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Costa Rica. La soberbia es responsable del fracaso de última ley TLC

12-9-08

Costa Rica. La soberbia es responsable del fracaso de última ley TLC

Por Carlos Salazar, [email protected]

San José, (NP) Como un huracán, que hizo desaparecer sonrisas y la compostura de unos 38 diputados, fue recibida la noticia de que la Sala Constitucional frenó el proyecto de Ley sobre propiedad intelectual, por no haber sido sometido a consulta de los pueblos indígenas.

El “frenazo”, de este 11 de setiembre, así denominado por todos los legisladores, tanto por los que respaldan el Tratado de Libre Comercio (TLC),
con los Estados Unidos, como por quienes lo rechazan, pondrá a correr al presidente Óscar Arias, quien se encuentra en España para concluir este
fin de semana una gira de poco provecho por Europa, al menos para nuestro país.

A poco menos de 19 días, -incluidas las fechas de la celebración del aniversario de la Independencia de Costa Rica como nación-, de que venza el
plazo para depositar el TLC en Washington, la Agenda de Implementación y varios reglamentos, el Ejecutivo deberá correr hacia la capital
estadounidense para pedir nuevamente la ampliación de la fecha de vencimiento del plazo para el ingreso al acuerdo.

Los timbres y luces de teléfonos, convencionales y móviles, sonaban y centelleaban este jueves entre la Asamblea Legislativa, Cámaras Patronales
y Gobierno Central, así como en los celulares satelitales al servicio del mandatario, quien debió recibir la noticia cuando se aprestaba, a eso de las
seis de la tarde, a levantar la copa para brindar por las buenas relaciones con España.

Tras el mal trago brindado por la Sala IV, al tenor de lo que manda el Convenio Nª169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que
protege los derechos de los pueblos indígenas, se ensayan declaraciones oficiales de Gobierno y oficialistas legislativas para retomar el control de
la situación.

Para muchos diputados, el asunto ya estaba cocinado con la Sala Constitucional, pero no contaban que el magistrado suplente y asesor del
Gobierno, Federico Sosto, ya se había separado de su cargo por múltiples cuestionamientos éticos y legales.

En esta ocasión, tres magistrados votaron favorablemente por el proyecto de ley, contrario al Convenio 169, pero cuatro más votaron en contra y
devolvieron el expediente a la corriente legislativa, que deberá practicar malabares para brincarse el Convenio o abrir las consultas a los pueblos
indígenas, con una metodología compleja y acompañada de rituales.

Reacciones
Para el legislador del Partido Frente Amplio, José Merino del Río, tanto en el plenario legislativo como en la consulta presentada a la Sala
Constitucional se, advirtió sobre la introducción, a última hora, de reformas a la Ley de Biodiversidad, sin que se consultara a las comunidades
indígenas y campesinas.

La Sala Constitucional determinó que el Expediente "Ley de Reformas de Varias Normas que Regulan Materias relacionadas con la Propiedad
Intelectual", Expediente 16.955, tiene vicios de constitucionalidad por procedimiento, "por haberse omitido consultar a los pueblos indígenas de
conformidad con Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo y no haberse realizado la publicación correspondiente".

Al introducir esas reformas en último momento se impidió que se pudiera mocionar, según lo denunció Merino en su oportunidad, y consta en el Acta
de la sesión extraordinaria No. 10 del Plenario Legislativo, del 10 de agosto del 2008:

"Esta moción tiene que ver con el tema de la biodiversidad, a última hora en el último día de discusión, cuando ya no era posible presentar
mociones metieron en este proyecto una nueva reforma a la Ley de Biodiversidad, ¿quién la redactó? ¿De dónde salió? Por qué no le fue
consultada a nadie; no consta en el expediente, ni siquiera al Minae, mucho menos, por supuesto, con el desprecio que hay en este Parlamento a
consultar a las comunidades indígenas y campesinas, mucho menos a los grupos ambientalistas, donde en este Congreso en un gobierno que ha
declarado paz a la naturaleza”, dijo Merino.

Agregó que “ven a los ambientalistas como elementos subversivos, peligrosos por defender el derecho constitucional a gozar por parte de cualquier
habitante de la República de un ambiente sano, no fue consultado, le habían dicho al pueblo que la legislación ambiental no se vería afectada y que
esta ley no se iba a tocar...”.

“Pero tenemos una reforma del artículo 78 de la Ley de biodiversidad, que permite que transnacionales patenten y se apropien..., fíjense lo que dice
en la moción de marras, nada más y nada menos, que de las invenciones esencialmente derivadas del conocimiento asociado a prácticas biológicas,
tradicionales o culturales del dominio público (...) Es decir aquí están hablando del conocimiento tradicional de las comunidades indígenas y
campesinas sobre los usos de la biodiversidad, y que lo hicieron el último día cuando ya no teníamos tiempo material los diputados, y sobre todo los
que no pertenecemos a esa Comisión, para poder mocionar sobre eso que ahí se aprobó”.

Merino recordó que “lo grave durante todo el debate del TLC, el Cómex le dijo al país... que el conocimiento tradicional no se vería afectado
precisamente porque existía la Ley de Biodiversidad, el artículo que eliminaron en la Comisión. También la Sala Cuarta se basó en esta y otras
normas de la Ley de biodiversidad cuando concluyó que UPOV no afectaba a las comunidades indígenas”.

Entre tanto, para la legisladora Mayi Antillon, del Partido Liberación Nacional, todavía deben esperar el fallo de la Sala IV para dimensionar lo que
representará en términos de tiempo, pero consideró “prácticamente imposible” cumplir con el plazo para ingresar al Acuerdo.

Antillón dijo desconocer el contenido de la sentencia, y manifestó que se debe esperar al martes, después del feriado del Día de la Independencia,
para que entre a la Asamblea, pero cree que no hay tiempo para arreglar la situación.

En la fracción liberacionista trascendió que se tendría una reunión con la presidenta en ejercicio, Laura Chinchilla, para empezar a analizar la
estrategia para solicitar una nueva prórroga.

Por su parte, el jefe de fracción del Movimiento Libertario, dijo a radiodifusoras que ya no hay tiempo para cumplir con el plazo, “y el presidente
Óscar Arias debe pedir otra ampliación” a los Estados Unidos.

Por su parte, Rafael Madrigal, del Partido Acción Ciudadana (PAC), dijo que su fracción no está preocupada por ese tema, ya que le corresponde al
Poder Ejecutivo.

Recordó que el PAC y otros diputados opositores habían advertido la necesidad de consultar a los pueblos indígenas, “pero nunca nos pusieron
atención”.

“La soberbia deja estos resultados”, concluyó.


 Fuente: El País