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El agrio balance del agro en el TLC

EL AGRIO BALANCE DEL AGRO EN EL TLC

Red Colombiana de Acción Frente al Libre Comercio y el Alca, Recalca. Marzo, 2007.

Quizá el asunto más discutido y analizado en torno a las negociaciones del TLC con Estados Unidos es
el referido a las consecuencias que tendrá sobre el sector agropecuario de Colombia. Los estudios
oficiales dedicaron gran parte de sus esfuerzos a cuantificar los impactos sobre este sector, y los
gremios agropecuarios tuvieron la oportunidad de manifestar oportunamente sus opiniones, aunque
estas no hayan sido tenidas en cuenta. Este documento tiene como objetivo advertir lo que sucederá en
el campo colombiano, como resultado de lo negociado por el gobierno en el TLC.

Lo referido al sector agropecuario en TLC, en su capítulo de acceso a mercados, establece la liberación
completa de las importaciones agropecuarias hacia Colombia en el curso de pocos años. Esto limitará
en materia grave la capacidad de Colombia para alimentar a sus habitantes con su producción agraria y
generará mayor miseria en el campo, con sus secuelas de inestabilidad social, violencia y cultivos
ilícitos.

Las asimetrías en el sector agropecuario estadounidense y colombiano

El sector agropecuario representa tan solo entre uno y dos por ciento de la producción total de Estados
Unidos. [1] A pesar de tan pequeño tamaño en términos relativos, recibe apoyos estatales en materia de
sustentos al precio de mercado, ayudas internas específicas por productos, entre otras, por US $ 71.269
millones de dólares. Por su parte, el apoyo que el campo colombiano recibe del Estado es de escasos
US $ 1.143 millones de dólares al año [2], 67 veces inferior al estadounidense. El presupuesto agrícola
colombiano para el año 2007 es de 419 millones de dólares [3], incluidos los 169 millones del proyecto
“Agro, Ingreso Seguro”; esto es, 222 veces menos que el presupuesto estadounidense, que para el año
2007 alcanza 93 mil millones de dólares [4], una cifra que casi iguala la producción total colombiana en
un año (106.000 millones de dólares, en términos reales en 2005 [5]).

La Ley Agrícola estadounidense (Farm Security and Rural Investment Act of 2002), consistente en
pagos anticíclicos, préstamos de mercado y pagos directos, trae efectos negativos para los agricultores
del resto del mundo, por varias razones: 1) los pagos anticíclicos están ligados al nivel de precios y al
volumen de producción, es decir, cuanto menores sean los precios y más alta la producción, mayores
serán los pagos que reciben los agricultores, actuando como distorsionantes del mercado al restringir la
posibilidad de modificar áreas cultivadas; aunque los precios internacionales de un producto sean bajos
o los rendimientos presenten disminuciones, los agricultores no modificarán sus áreas o unidades
producidas, pues sus pagos se verían afectados. [6] 2) Estimulan la superproducción al permitir que,
aunque los costos de producción sean mayores, los agricultores continúen produciendo a los precios
internacionales de esos bienes, presionando así una caída de los precios de los productos. 3) Aumentan la concentración y la especialización en los que se conocen como los “ocho mayores cultivos” [7]. Estos
representan el 74% de los cultivos totales estadounidenses y reciben entre el 70 y el 80% de los pagos
totales del gobierno. [8]

Los subsidios a los agricultores estadounidenses permiten que sus cosechas puedan ser vendidas por
debajo de los costos de producción, en una práctica ilegal en el comercio mundial conocida como
dumping. Bajo esta figura, Estados Unidos exporta maíz a un precio menor en 30% a los costos de
producción, trigo en 40% y algodón en 57%, solo por mencionar algunos casos. Las naciones
receptoras de las exportaciones subsidiadas sufren graves daños como resultado de la pérdida de su
propio mercado interno y por la inviabilidad de exportar hacia los mercados internacionales donde
“competir se vuelve una utopía”. [9]

Colombia entregó el agro en el TLC

A pesar de este desequilibrado panorama, el gobierno del presidente Uribe aceptó, con la firma del
TLC, eliminar todos los mecanismos de protección a su agricultura, como el Sistema Andino de Franja
de Precios (SAFP), el Mecanismo Público de Administración de Contingentes y, por supuesto, los
aranceles, que rápidamente llegarán a cero por ciento. Lo que negoció el gobierno de Uribe en este
aspecto fue el tiempo en que deberá ser desprotegido el campo. Sin embargo, de forma inequitativa y
asimétrica, el gobierno estadounidense no eliminará las ayudas internas que otorga a sus agricultores,
permitiéndoles exportar con dumping sus excedentes agropecuarios.

El país también aceptó cláusulas que son contrarias al interés nacional y al mandato constitucional de
proteger la seguridad alimentaria de sus ciudadanos. Al firmar la cláusula de Nación Más Favorecida
(NMF), Colombia aceptó que todas las ventajas que el país negocie con un tercero, obligatoriamente
tendrá que reconocérselas a Estados Unidos. Pero la cláusula no es recíproca, pues Colombia no podrá
reclamar las ventajas que este país le otorgue a otro en el marco de nuevos TLC. [10]

El TLC es la profundización de la política de apertura económica, a través de la cual se busca la
especialización del país en cultivos tropicales dirigidos a las exportaciones, aprovechando, según el
gobierno, las ventajas comparativas: “La expansión del sector agropecuario no puede tener como
referencia el mercado interno” [11], afirma el gobierno colombiano en su política de largo plazo,
presentando como estrategia de crecimiento de la economía nacional y de alternativa para el campo el
aumento de la capacidad exportadora de productos como tabaco, yuca, algodón, papa, cacao,
biocombustibles, ají, brócoli, cebolla, espárragos, pimentón, lechuga, alcachofa, uchuva, bananito,
limón tahití, maracuyá, pitahaya, piña, mango, feijoa, madera aserrada (teca, melina, roble, pino), [12] que
no constituyen la dieta básica de los seres humanos. El propósito del gobierno colombiano con el TLC
es especializar al país en la producción de géneros tropicales, a cambio de importar los alimentos desde
Estados Unidos, es decir, provocará la pérdida de la soberanía alimentaria de los colombianos.

El gobierno le miente al país cuando defiende el TLC

En la defensa que hace el gobierno de Uribe de la negociación y firma del TLC existen varias y graves
inconsistencias que no corresponden a la realidad:

1. El TLC abre las puertas a nuevos mercados: el mayor éxito de la negociación fue no perder lo que ya
   se tenía por cuenta del Atpdea. En efecto, prácticamente la totalidad de las exportaciones agrícolas
   hacia Estados Unidos que fueron desgravadas en el TLC actualmente están cobijadas por las
   preferencias unilaterales otorgados por el país del norte. [13]
2. Colombia consiguió un acceso real de sus productos al mercado estadounidense: las Medidas
   Sanitarias y Fitosanitarias (MSF) no fueron negociadas y sólo se logró una carta adjunta de Estados
   Unidos para “cooperar” y realizar los “esfuerzos” para promover la “implementación del Acuerdo
   MSF de la OMC”, es decir, el compromiso de Estados Unidos ni siquiera es avanzar en la eliminación
   de Barreras No Arancelarias (BNA), sino simplemente manifestar su intención de cumplir con la
   normatividad de la OMC. [14] Aun así, no existe ningún mecanismo vinculante para esta carta, por lo que
   dichos esfuerzos quedarán a voluntad del gobierno estadounidense. Por el contrario, el TLC es
   contundente al afirmar que “ninguna parte podrá recurrir al mecanismo de controversias establecido
   bajo este Acuerdo para ningún asunto que surja bajo este Capítulo”. [15] Según el propio jefe de la mesa
   de negociación de este capítulo por Colombia, Juan Lucas Restrepo, “lo que temíamos, y aún tememos,
   es que en la práctica se restrinja indefinidamente el ingreso de los productos colombianos a ese
   mercado con argumentos para-arancelarios -o sea, sanitarios- como un excesivo rigor en el
   cumplimiento de las normas sanitarias y de inocuidad” [16]
   Paradójicamente, un estudio del Departamento Nacional de Planeación [17] afirma que “si los Estados
   Unidos elimina las Barreras No Arancelarias a todo el mundo, los resultados para Colombia serían
   negativos”. En efecto, el informe es claro al prevenir que los análisis realizados por el gobierno sólo se
   hacen en un escenario de liberalización entre Estados Unidos y Colombia, es decir, que no tienen en
   cuenta que el primero les está ofreciendo su finito mercado a otros países ni se tiene en cuenta que el
   país tendrá que competir en los mismos sectores con decenas y decenas de países.
3. La agricultura se beneficiará por la exportación de biocombustibles: en las actuales circunstancias
   del negocio, con el etanol los únicos ganadores son los industriales, no los agricultores. Además, la
   exportación de etanol a Estados Unidos no pasa de ser una ilusión, pues la producción actual no alcanza
   ni siquiera para abastecer el mercado nacional. Pero más contundente es que bajo las preferencias del
   Atpdea es hoy posible exportar etanol sin arancel a Estados Unidos. Si no se hace, es porque a los
   ingenios sucro-alcoholeros les resulta más rentable venderlo en el mercado interno que exportarlo. Si
   en algún momento el país llegara a exportar etanol a Estados Unidos sería gracias a los subsidios
   otorgados a los ingenios por el Estado, por los trabajadores, por los cultivadores y por los consumidores
   nacionales. [18]

Importaciones desde Estados Unidos generarán pérdidas de hectáreas de producción y empleos rurales

Los estudios oficiales prevén un balance comercial negativo para el sector agropecuario como
consecuencia del TLC. [19] Un estudio realizado por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural de
Colombia (2004) indica que existen perspectivas desfavorables para la agricultura por cuenta de las
restricciones al acceso de los productos colombianos al mercado estadounidense y que “el sector rural
saldría damnificado por el TLC si no se preservara un sistema de estabilización como el SAFP” [20],
predicción que resultará cierta, pues efectivamente el país aceptó eliminarlo.

Un estudio del Banco de la República estima que las importaciones agropecuarias desde Estados
Unidos, por cuenta del TLC, crecerán US $ 571 millones de dólares, mientras que las exportaciones
hacia ese país tan solo lo harán en US$191 millones de dólares, es decir, 3 veces menos, análisis que se
realiza sobre la base de que indudablemente se presentará una desviación de comercio que disminuirá
las exportaciones al resto de socios comerciales de Colombia, a la vez que aumenta las compras que se
realizarán a Estados Unidos. [21]

La más reciente investigación sobre los resultados de la negociación en el sector agropecuario
colombiano indica que se presentará un fuerte impacto sobre los precios internos, incluso desde el
mismo inicio del Tratado. Los resultados se presentan en el siguiente Cuadro:

Fuente: La negociación agropecuaria en el TLC, alcances y consecuencias. Luis Jorge Garay, Et al. Planeta Paz. Bogotá, 2006. 182 p.

En el balance neto agrícola, Colombia importará desde Estados Unidos, en el primer año de vigencia
del TLC, 4.629.000 toneladas de alimentos, lo que aumentará en 70% las importaciones provenientes
de Estados Unidos, mientras Colombia sólo aumentará sus exportaciones en 63.000 toneladas
anuales. [23] Es decir, Colombia consiguió 73 veces menos que lo obtenido por Estados Unidos.

Ni siquiera el sector de las flores, sector bandera de defensa del gobierno nacional, saldrá bien librado
en el TLC. En efecto, los más férreos argumentos del Ejecutivo para firmar un acuerdo con Estados
Unidos se basaban en las oportunidades de empleo y producción que generaría la consolidación de las
preferencias arancelarias para este sector, que no suman más de 30 millones de dólares en un año. Sin embargo, como resultado de una sobreoferta en el mercado mundial, la trasnacional estadounidense
Dole Fresh Flowers anunció en septiembre de 2006 el cierre de fincas en Colombia y Ecuador, lo que
provocará el despido de más de 3.500 personas. [24]

Despoblar el campo generará mayor miseria y violencia.

Por lo menos 365.000 hectáreas menos dedicadas a la agricultura comercial y 86.000 campesinos sin
ninguna oportunidad, tendrán que dedicarse a otras actividades. En unos casos, estos campesinos se
desplazarán a las ciudades a engrosar los cordones de miseria; en otros, la única alternativa será
cultivar coca. En efecto, la falta de oportunidades en los campos colombianos es el combustible que
alimenta la violencia que sufre el país, y se profundiza con la desprotección del agro como resultado de
las políticas de liberación comercial.

No es una coincidencia que la lucha contra las drogas fracase y al mismo tiempo la agricultura se vea
cada vez más desprotegida por el Estado. Tras seis años de Plan Colombia y US$4.700 millones de
dólares, el precio, la calidad y la disponibilidad de cocaína son exactamente iguales en las calles
estadounidenses. Según Jon Caulkins, de la Universidad Carnegie Mellon, la guerra contra las drogas
les ha costado a los ciudadanos estadounidenses cerca de 40.000 millones de dólares y hay más
hectáreas sembradas en coca que antes de la aplicación del Plan Colombia. [25]

El gobierno de Uribe afirmaba que para el año 2006 ya no habría una sola hectárea de coca, sin
embargo, el hecho que haya más decomiso, aspersión e interdicción no significa que la estrategia sea
efectiva. Si así lo fuera, los indicadores deberían estar disminuyendo como prueba de que el
narcotráfico está siendo eliminado. Por el contrario, el panorama actual es que la aspersión de la hoja
de coca se ha incrementado 32% durante su mandato; en 2006 se incautó 47% más de cocaína que en
2002. [26] Según el Departamento de Estado de Estados Unidos, el número de hectáreas sembradas en
coca se incrementó de 113.850 hectáreas en 2003 a 144.000 hectáreas en 2005. [27] En el año 2002
Colombia producía el 80% de la cocaína del mundo [28]; hoy el 90% de la cocaína destinada al mercado
estadounidense es colombiana. [29]

Los cultivos de coca, según el Departamento de Estado, son casi iguales a los presentados en el año
2001. Ante esta situación el senador estadounidense Charles E. Grassley (R-IA) se pregunta: "si más
hectáreas están siendo fumigadas, por qué hay más cultivos". En el mismo sentido, el jefe de la Oficina
de las Naciones Unidas Contra las Drogas y el Crimen, Sandro Calvani , afirma "Colombia es el único
país del mundo donde el problema de la erradicación ha sido resuelto 10 veces". [30]

A medida que se dedican más esfuerzos para acabar con el terrorismo y el narcotráfico, la violencia
urbana no se detiene. Entre 2002 y 2006, se presenta un considerable aumento de los casos de hurtos.
Así, el hurto a residencias aumentó en 4.149 casos (26%), el hurto a personas aumentó en 21.352 casos
(64%) y el hurto al comercio en 4.267 casos (36%). El desplazamiento forzado del campo a la ciudad
de familias enteras sin ingresos propicia el deterioro de la seguridad de los principales centros urbanos
del país.

Las políticas de liberación económica

En el campo vive el 27% de la población total colombiana, unos 12 millones de personas; la agricultura
representa el 12.5% de la producción total del país [31] y genera el 23% del total del empleo nacional. A
pesar de su importancia, el gobierno nacional ha abandonado la política pública del sector, lo que ha
generado que su crecimiento en la última década sea de un insignificante 1,5% en promedio. [32]

Los efectos de la apertura económica en el sector agropecuario durante la década del 90 aporta
importante evidencia sobre cuáles serán los resultados de las medidas de liberación comercial
propuestas en el TLC. La eliminación de aranceles en el sector produjo un crecimiento en las
importaciones de productos agropecuarios de 195% en la década del 90, pasando de importar 700 mil
toneladas de alimentos a 7 millones de toneladas, generando como consecuencia que 500 mil
ciudadanos del campo colombiano quedaron sin empleo [33]; entre 1990 y 1999 se dejaron de producir
unas 900 mil hectáreas (ha) de cultivos transitorios, el 26% del total. [34]

Conclusión

El TLC es la profundización de la política de apertura económica, con el agravante de que la
liberalización realizada hace 16 años mantuvo ciertos niveles de protección, como el Sistema Andino de Franja de Precios, mientras que el Tratado los elimina casi todos. El TLC elimina todos los mecanismos de protección y pone los aranceles en cero por ciento. Pero más grave es que los errores de
la apertura podrían revertirse con una decisión política de aumentar la protección a los productores
nacionales. Con el TLC, el desastre será irreversible porque al tener carácter de acuerdo supranacional,
solo puede ser revocado por decisión mutua.

Con el TLC Colombia está legalizando una práctica prohibida por la OMC: el dumping. Le entrega
Estados Unidos el control exclusivo del mercado de cereales y oleaginosas, sacrificando la soberanía
alimentaria del país y violando el artículo 65 de la Constitución colombiana que establece la protección
estatal para la producción de alimentos. Como contrapartida, solo recibe un incierto acceso al mercado
estadounidense en el cual, además, tendrá que competir contra otros países pobres en mercados
marginales de géneros tropicales, cuyas característica más importantes son la sobreoferta y la
volatilidad en los precios. Por último, la aceptación de la cláusula de Nación Más Favorecida se
constituye en un acto contra la soberanía y la dignidad nacional. [35]

Ante esta arremetida, el gobierno nacional lanza el proyecto “Agro, Ingreso Seguro”, con el que acepta
que el agro colombiano fue perdedor. Con unos exiguos recursos económicos, pretende volver
competitivo al sector para hacerle frente al estadounidense; un espejismo que utilizarán para hacer
demagogia en las regiones y en la bancada de gobierno. “Viene una masacre del sector agropecuario y
lo que están cuadrando [el gobierno colombiano] es la manipulación política del país, no para impedir
la masacre, sino para que la gente no se resista a la masacre, para que la gente no se levante contra el
proyecto, para que la gente no se oponga al proyecto.” [36]

“El TLC sumirá al agro colombiano al caos, los males sociales empeorarán, la desigual distribución
de la tierra prevalecerá. Colombia está ante uno de los actos más deshonrosos de su historia.” [37] De
aprobarse el TLC, los campesinos colombianos se verían expuestos a una competencia desigual, la cual
no podrán enfrentar. Su única alternativa será la migración del campo a las ciudades, por lo que sus
tierras quedarán a merced de los grupos ilegales que ampliarán la siembra de cultivos ilícitos y
profundizarán las acciones terroristas.