, producción audiovisual, folletería, etc, labor que se refleja en las cifras de las encuestas. Antes de las campañas, el 65% de la gente estaba a favor del TLC y hoy el 65% le dice no, frente a un 30 o 35% que está de acuerdo.

En Perú se presume que hace cinco meses el 60% de la población estaba a favor del TLC y 40% en contra. En este momento, la mayoría rechaza el acuerdo y hasta los medios de comunicación favorables a la liberalización comercial se preocupan porque sienten que el gobierno no actúa con transparencia porque los textos oficiales y completos del TLC se presentarán a la opinión pública recién en tres meses.

En Ecuador el propio gobierno reconoce que el 80% de los ecuatorianos está en contra del TLC. Una consulta universitaria arrojó más del 90% de oposición. Hace algunas semanas el Frente Popular de Pichincha consultó en el centro de Quito a 5 mil personas y más del 80% dijo no al TLC.

Las distintas organizaciones andinas involucradas en las campañas contra el TLC reconocen estos resultados como un gran éxito frente la millonaria contracampaña de los comités empresariales y las elites que no pudieron convencer a la población en este año, pero que volverán con fuerza en 2006 con financiamiento del extranjero. El gran logro, dicen estas organizaciones, es que el TLC ya está en la agenda nacional y se debate en el seno de la sociedad.

Los productores y empresarios se involucran

El trabajo de concienciación en los países andinos respecto a los riesgos del TLC ha dejado de ser una actividad exclusiva de las asociaciones de activistas, pues cada vez más gremios productivos comienzan a involucrarse en la lucha y a tomar partido en la medida en que comprueban que el libre comercio no necesariamente beneficia a todos por igual, especialmente en el rubro agrícola. Eso es lo que se percibe en Colombia, Ecuador, Bolivia y Perú.

Luego de que el gobierno peruano firmara el TLC, sectores productivos conservadores que antes apoyaban al acuerdo ahora se manifiestan en contra. Por ejemplo, los productores de leche -a los que les costó 40 años seleccionar su ganado- ahora reaccionan frente a los problemas que les acarreará la liberalización ciega, al igual que los azucareros, que se pronuncian con mucha fuerza en Perú.

Los agroexportadores peruanos no están muy contentos con la firma del TLC, aunque su dirigencia es partidaria del acuerdo comercial. Las bases están dispuestas a ir a un paro en los primeros meses de 2006 si es que el Congreso insiste en ratificar el acuerdo. Luis Zúñiga, presidente de la Convención Nacional del Agro Peruano (Conveagro) considera que el Presidente Alejandro Toledo traicionó a su patria al haber firmado con Estados Unidos a espaldas de los verdaderos interesados, los productores del campo.

En Perú, el 98% de los productores agropecuarios tiene menos de 20 hectáreas y el 84% menos de cinco hectáreas. Apenas el 2,6% del área cultivada se destina a la agroexportación y de ese total solo 28% se vende al mercado de Estados Unidos. Por tanto, la producción de menos del 1% del área cultivada en Perú se destina al mercado del norte, en tanto que el 80% de los productores agrarios vende su producción en el mercado interno.

Los productos sensibles para Perú son el trigo, maíz, azúcar, algodón, leche, carnes y cebada. En la última negociación, el gobierno peruano entregó completamente el mercado del trigo, al igual que el de la cebada, algodón y oleaginosas. Se abrió para Estados Unidos la importación libre de 500 mil toneladas de maíz y 74 mil de arroz. Los productores de azúcar esperaban ser los ganadores, pero a última hora se liberalizó en cinco años la importación de jarabe de maíz que sustituye el azúcar para usos industriales. El agro terminó lastimado por todos lados, asegura Zúñiga.

La prueba de que la liberalización del comercio agrícola golpeará duramente al pequeño agricultor peruano es que algunos precios han comenzado a caer, como el del arroz por ejemplo. En 2005 Perú tenía suficiente producción para el mercado nacional, pero entró el arroz de Uruguay y Estados Unidos. Si bien el cereal importado era más caro que el nacional, solo la presencia en puerto hizo que los precios cayeran; los comerciantes manejan bien el juego de la oferta y demanda. Si en 2005 entraron a Perú más de 100 mil toneladas a precios más altos y aún así los precios cayeron; los productores ya imaginan lo que sucederá cuando ingresen más de 70 mil toneladas de granos libres de arancel.

Según Zúñiga, la libre importación de trigo tiene efectos en otros cultivos: la gente que habita en zonas altas que antes comían papa ahora prefiere consumir fideos y galletas.

Y no es que los productores peruanos sean menos productivos que sus similares del norte y que le teman a la competencia. El problema es que los competidores norteamericanos reciben millones en subsidios en tanto que el sector productivo peruano está casi abandonado. En la década de los 80 del siglo pasado se deshicieron las organizaciones agrarias, y en la actualidad no existe crédito porque la banca comercial no presta a los productores. Más del 90% de los cultivadores tiene que prestarse dinero de comerciantes e intermediarios con intereses que van del 4 al 10% mensual. El Estado también se deshizo de los centros de investigación para pasarlos a manos privadas. Últimamente, las compensaciones propuestas por el gobierno de Toledo no beneficiarían a más del 5% de los productores formales, ya que el 90% de los agricultores es informal.

En Colombia, sectores que tenían esperanzas en el TLC, como la SAC, sectores de salud, productores de palma y avícolas, han comenzado a cambiar su postura al confirmar que sus intereses serán afectados.

Se configura un problema de concentración de la tierra muy agudo en Colombia. De las 45 millones de hectáreas en uso, 40 millones se utilizan en ganadería, y cinco millones en agricultura. La ganadería no es un modelo de actividad productiva moderna ya que la carga por área es menos de una vaca por hectárea.

El principal cultivo colombiano es el café, que se produce en 800 mil hectáreas, la mayor parte por pequeños agricultores, en laderas y con tecnología precaria. Solo en 1,5 millones de hectáreas se desarrolla una actividad productiva moderna de arroz, palma, caña, algunos sectores maíz y horticultura.

Este modelo se agudizó a partir de 1990 y provocó un verdadero desastre en el agro colombiano con la desinstitucionalización en materia de comercialización, investigación y crédito. Colombia importaba 700 mil toneladas de comida y ahora compra 10 millones. En la actualidad la pobreza, el desempleo y el subempleo golpean a más de la mitad de la población.

Estados Unidos tiene interés de liberalizar en Colombia sus ventas de arroz, trigo, cebada, avena, algodón, soya, maíz, papa, leche en polvo, carne de bovino y de cerdo. A pesar de que existe un marco jurídico que protege al sector rural, el gobierno colombiano ha ido cediendo sistemas de protección y ofrece alternativas temporales. Todavía no se firmó el TLC, pero ya se van eliminando las preferencias arancelarias. El gobierno dijo que protegería a ocho productos, pero en la última ronda de negociaciones redujo la protección al arroz, maíz y trozos de pollo. Colombia dijo a Estados Unidos que permitiría la importación de 47 mil toneladas de arroz, 500 mil de maíz, y 1.000 toneladas de trozos de pollo, pero Estados Unidos exigió 200 mil, dos millones, y más de 30 mil, respectivamente.

En Colombia eran notorias tres posiciones respecto al TLC: la que afirmaba que el tratado no sirve porque es parte de un modelo perverso; la que decía que el TLC es la solución a todos los problemas y una posición intermedia que hizo esfuerzos porque se negociara un “buen tratado”. Pero las ilusiones se esfumaron en las últimas rondas de negociación y se acabaron las posiciones intermedias. En el escenario actual disputan un pequeño grupo de industriales que apoya el tratado y una amplia asociación de sectores intermedios que no quieren el tratado, o en el mejor de los casos plantea que se aplace y que se baje el ritmo de las charlas. Podría decirse que en Colombia avanzó aceleradamente la opinión desfavorable al TLC, que los críticos ya son mayoría y que los partidarios se localizan en un reducido sector financiero.

En Bolivia la burguesía nacional comienza a fracturarse por causa del TLC. Los agroexportadores de oleaginosas del oriente se niegan a “aceptar con realismo” que las preferencias arancelarias andinas tenderán a desaparecer por la decisión de los países de la región de firmar TLCs con Europa y Estados Unidos, como sugirió el secretario general de la Comunidad Andina de Naciones (CAN) Alan Wagner.

Los exportadores de soya del oriente, concientes de que en cinco, 10 o 15 años perderían el mercado de la soya ante una virtual fractura de la CAN, por primera vez emiten un comunicado en diciembre de 2005 alertando sobre los peligros del TLC, mientras que en el occidente del país los exportadores de textiles se van quedando solos con sus arengas a favor del libre comercio.

La cadena productiva de las oleaginosas en su conjunto (productores primarios, industrias transformadoras y exportadores) exporta cada año más de 450 millones de dólares de soya al mercado andino; 212 millones a Perú, Colombia y Ecuador, y aproximadamente 240 millones a Venezuela, país que comenzó a comprar grano transgénico de Estados Unidos.

La Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB) y la Cámara de Exportadores de Santa Cruz (Cadex), que aglutina a la Anapo y la CAO, exigen al gobierno que encuentre una fórmula para mantener los mercados y las preferencias en la subregión, preocupados porque sus exportaciones han caído 80 millones de dólares en los últimos meses.

El líder de la Asociación de Productores de Oleaginosas (Anapo), Carlos Rojas, opina que la firma del TLC significará la casi inmediata desaparición de mercados para la soya boliviana, pues el acuerdo implicaría la eliminación paulatina de los aranceles para grano y torta de soya, aceite crudo y aceite refinado, entre otros subproductos, en beneficio de la oferta norteamericana. De esta forma se pondría en riesgo la consolidación y el futuro de un sector responsable de generar casi 500 millones de dólares, el 25% de las exportaciones bolivianas anuales, afectando a más de 120 mil empleos, sin contar las inversiones por más de 700 millones de dólares.

En un debate público entre Marcos Iberklade, el dueño de la primera exportadora de textiles a Estados Unidos (Ametex), y Pablo Solón, activista del Movimiento Boliviano de Lucha contra el TLC y el ALCA, quedaron al descubierto nuevas contradicciones que comienzan a enfrentar a los mismos empresarios. Mientras Iberklade reclama apertura de mercados para sus textiles, los soyeros alertan del fin del gran negocio agroindustrial boliviano. Y en ese escenario, el empresario textilero no puede más que reconocer que la negociación del TLC implica mucho más que transar reglas de compra venta de camisas y pantalones.

En Ecuador el fenómeno es el mismo y nuevos sectores que no precisamente son de procedencia popular se van sumando a la lucha porque reconocen los perjuicios de TLC, como por ejemplo los ganaderos y transportistas. Los exportadores de atún lanzan observaciones cuando comprueban que el TLC, en el mejor de los casos, les dará las mismas preferencias del ATPDEA, mientras que los textileros comienzan a preguntarse si será beneficioso un TLC que impone normas de origen inflexibles.

Las debilidades del movimiento social contra el TLC

Los movimientos de resistencia han logrado colocar el TLC en el centro del debate nacional e inclinar a la mayoría de la opinión en su contra, pese a la millonaria campaña a favor del acuerdo financiada por Estados Unidos y por minúsculos sectores que se benefician con el libre comercio. [6] El pueblo ecuatoriano consiguió paralizar la decisión gubernamental de firmar el TLC; en Colombia el gobierno que busca la reelección duda de pagar el costo político de firmar un tratado ya impopular en plena campaña, y el pueblo de Bolivia ha conseguido dejar al país al margen de las negociaciones.

Se trata de victorias parciales porque, a pesar de los esfuerzos, sectores sociales importantes por su número y convocatoria aún no se involucran en la lucha contra las imposiciones de Washington, como los maestros en algunos países o los trabajadores del sector salud, por ejemplo.

Es cierto que el cierre de negociaciones en Perú no es real, pues el USTR no podrá presentar solo un acuerdo con un país y el Congreso norteamericano no estará dispuesto a aprobar tratados bilaterales sino un acuerdo andino conjunto, a diferencia de lo que dicen algunos miembros del Ejecutivo peruano. Sin embargo, el cierre peruano demuestra que las indefiniciones respecto a la valoración política del TLC son un punto flaco de la campaña. Perder de vista que el TLC es un acuerdo político más que comercial de alguna manera ha propiciado la derrota del movimiento peruano en diciembre de 2005. [7]

Considerando que todo el año entrante el TLC será un tema central en las definiciones políticas de cada uno de los gobiernos andinos en trance de elección, el discurso contra el acuerdo debería avanzar hacia consignas políticas.

El TLC supedita el desarrollo de los países andinos a los intereses de las multinacionales y de pequeñísimos grupos de exportadores que lucran a costa del conjunto del desarrollo social y productivo de nuestros países, pero básicamente es una salida para Estados Unidos que atraviesa un déficit comercial insostenible y enfrenta una competencia cada vez más descarnada con la Unión Europea y China.

La lucha contra el TLC se configura como un producto de la pugna interimperialista por América Latina y en ese marco no puede haber medias tintas. No es posible arribar a un acuerdo equitativo, una esperanza que aún se mantiene en algunos sectores productivos de la región, porque en esencia el tratado es contradictorio; los intereses del imperio y la colonia son contrarios.

Hay que definir claramente que el libre comercio no es efectivo para las economías pequeñas y reconocer que es apenas una parte de la estrategia de dominación global de Estados Unidos. Con el libre comercio se quiere implantar un modelo y un tipo de relación internacional que nos condena a permanecer como colonia. Para enfrentar ese modelo es preciso superar el gremialismo que solo ve intereses inmediatos y no el problema globalmente. El TLC cuestiona la esencia misma de la democracia, por ahora fractura a la comunidad y pone en peligro la soberanía imponiendo una constitución política supranacional adaptada a los intereses del imperio. [8]

Por otro lado, se ha planteado la idea de que una solución sería la renovación del ATPDEA, pero esta ley no es una simple preferencia comercial, sino una preferencia fuertemente condicionada: participar en el ALCA, OMC, luchar contra el terrorismo, contra el narcotráfico, no ser un país comunista, etc.

El condicionamiento político es supremamente fuerte y las preferencias arancelarias son pequeñas. Nominalmente cubren a gran cantidad de partidas arancelaras, pero en el mejor de los casos solo concentran las exportaciones en 20 o 30 partidas. En los puntos donde hay oferta exportable el ATPDEA impone normas de origen y reglamentaciones tacañas para que las exportaciones se concentren en maquila que necesiten de insumos norteamericanos. [9]

Estados Unidos utilizó el ATPDEA como un señuelo. Decía que las negociaciones del TLC servirían para ir más allá del ATPDEA, pero es al revés. El acuerdo antidroga será la meta a lograr, no el piso. Si no se nos da tratamiento favorable la producción de coca aumentará, advirtió el equipo negociador colombiano. El 18 de mayo Regina Vargo respondió que una cosa es el comercio y otra es el narcotráfico. [10]

Las estrategias a seguir en el futuro

a) La unidad es importante: En esta nueva etapa de lucha contra el TLC se necesita fortalecer la coordinación andina. Los lazos entre los países de la región son frágiles a pesar de que todos tienen un fuerte sentido de pertenencia. Lo más consolidado institucionalmente es el Consejo Laboral Andino, órgano de la CAN, pero con poca capacidad de movilización coordinada.

El problema es que los países andinos no se perciben como aliados sino como competidores. La coordinación de los gobiernos andinos en la negociación fue un fracaso, pues cada vez que hay un punto difícil siempre se termina en negociación bilateral y la prueba es que Perú terminó firmando por su lado.

Si Perú concedía determinada cosa en medidas sanitarias, era motivo para chantajear y obligar a los demás. Es así que la solidaridad andina nunca existió y fue rota por Colombia cuando hubo disputa por los aranceles en el ALCA.

Se necesita promover la más amplia unidad nacional y andina, condenando a la picota pública a los minúsculos sectores que, en búsqueda de algunos beneficios particulares, están dispuestos a sacrificar al conjunto de las naciones.

b) Aprovechar la campaña electoral: Agendar el TLC en la discusión pública y aprovechar las campañas presidenciales para presionar a los partidos políticos y fuerzas progresistas para que no voten por el TLC. El plan consiste en aplazar la firma y colocar al TLC en primer plano durante la campaña. Se debe arrinconar a los candidatos para que asuman posiciones contrarias al acuerdo.

En la esfera política comienza a primar el realismo y el pragmatismo electoral. En la campaña presidencial que se avecina en Perú (abril), Colombia (julio) y Ecuador, el TLC será tema de debate central y nadie que aspire a ser elegido o reelegido sería tan torpe de defenderlo públicamente, sabiendo que es una amenaza para el campo o para la salud de los ciudadanos.

Existen senadores uribistas en Colombia que combaten al TLC y parlamentarios que pujan por la reelección que no votarán por el acuerdo. La posición del nuevo gobierno boliviano es evitar TLCs del modo en el que se plantea ahora. En Perú, Conveagro y sus aliados como el Foro Salud, la campaña “Así no”, artistas, el sector educación y muchos comentaristas que cambiaron de posición esperan que el actual congreso no ratifique el TLC. Zúñiga reconoce que es difícil que el movimiento social gane, pues un tercio de los congresistas son tránsfugas y no ofrecen garantías. Dos partidos están a favor del acuerdo, Unidad Nacional (Lourdes Flores) y Perú Posible (partido de gobierno). Del otro lado, la izquierda de Javier Diaz Canseco, el partido aprista y Ollanta Humala no apoyarán un TLC, al igual que Acción Popular que ahora tiene tres representantes en el Congreso.

c) Acciones legales: Los activistas de la región intentan perfeccionar el uso de herramientas legales para detener el modelo de libre comercio impuesto por Estados Unidos. En Colombia se han impulsado acciones populares tratando de que los juzgados tranquen el TLC y en diciembre el Tribunal Andino ha conminado al gobierno colombiano a dejar sin efecto un decreto que amplía los derechos de las farmacéuticas, violentando la normativa andina.

En Bolivia se han planteado demandas en el Tribunal Constitucional. Los activistas presentaron una demanda de inconstitucionalidad contra la concesión de fuentes de agua en La Paz y El Alto a la transnacional francesa Suez. Según la Constitución, las fuentes de agua son recursos naturales que solo pueden ser entregados con la aprobación del Congreso, requisito no cumplido en el caso de Aguas del Illimani (AISA), subsidiaria de Suez. El Tribunal Constitucional aceptó la demanda en diciembre de este año. También se presentó al TC un recurso directo de inconstitucionalidad contra la ley Nº 1593 -que ratificó la adhesión del Estado boliviano al Convenio sobre Arreglo de Diferencias Relativas a inversiones entre Estados y Nacionales de otros Estados (CIADI), dependiente del Banco Mundial- y contra los artículos de seis Tratados Bilaterales de Inversiones (TBIs) suscritos con Argentina, los Países Bajos, Francia, Reino Unido, España y Estados Unidos que otorgan a los inversionistas de esos países el privilegio de someterse a una justicia de carácter privado que está por encima de la justicia boliviana en caso de eventuales controversias contra el Estado. La convención del CIADI y los artículos de los TBI impugnados transgreden los artículos 135 y 228 de la Constitución Política del Estado al permitir que los inversores extranjeros, en controversias, puedan acudir ante autoridades no nacionales para demandar y sancionar al Estado aplicando leyes extranjeras.

d) Captar nuevos sectores: El movimiento popular continental está consciente de que no está en condiciones de obligar a los Congresos a que voten en contra del TLC. Entonces ¿cómo hacer para aumentar la fuerza?

La experiencia colombiana revela que cada vez son más los sectores disconformes con el TLC que se pueden ganar para la lucha (la coalición por la diversidad cultural, artistas, periodistas). La idea sería, por ejemplo, evitar que la lucha en el sector de la salud se concentre exclusivamente en manos de la industria farmacéutica sino involucrar a los sindicatos de salud. La propiedad intelectual debe dejar de ser un tema técnico de especialistas para convertirse en preocupación de los trabajadores de la salud.

Lo mismo con el tema ambiental. No se ha logrado que el pueblo asuma la defensa del medioambiente. Incorporar a empresarios es uno de los objetivos, principalmente a los proveedores de compras estatales, pequeños industriales (identificar perdedores concretos en cada país y hacer campaña personalizada), gremios de maestros y otros sectores grandes que no se han movilizado hasta ahora. Si el movimiento social andino quiere estar en condiciones de librar una buena pelea, la clave es llegar a sectores nuevos.

e) No hay que confiarse demasiado: El margen de maniobra de Bush disminuye por los fracasos en Irak, los escándalos de las multinacionales, la política interna, la crisis económica, la burbuja especulativa -será muy doloroso para todo el mundo el aterrizaje de la economía, reconoce Greenspan-. Pero la experiencia sugiere “no dormirse” pensando que Bush ha perdido poder.

Los activistas del norte consideran posible cosechar apoyo político en Estados Unidos aprovechando que los estados industrializados también pierden con el libre comercio. Es el caso de la General Motors, que despide a cada vez más trabajadores para contratar mano de obra barata en el extranjero. Los sindicatos saben que una parte de esos trabajos se van a países del tercer mundo y se sienten perjudicados, lo mismo en el caso de textiles. En ese contexto hay posibilidades de influir en el debate.

Por otro lado, ciertos congresistas se interesan cada vez más en el tema. Ahora investigan cuánto de oposición hay en los países de Sudamérica y es posible que una misión de congresistas visite la región entre marzo y abril de 2006. Un documento bien hecho podría servir de mucho para apoyar esta iniciativa congresal.

2006: ¿el año de la derrota del TLC?

Los gobiernos andinos que están de salida no tienen legitimidad para imponer un acuerdo y Bush no tiene la fuerza necesaria para aprobar el TLC en el Congreso. La prueba de ello es que tuvo que postergar el Cafta que debía entrar en vigencia el 1 de enero de 2006.

Por otro lado, el TLC ya es impopular en la mayoría de las sociedades que lo negocian. En todos los países involucrados habrá elecciones presidenciales y legislativas y los distintos candidatos no estarán en condiciones de defender en la arena pública un tratado impopular. Las condiciones de la lucha se plantean más favorables que en 2005.

Lo que queda por delante es consolidar ese avance con tareas concretas:

– Visibilizar y difundir los estudios y sondeos de opinión que confirman el rechazo generalizado al TLC. En lo posible, contratar estudios de opinión en cada país para evaluar el grado de rechazo al TLC.

– Dimensionar el tamaño de los sectores favorecidos por el TLC (identificarlos con nombre y apellido, al igual que las cúpulas gubernamentales que bregan por la liberalización comercial) y contraponer esta información con listas de sectores afectados.

– Llegar a nuevos sectores respondiendo a la cuestionante: ¿Cómo afectan los TLCs en la vida diaria de la gente? Aterrizar el discurso, emocionar al público con un nuevo lenguaje “sensible”, pasar del discurso general al discurso emotivo. Al minuto 90 del partido con Estados Unidos, el público debe saber cuánto aumenta el desempleo, migración al exterior, gastos de salud, servicios básicos (teléfono, agua, transporte masivo).

– Hacer trabajo de incidencia en gobiernos locales, alcaldías, autoridades regionales, prefecturas que podrían ayudar a potenciar la lucha. Obligarlos a que se comprometan y tomen una posición concreta.

– Unificar la movilización social y estructurar un frente andino que demuestre su unidad en el primer trimestre del 2006 con una movilización conjunta en la que participen nuevos sectores, especialmente el magisterio. Del éxito de esta movilización coordinada depende enterrar o al menos postergar el acuerdo.