El TLC de los países andinos con Estados Unidos y la negociación de los recursos naturales

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Presentación en el Seminario “Integración y desarrollo sustentable. La nueva geografía de los recursos, la economía y el poder”, organizado por CLAES - D3E,
Montevideo, 14-15 de Julio de 2005

El esquema de integración de la Comunidad Andina de Naciones
(CAN) se inscribe actualmente en el modelo de acumulación neoliberal
que acentuó su vigencia en los países integrantes a partir de inicios
de los noventa. La reducción significativa del rol regulador del
Estado y de sus márgenes de acción para definir políticas económicas
ha facilitado la actividad exportadora con un perfil altamente concentrado.
Un núcleo muy reducido de grandes empresas acumula crecientes
segmentos del mercado, mientras que la pequeña y mediana
producción tiene escasa incidencia en el comercio intrasubregional e
internacional. Ello, a pesar que generan más de 70% del empleo en la
región andina.

En este contexto, la estrategia norteamericana de conformar un Área
de Libre Comercio Americana a través de la firma de Tratados de
Libre Comercio, consolida este modelo de desarrollo y dificulta las
iniciativas regionales de integración debido, entre otros, a que se
pierden las preferencias comerciales y de otro tipo que se otorgan
entre sí los países -al extenderlas a los países industrializados con los
que se firman Tratados de Libre Comercio-. A pesar de estas consideraciones,
los gobiernos de los países andinos sostienen que los
TLC con Estados Unidos, contribuirán a fortalecer la integración subregional.

Con el TLC el esquema de integración andino
no sólo corre el riesgo de escindirse, pues Venezuela
no lo firmará y la compleja situación política
y social de Bolivia, podrían impedir su ingreso.
La CAN corre también el riesgo de convertirse
en un cascarón vacío y sin rumbo, sumergido
en el esquema globalizador que imprimen
los países industrializados, especialmente
Estados Unidos en la región. La Secretaría General
de la CAN, por exigencia de Estados Unidos,
no participa de las negociaciones. Cuando
se concluya el Tratado, será informada, pero no
podrá objetarlo.

Los TLC representan también una cuña para el
proyecto de construcción de un espacio político
y económico de integración en América del Sur
luego de la creación de la Comunidad Sudamericana
de Naciones en diciembre de 2004.
Asimismo, debilita las acciones conjuntas que
adoptan los países subdesarrollados en los foros
multilaterales como la OMC y OMPI. Afectan
también los flujos intrarregionales, con probables
desvíos del intercambio hacia EE UU. Los
países que no tengan suscritos estos Tratados
registrarán, probablemente, pérdidas netas. Esto
ocurriría también a nivel subregional andino, al
estar Venezuela fuera de éstas negociaciones y,
Bolivia -por el momento- en calidad de observador.
Sólo cuatro de los cinco países miembros de la
Comunidad Andina, aquellos beneficiarios de la
Ley de Promoción Comercial y Erradicación de
la Droga en los Andes (ATPDEA), participan de
las negociaciones. Venezuela no ha sido parte de
la Ley de Preferencias Arancelarias Andinas
(ATPA) [1], predecesora de la ATPDEA, ni lo es
actualmente de esta última. A pesar de ser Bolivia
país beneficiario del ATPDEA, tampoco
participa como miembro pleno de las negociaciones
y sólo lo hace en calidad de observador.
Las exportaciones andinas a Estados Unidos
están constituidas básicamente por productos
basados en recursos naturales y su ingreso al
mercado norteamericano registra aranceles muy
reducidos. La mayor parte de las exportaciones
entran al mercado norteamericano con aranceles
bajos, ya sea en el marco de la Cláusula de la
Nación más Favorecida (MFC) o del Sistema
Generalizado de Preferencias. El móvil principal
de los países andinos para suscribir un TLC es
mantener el ingreso libre de aranceles para productos
como textiles y agrícolas de exportación
al mercado norteamericano en el marco del
ATPDEA. Este programa vence en diciembre de
2006.

El camino de las negociaciones iniciado por los
países andinos en mayo de 2004, ha sido más
extenso y espinoso de lo previsto. Los gobiernos
las iniciaron sin tener conocimiento del impacto
que tendrían, entre otros, la liberalización de los
sectores agrícolas tradicionales y el fortalecimiento
de los derechos de propiedad intelectual
en el acceso a la salud y al conocimiento.

Hay críticas crecientes al interior de los países
andinos, lo cual hace pensar que el gobierno
norteamericano tendría que replantear la rigidez
de sus planteamientos y su estrategia de dejar
los temas sensibles para el final, tal como lo
hizo con México, Chile y Centroamérica. La
suspensión de las negociaciones del TLC con
Panamá, producto del rechazo de su gobierno a
aceptar la propuesta agrícola norteamericana
durante la que se suponía sería la última ronda
en Washington, en enero de este año, es una
muestra más del agotamiento de su estrategia.

El escenario descrito pone en evidencia que no
serán precisamente los temas comerciales los
que impulsarán y darán el mayor sustento a los
organismos subregionales de integración. Por
ello, es fundamental que los gobiernos de la
Comunidad Andina, y en un ámbito más extenso,
de la Comunidad Sudamericana de Naciones,
les otorguen mayores atribuciones políticas a
estas instancias regionales para que tengan mayor
protagonismo en casos de inestabilidad política
y social como las ocurridas en Ecuador y
Bolivia. Así se evita dejar el rol de arbitraje únicamente
a la OEA, organismo a través del cual
se imponen condicionamientos con influencia de
Estados Unidos.

La negociación de los recursos naturales

El hecho que las exportaciones de recursos naturales
ingresen a los mercados de los países industrializados
con aranceles muy reducidos y,
en muchos casos, exentos de ellos, da lugar a
que se piense que su gestión no es tema de negociación
en los TLC. Todo lo contrario. Hay
una vinculación muy estrecha con su desarrollo
sostenible, pues reafirman el modelo productivo
primario exportador, característico de la mayoría
de economías latinoamericanas.
Salvo el caso del TLC de México con Estados
Unidos y Canadá -que establece un capítulo
sobre energía en el que se establece un tratamiento
especial al petróleo, gas, electricidad y
petroquímica básica-no existe una mesa de negociación
dedicada exclusivamente a temas de
recursos naturales. Sin embargo, los capítulos de
inversión extranjera, servicios, propiedad intelectual
y medio ambiente, tienen una vinculación
muy estrecha en su gestión.

Es importante tener en cuenta que después del
fin de la guerra fría, los países industrializados,
han concedido una mayor importancia estratégica,
de la que siempre han otorgado, al aprovisionamiento
de los recursos naturales. En el documento
Santa Fe IV de fines del 2000 -que
orienta la política norteamericana hacia la región-
se señala que uno de los elementos geoestratégicos
fundamentales para su seguridad nacional,
radica en que los recursos naturales del
hemisferio estén disponibles para satisfacer su
demanda. Garantizar el libre flujo del comercio
e inversiones en las actividades económicas vinculadas
a dichos recursos, las rutas de acceso a
los yacimientos de crudo y minerales, así como
la provisión del potencial genético presente en la
enorme biodiversidad existente en el Hemisferio
Sur, especialmente en América Latina, constituyen
objetivos centrales en la estrategia de seguridad
nacional de la mayoría de países industrializados.

Los TLC constituyen un medio uniforme que
facilita el comercio y, en el ámbito de los recursos
naturales, buscan evitar todo tipo de restricciones
a su acceso y facilitar la participación de
las empresas transnacionales en todas las fases
del proceso productivo, independientemente de
su condición de empresas nacionales o extranjeras.
Por eso, buscan que los países otorguen trato
nacional a los proveedores norteamericanos
en las compras que realizan las empresas estatales,
especialmente las petroleras, que aún mantienen
algunos países latinoamericanos. Buscan
asimismo, que mediante un tratado internacional
se siga eximiendo a las inversiones de requisitos
de desempeño. Esto quiere decir que los gobiernos
no podrán exigir el cumplimiento de requisitos
tales como alcanzar un determinado grado de
contenido nacional; otorgar preferencia a bienes
o a servicios producidos localmente; relacionar
el volumen o valor de las importaciones con el
volumen o valor de las exportaciones, o el monto
de las entradas de divisas con la inversión
realizada; topes o condicionamiento de importación
de insumos, exigencias de transferencia de
tecnologías, entre otras.

Además, buscan apuntalar todo tipo de garantías
a las inversiones como es el caso del mecanismo
de solución de controversias que permite a las
empresas demandar a los Estados nacionales y
su solución mediante arbitrajes internacionales.
Ello conlleva una restricción en la participación
del Estado en la definición de políticas sectoriales,
en momentos en que las actividades de las
empresas transnacionales vinculadas a la industria
extractiva son crecientemente cuestionadas.
Otro ámbito importante de resaltar con respecto
a la seguridad estratégica que representa el control
de los recursos naturales, es la biodiversidad.

Hay un reconocimiento creciente a nivel
internacional del hecho que los conocimientos
tradicionales y los recursos genéticos están siendo
actualmente utilizados para generar invenciones
que luego son patentadas en el extranjero,
mereciendo, los titulares de tales patentes, derechos exclusivos sobre esas invenciones. En dicho
proceso, ni los Estados sede de estos recursos,
ni los pueblos indígenas reciben compensaciones,
y más bien, deben afrontar el costo que
significa acceder al producto generado (pagando
patentes) gracias a dichos conocimientos o recursos.
No hay un instrumento internacional que delimite
y regule claramente este tema, razón por la
cual, la apropiación indebida de recursos genéticos
y conocimientos tradicionales no se ha reducido.

Por eso, los TLC vienen siendo un mecanismo
funcional a los intereses de las corporaciones
vinculadas a las actividades antes mencionadas.
En estos Tratados se omiten referencias
a los derechos de acceso a los recursos genéticos,
la biodiversidad del territorio y los conocimientos
tradicionales. No se invocan principios
como la participación en los beneficios
(profit-sharing) entre las comunidades nativas y
los inversionistas extranjeros en el uso de los
recursos biológicos que aquellas han utilizado y
mejorado mediante selección natural desde
tiempos remotos.

Ello ocurre a pesar que estos principios están
reconocidos en el Convenio sobre Diversidad
Biológica (CDB) vigente desde 1994, que contempla
“la participación justa y equitativa de los
beneficios que se derivan de la utilización de los
recursos genéticos” y reafirma el derecho soberano
de los países sobre dichos recursos. Estados
Unidos no ha ratificado el CDB y en los TLC no
se demanda la adhesión a este Convenio Internacional,
del que son parte más de 180 Estados
del mundo, incluidos todos los países latinoamericanos
que han suscrito ya, o se encuentran negociando
un TLC.

Los tres países andinos que actualmente negocian
el TLC con Estados Unidos, en su doble
condición de suscriptores del CDB, y miembros
del Grupo de Naciones Mega-Biodiversas, exigen
que en el Tratado se establezca una reglamentación
en la que se expliciten claramente los
términos de acceso a los recursos genéticos y a
los conocimientos tradicionales de la población,
en los que la contraprestación económica o de
cooperación para su conservación y desarrollo
deben ser principios rectores.

Las presentaciones realizadas en el seminario sobre
“Integración y desarrollo sustentable” están disponibles en
nuestro sitio web: www.integracionsur.com

CLAES
Centro Latino Americano de Ecología Social
www.ambiental.net

D3E
Desarrollo, Economía, Ecología y Equidad América Latina.
www.globalizacion.org

CLAES / D3E, Casilla de Correo 13125,
Montevideo 11700, Uruguay. Fax 598-2-2001908
claes@internet.com.uy

Footnotes:

[1Ley de Preferencias Andinas (Andean Trade Preference
Act) vigente entre 1991 y 2001 mediante
la cual un número importante de productos de exportación
de Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú
podían ingresar libre de aranceles. Los países beneficiarios
estaban sujetos a una revisión anual
sobre el cumplimiento algunos criterios políticos
y económicos establecidos para ser beneficiarios
del programa.